Canarias deja en el 'limbo' 22 contratos para jóvenes investigadores de la ULL

La Consejería de Ciencia considera que estas plazas de "profesor-ayudante" no están amparadas por la legislación actual

La ULL ha emitido un nuevo informe en el que pide al Gobierno reconsiderar su posición inicial

Verónica Pavés

Verónica Pavés

Una veintena de contratos –en concreto 22– destinados a jóvenes investigadores predoctorales de la Universidad de La Laguna (ULL) se han quedado atrapados en un limbo legislativo que no permite, por el momento, sacarlos adelante. Las 22 plazas en cuestión son de "profesor-ayudante", una figura que si bien existía en la Ley Orgánica de Universidades (LOU), desaparece en la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Una circunstancia que ha motivado que la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación no haya dado el visto bueno a la ULL para ofertar estas plazas. Sin embargo, la ULL cree que una de las disposiciones transitorias de la ley podría permitir publicarlas antes de final de este año y llama a la Administración a reconsiderar su postura inicial.

"Vamos a centrarnos en intentar sacar estas plazas adelante", ha asegurado Alfonso Ruiz, vicerrector de PDI de la ULL. Después del varapalo que supuso para la universidad que la Consejería de Ciencia no le diera el visto bueno a la oferta de plazas en octubre, la ULL se ha puesto manos a la obra para intentar justificar in extremis su publicación amparándose en todos los resquicios legales que pueda.

Para Jinte la pérdida supone un “grave” problema para los investigadores

Así, tras realizar una consulta a su departamento legal y a algunos de sus catedráticos en derecho legislativo, a principios del mes de noviembre la universidad remitió un informe a la Consejería de Ciencia con nuevos argumentos que contravienen la postura inicial de la Administración y que consideran que podrían hacerles cambiar de opinión. Sin embargo, a día de hoy no ha recibido respuesta y el tiempo apremia, pues esta base legal sobre la que se amparan solo estará disponible hasta final de año.

El conflicto surge de las variadas interpretaciones que se han hecho de la Disposición transitoria decimoprimera de la LOSU. En el citado texto, el Ministerio de Universidades dispone que "las convocatorias para la cobertura de plazas de personal docente e investigador oficialmente publicadas antes del 31 de diciembre de 2023, podrán regirse por la normativa vigente antes de la entrada en vigor de esta ley orgánica". Y la disputa entre la universidad y la Consejería emana de sí realmente se pueden o no convocar ciertas plazas con características de la LOU hasta final de 2023, incluso aunque la figura desaparezca posteriormente en la LOSU.

"A veces la interpretación que hacen nuestros técnicos y la universidad no es la misma, nosotros solo podemos aprobar lo que nuestros técnicos consideren correcto", ha destacado, por su parte, el viceconsejero de Universidades, Ciro Gutiérrez, quien ha afirmado que en todo caso, "este Gobierno sacará adelante todas las convocatorias que cumplan con la ley". No obstante, ha argumentado no tener conocimiento de este caso concreto.

En el caso de no poder convocar las plazas, la universidad optará por reformularlas como contratos predoctorales

En el caso de no poder convocar estas 22 plazas bajo la figura –próximamente extinta– de "profesor ayudante", la universidad optará por reformularlas como contratos predoctorales que no contempla la LOSU, pero sí están incluidos en la Ley de la Ciencia. "Sabemos que no tienen exactamente las mismas condiciones, pero se aproximan mucho", resalta el vicerrector. Sin embargo, la Asociación de Jóvenes Investigadores de Tenerife (Jinte) ha insistido en que ambas figuras contractuales son muy diferentes entre sí y que, de modificar el régimen de contratación este año, "estaríamos perdiendo la última oportunidad de disfrutar de estos contratos que son mucho mejores que los propone la Ley de la Ciencia". "Supondría un grave perjuicio para los jóvenes investigadores", añade Sergio Siverio, vocal de Jinte.

En concreto, Sivero ve hasta "cinco características" que diferencian los contratos de ayudante y los predoctorales.  Entre estas diferencias se encuentra el salario –es menor en los contratos predoctorales–, la nula promoción interna, el tiempo de contrato (pasa de 5 a 4 años máximo) y las horas de docencia obligatoria. "El contrato de profesor ayudante contemplaba al menos 60 horas de docencia al año y el predoctoral es de un máximo de 180 horas en total, los cuatro años aunque no es obligatoria", incide Siverio, que considera que la decisión de la ULL puede mermar las posibilidades de los jóvenes para promocionar en la carrera investigadora. 

"Nos congratulamos y agradecemos a la ULL el habernos escuchado y reconsiderado su posición; ahora la pelota está en el tejado de la Consejería", explica Siverio, que asegura que si la Administración no reconsidera su postura estaría "maltratando" a las universidades. En este sentido, también ha recordado que se encuentran a "contrarreloj" y que si estas plazas no se publican antes del 31 de diciembre, "se perderá esta oportunidad para siempre".

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