La falta de regulación permite que una médica del ICO cobre 78.500 euros al año de farmacéuticas

La jefa del Servicio de Hematología Clínica del Institut Català d'Oncologia (ICO), Anna Sureda, una reconocida doctora en su materia, cobró al menos 78.522,13 euros de 14 farmacéuticas a lo largo de 2022. Sureda, que además percibe anualmente, según fuentes de este diario, un salario de unos 100.000 euros como jefa de servicio, forma parte de la comisión farmacoterapéutica del ICO, la cual se encarga de seleccionar los fármacos que se administran a los enfermos.

Varios medicamentos de los que se dan a pacientes con cáncer provienen de laboratorios que hicieron pagos a esta hematóloga en concepto de "prestación de servicios"

Según ha podido saber El Periódico de Cataluña, del grupo Prensa Ibérica, varios medicamentos de los que se dan a pacientes con cánceres hematológicos (como leucemias, linfomas o mielomas, enfermedades en las que Sureda es experta) provienen de laboratorios que hicieron pagos a esta hematóloga en concepto de "prestación de servicios", un término abstracto que engloba labores de asesoramiento o consultoría. La facultativa ha declarado su conflicto de intereses, pero los expertos consideran que es necesaria una regulación específica sobre las relaciones de las farmacéuticas con los médicos. La propia Oficina Antifrau constata una falta de regulación expresa en el ordenamiento vigente.

La Oficina Antifrau constata una falta de regulación expresa en el ordenamiento vigente sobre los conflictos de intereses de los médicos

El ICO es un hospital público monográfico sobre cáncer que atiende al 50% de los pacientes oncológicos adultos de Cataluña. Todos los medicamentos que administra a sus enfermos, igual que el resto de hospitales y centros de la sanidad tanto pública como privada de España, pasan estrictos procesos de evaluación hasta que el Ministerio de Sanidad los aprueba. El objetivo de esta investigación no es sembrar dudas sobre la idoneidad de estos fármacos, cuya eficacia y seguridad están altamente probadas, sino poner luz sobre los conflictos de intereses que, muy a menudo, existen entre médicos (especialmente, oncólogos) e industria farmacéutica, así como la poca transparencia y falta de regulación (tanto autonómica como estatal) que hay al respecto.

Los expertos reclaman una ley de transparencia para las relaciones entre médicos y farmacéuticas

Tras la dimisión del director general del ICO, Ramon Salazar, a raíz de una investigación de El Periódico de Cataluña que demostró cobros de farmacéuticas que no declaró y la existencia de una empresa familiar fundada por él y ahora a nombre de su mujer, la Conselleria de Salut anunció recientemente el nombramiento de un nuevo director general, Joan Brunet, haciendo hincapié en que este reforzaría la transparencia de la institución. Salut no ha respondido a ninguna de las preguntas planteadas por este diario sobre los cobros de la doctora Sureda ni sobre los conflictos de intereses que se dan en la sanidad.

Los hechos

En España, un total de 82 farmacéuticas publican cada año, a través del sistema de autorregulación de Farmaindustria (la patronal de los laboratorios), sus pagos (a los que denominan "transferencias de valor") a médicos. La doctora Sureda, que según Salut es personal laboral del ICO y no funcionaria, percibió el año pasado 78.522,13 euros de 14 laboratorios, cifra que podría ser superior porque no todas las farmacéuticas hacen pública esta información. Especialmente llamativos son los cobros que recibió de Takeda (19.346,08 euros; que fueron 26.717,64 euros en 2021; 18.963,50 euros en 2020; 53.229,44 euros en 2019; y 77.728 euros en 2018) y de Sanofi (27.583,67 euros, importe mucho más elevado que los dos años anteriores, cuando cobró 3.903,50 euros en 2021 y 3.726 en 2020).

Los tratamientos que después reciben los enfermos con cánceres hematológicos en el ICO proceden de farmacéuticas de las cuales la jefa de Hematología ha recibido pagos. Este diario, a través de la web del ICO, ha podido acreditar hasta 18. Algunos de ellos son el fármaco Brentuximab vedotina, para el linfoma de Hodgkin, que está comercializado por Takeda. El Alemtuzumab, que se da en pacientes con leucemia linfática crónica, por Sanofi. La Azacitidina y el Dasatinib (ambos para la leucemia mieloide aguda), el Nivolumab (para el linfoma de Hodgkin en recaída) y el Pomalidona+Bortezomib+Dexamentasona (para el mieloma múltiple en recaída) están comercializados, los cuatro, por Bristol Myers (que pagó a Sureda 7.631,95 euros el año pasado). La Daunorubicina/Citarabina, también para la leucemia mieloide aguda, por Jazz pharmaceuticals (que le pagó 1.705 euros). El Gemtuzumab ozogamicina, para pacientes con leucemia mieloide aguda CD-33 positiva, por Pfizer (de quien Sureda percibió el año pasado 1.371,83 euros). El Ruxolitinib, para la enfermedad de injerto contra huésped que pueden provocar los trasplantes de médula ósea, está comercializado por Novartis (que pagó a Sureda 5.676 euros).

El ICO defiende su modelo de "buena práctica que asegura la administración del mejor tratamiento disponible para cada paciente"

Fuentes del ICO defienden que Sureda declaró sus conflictos de interés a la comisión farmacoterapéutica del hospital y explican que sus médicos son "profesionales" de prestigio que, a menudo, son "llamados a participar en actividades formativas, reuniones científicas, congresos o simposios". También alegan que el proceso de toma de decisión y uso de medicamentos de la institución es "un ejemplo de buena práctica en el sector público que asegura la administración del mejor tratamiento disponible para cada paciente". La doctora Sureda es la presidenta de la Sociedad Europea de Trasplantes de Progenitores Hematopoyéticos y Terapia Celular.

En 2018, una investigación de Civio (organización especializada en vigilar a los poderes públicos) la situó entre los 18 médicos de toda España que más cobran de farmacéuticas, entre los que había varios doctores catalanes; la mayoría de ellos, oncólogos. El código ético y de buenas prácticas del ICO conmina a sus profesionales a rechazar o reconducir las actividades relativas a los conflictos de interés.

Silencio oficial

Para el Col.legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB), el conflicto de intereses "no es sinónimo de corrupción", siempre y cuando sea declarado. Los pocos médicos que han querido colaborar con este reportaje sostienen que el objetivo no debería ser solo declarar, sino también demostrar que la conducta es ética. Ningún miembro de la Societat Catalana de Bioètica ha querido atender a este diario porque no se consideran "los más indicados". La doctora Sureda ha rechazado entrevistarse con este diario.

El estado de Massachussets, en EEUU, fue pionero en 2013 al aprobar la llamada ley Physician Payments Sunshine Act, conocida como 'ley sunshine' (que significa "luz solar" en inglés, en alusión a la opacidad que impera en estos asuntos), una norma de transparencia que ahora está vigente en todo EEUU y que exige a las empresas informar sobre sus vínculos financieros con los médicos y los hospitales universitarios en una base de datos pública. Los médicos también deben declarar sus participaciones en propiedad e inversiones en la industria, así como las de su familia inmediata.

"En España, lo único que está regulado es que los médicos no pueden prescribir para los pacientes hospitalizados nada que no esté en el vademécum del hospital", explica Eduardo Mariño, miembro de la Comisión de Bioética de la UB y catedrático de Farmacia Galénica. "En EEUU, tienes que declarar no solo el conflicto de intereses, sino también cuáles son esos intereses", añade. Muchos de los pagos que reciben los médicos de los laboratorios son en concepto de "prestación de servicios", algo "difícil de saber concretamente qué es". En su opinión, la Administración debería fijar, para los médicos y para todos los profesionales de la salud, un "límite" de pagos procedentes de farmacéuticas.

Financiación de ensayos clínicos

Para el catedrático de Cirugía del Hospital del Mar, ya jubilado, Antonio Sitges, la 'ley sunshine' es un "referente en la lucha contra la corrupción blanca" porque "obliga a la transparencia", a conocer las cantidades, procedencias y destinos de los pagos de los laboratorios. Según él, hay una parte sustancial de la financiación de ensayos clínicos que va "directa" a los "bolsillos de los investigadores" (los laboratorios pagan a los médicos por meter a pacientes en sus ensayos clínicos) y otra a la tesorería de las instituciones en las que trabajan.

"La 'ley sunshine' obligaba a desvelar de dónde recibían dinero los médicos y permitió descubrir numerosos casos de comisiones percibidas según los fármacos recetados", cuenta Sitges, quien señala que los conflictos de interés son "especialmente importantes" (que no "únicos") entre los oncólogos, ya que manejan fármacos "carísimos" a pesar de que algunos tienen "escaso beneficio clínico". "Los médicos y los centros en los que trabajan deberían no solo declarar su conflicto de intereses, sino también demostrar que su conducta es ética", zanja.

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