El 'rescate' de los últimos 22 contratos de ayudante de la ULL naufraga ante la ley

La Consejería de Ciencia y Universidades ha zanjado el debate. Los 22 contratos de jóvenes investigadores de la ULL que se encontraban en un limbo legislativo no se encuentran amparados por la nueva normativa universitaria. Tras reevaluar la nueva petición de la Universidad de La Laguna (ULL), no se ha hallado justificación en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) para poder darles el visto bueno, por lo que solicitan a la universidad utilizar un tipo de contrato alternativo –para no perder las plazas– que, sin embargo, cuenta con peores condiciones de estabilidad para los jóvenes investigadores.

La dirección de la ULL, alentada por las demandas de la Asociación de Jóvenes Investigadores de Tenerife (Jinte), había intentado un último movimiento para tratar de rescatar los últimos 22 contratos de "profesor-ayudante" que tendrían la oportunidad de ofertar antes de su extinción definitiva. Y es que aunque este tipo de contratos se encuentra recogido en la legislación universitaria anterior –la LOU–, esta figura desaparece en la LOSU, que entró en vigor en abril del presente año. 

Así, la ULL tras realizar una consulta a su departamento legal y a algunos de sus catedráticos en derecho legislativo, a principios del mes de noviembre remitió un informe a la Consejería de Ciencia con nuevos argumentos que podrían matizar la postura inicial de la Administración a través de una nueva interpretación de la Disposición transitoria decimoprimera de la LOSU.

Ciencia, sin embargo, tras revisar esta nueva petición, sigue opinando lo mismo: la publicación de estos contratos no cuenta con amparo legal. Como explican fuentes cercanas a la Administración, "la disposición transitoria 11 de la LOSU lo que sí permite es, hasta el 31 de diciembre de 2023, convocar  las plazas de profesores preexistentes ( incluso de categorías desaparecidas a raíz de la LOSU, como es el caso de los Ayudantes) con arreglo a la normativa vigente antes de la entrada en vigor de la nueva Ley orgánica". 

Lo que no contempla la Ley en ningún momento según la Consejería de Ciencia,  es que una vez en vigor la misma "puedan ser tramitadas Relaciones de Puestos de Trabajo en las que se incluya la creación de nuevas plazas o nuevos puestos,  en modalidades ya inexistentes". Las plazas que quiere aprobar la ULL se acordaron junto a la representación sindical el 18 de julio. Es decir, más de tres meses después de la aprobación de la nueva normativa universitaria. Por tanto, y como afirma Ciencia, en el caso compete, "no pueden ser creados nuevos puestos de Ayudantes tras la entrada en vigor de la LOSU, al no estar contemplada la misma en dicha Ley". 

Transformación de plazas

La ULL, en todo caso, no está dispuesta a perder esas plazas y, de hecho, ya ha mostrado la posibilidad de convocarlas como "contratos predoctorales", una figura que si bien no figura en la nueva normativa universitaria, sí que se encuentra incluida en la Ley de la Ciencia. El problema, a ojos de los jóvenes investigadores, es que ambas modalidades "difieren" en algunos de sus aspectos, como la promoción interna o la duración del mismo, lo que supone una merma de sus posibilidades para avanzar en la carrera investigadora. 

En concreto, existen hasta "cinco características" que diferencian los contratos de ayudante y los predoctorales. Entre estas diferencias se encuentra el salario –es menor en los contratos predoctorales–, la nula promoción interna, el tiempo de contrato (pasa de 5 a 4 años máximo) y las horas de docencia obligatoria. En este sentido, el contrato de profesor ayudante contemplaba al menos 60 horas de docencia al año y el predoctoral es de un máximo de 180 horas en total, los cuatro años aunque no es obligatoria. De ahí que Jinte considere que este cambio puede mermar las posibilidades de los jóvenes para promocionar en la carrera investigadora. 

No obstante, la Consejería de Ciencia se ha mostrado abierta a buscar soluciones, e incluso encontrar alternativas que en el futuro puedan apoyar la estabilidad de los investigadores y del profesorado de las universidades públicas.

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