El sindicato de docentes critica la medida privatizadora del Gobierno

El sindicato de docentes STEC-IC achaca el retraso en el inicio escolar de las aulas infantiles a la «voracidad privatizadora» del Gobierno. Así lo señalaron los miembros del Secretariado Nacional, Gerardo Rodríguez y Emilio Armas, en una convocatoria ante los medios en la que ofrecieron un balance del inicio del curso 2023 /2024.

Para el sindicato el nuevo ejecutivo quiere echar la culpa al anterior gobierno, pero la solución que se ha buscado para que los 1.200 nuevos alumnos de cero a tres años matriculados este curso en centros públicos de las Islas puedan comenzar a ir a clase lo antes posible, es que la mitad de ellos estudien en escuelas privadas o municipales, lo que costará a las arcas regionales unos 4 millones de euros. «Todo ello tras varios retrasos para reubicar los alumnos con pocas plazas y pocos centros y retrasando el inicio sucesivamente», señaló Emilio Armas.

El representante sindical se refiere a las palabras del actual consejero de Educación que afirmaba que el origen de todo esto ha sido causada por la falta de planificación que tuvo el anterior ejecutivo para que se pusiese en funcionamiento las infraestructuras previstas a partir del 11 de septiembre que era cuando, oficialmente, se inicia el curso escolar. «El anterior Gobierno, presidido por Ángel Víctor Torres, no hizo los deberes y nosotros no solo estamos haciendo nuestros deberes sino también los que el gobierno de Ángel Víctor Torres no hizo», señalaba Poli Suárez.

Para el portavoz sindical la oferta en estos niveles educativos es «insuficiente», ya que sólo afecta a 90 de los 500 centros de Infantil que operan en Canarias, y la adecuación de estas aulas públicas debía haberse hecho en tiempo y forma para evitar la reubicación de docentes, lo que ha «desmoronado», en muchos casos, la organización de los claustros.

Nuevos colegios

Por su parte, Gerardo Rodríguez añadió que en Canarias hacen falta al menos 20 nuevos colegios públicos, diez para cada capital, y exige a la Consejería del área que deje de financiar a centros privados con fondos de la comunidad autónoma porque, a su juicio, la concertación ya no es necesaria, y menos en las capitales. «Se están cerrando centros públicos con la excusa de la caída de la natalidad y al lado se están subvencionando centros concertados», afirmó.

El portavoz sindical también pidió un plan para «reflotar» las infraestructuras educativas públicas de Canarias que cuente con «una importante dotación económica» y que suponga tanto la construcción de nuevos centros en el sur de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura y Arrecife como la adaptación ecológica de otros que tienen más de 40 años, por lo que su mantenimiento permanente tiene un alto coste. Para Rodríguez es necesaria la eliminación del amianto que sigue presente en una treintena de centros y adaptarlos a la energía fotovoltaica. «Hay que cumplir esa red de centros públicos, que los centros de Canarias se adapten a las nuevas tecnologías», añadió.

El sindicato pide al nuevo Gobierno de Canarias que respete los acuerdos para la mejora del sistema público educativo firmados por el anterior Ejecutivo regional, que preveían una mejora de las plantillas y las ratios.

Y solicita una reunión urgente con los nuevos responsables regionales de Educación para abordar el problema que considera que se creará entre el colectivo de interinos cuando se resuelva, en 2024, el concurso de méritos por el que esta comunidad autónoma ha ofertado 3.965 plazas, a las que aspiran más de 30.000 docentes del resto del Estado, lo que podría ocasionar que la mayoría de ellas las acaben ocupando profesores que no forman parte de la comunidad educativa del archipiélago y que docentes que llevan más de veinte años dando clase en las islas se queden sin plaza.

«En el baremo del concurso de méritos muchos canarios empiezan con desventajas ya que aquellos que han aprobado unas oposiciones consiguen cinco de quince puntos, pero en Canarias no se han convocado desde 2012», afirmó. El STEC exige igualmente que se ponga fin al recorte salarial del 5 % que se sigue aplicando cada mes a los docentes no universitarios, al entender que ya no tiene justificación porque la crisis por la que se implantó ya está «superada».

El sindicato reclama que, de una vez por todas, el Gobierno canario cumpla la ley regional de Educación, por la que ha de destinar, al menos, el 5 % del PIB del archipiélago al presupuesto de este servicio esencial, que en la actualidad representa el 4,63 % de este indicador, después de que el anterior Ejecutivo inyectara 175 millones de euros en las cuentas del presente ejercicio.

Rodríguez también destacó el tema de la diversidad del alumnado como tema fundamental y exige a Educación que contrate a más auxiliares para garantizar la atención a la este tipo de estudiante, ya que el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo ha crecido un diez por ciento. «El gobierno tiene que atender a todas las posibilidades, desde el niño que tiene una discapacidad auditiva o intelectual, como aquellos que sufren del trastorno del espectro autista o trastorno grave de la conducta en centro de educación especial».

Desde su punto de vista, «es importante que los centros tengan más recursos y materiales para así atender también a alumnos con necesidades específicas como trastorno del déficit de atención, hiperactividad, etc. para el sindicato este tipo de alumnos Neae están en centro ordinarios, pero el profesorado no puede ayudarlos y hace falta la presencia y el contrato de otros profesores auxiliares.

En este punto, Comisiones Obreras reclama una bajada de ratios para poder atender al alumnado con necesidades especiales, un 75% de ellos escolarizados en la pública. Para ello, proponen que los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo cuenten doble a afectos de la ratio de su grupo, lo que supondría un incremento del profesorado en torno a 34.717 trabajadores.

Insiste también el sindicato en la necesidad de prevenir, intervenir y hacer un seguimiento de los problemas de convivencia y emocionales de los alumnos -mediante el aumento de contratación de coordinadores de bienestar-, así como disminuir la carga lectiva de los docentes, y potenciar su jubilación anticipada, sin olvidar la formación permanente.

Para poner estas medidas en marcha, habría que contar con 84.915 profesionales más y una inversión aproximada de 4,4 millones de euros. «La educación debe ser una prioridad», manifestó Paco García, quien pide desde el sindicato el incremento de la inversión educativa en un 5,98%, lo que supone un 0,27% del último PIB y un 0,29% del PIB anterior a la pandemia.

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