Suspendidos 5.000 juicios y actos judiciales en Canarias

Los juicios y otros actos judiciales suspendidos en Canarias ya rondan los 5.000 en las primeras dos semanas de la huelga indefinida que los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) desarrollan en todo el país, según las estimaciones de varios portavoces de las organizaciones convocantes.

Esta es una cifra que crece de forma considerable cada jornada de protesta de dichos funcionarios, que está motivada por la falta de un incremento salarial acorde a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, que se le quitaron a los jueces, e incrementadas en posteriores reformas, sobre todo en la de 2015, lo que ha provocado un "insoportable desequilibrio", según critica el Comité de Huelga.

Y en estos momentos unos 35 millones de euros están completamente paralizados en las denominadas cuentas de consignación de los órganos judiciales solo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En dichos depósitos figura el dinero de multas, indemnizaciones a perjudicados, impagos de pensiones, depósitos o subastas, por ejemplo.

La portavoz de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales, Esperanza Torregrosa, explica que los juicios y otros actos judiciales suspendidos hasta ahora en la provincia de Santa Cruz de Tenerife ascienden a unos 2.300. De ellos, según matiza otro portavoz del colectivo, Adrián Rangil, unos 2.200 quedaron paralizados en la isla de Tenerife.

En cuanto a la Jurisdicción Social, se han dejado de celebrar más de 800 vistas que afectan a ciudadanos y empresas de El Hierro, La Gomera, La Palma y Tenerife, apunta uno de los representantes de los letrados de la Administración de Justicia, Antonio Revert Lázaro.

Provincia de Las Palmas

En cuanto a la provincia de Las Palmas, la letrada de Administración de Justicia Isabel Morales recuerda que los juicios y otros actos judiciales suspendidos llegan a los 2.845 en total. De esta cantidad global, 1.205 corresponden a juicios y 1.340 a otras actuaciones judiciales. Entre estos últimos actos paralizados figuran, por ejemplo, conciliaciones, declaraciones, comparecencias, apud acta, audiencias previas, subastas, ratificaciones, lanzamientos, incidentes de ejecución o jurisdicción voluntaria.

En dos semanas de huelga se han contabilizado en la provincia oriental del Archipiélago 2.206 demandas que se han quedado sin registrar debido al paro. Y a estas hay que añadir 9.499 escritos que han visto frenada su tramitación. En catorce días, se han ingresado en cuentas de consignación 2.650.879 euros, que también han quedado inmovilizados por la huelga.

En opinión de Isabel Morales, "el Ministerio de Justicia no es consciente del daño que se está ocasionando" con el acto de protesta de estos funcionarios. Al igual que sus compañeros, no comprende la falta de diálogo por parte del Gobierno del Estado.

Pero, además, lamenta que los responsables del departamento que dirige Pilar Llop "ni consideran que la huelga sea importante", lo que supone un "desprecio muy grande, además de insultarnos y atacarnos, al decir que es una huelga política, que somos unos golpistas y que nos vamos a morir de hambre". Este último aspecto se debe a que, por cada día que están de huelga, les detraen dinero de sus ingresos.

En opinión de Morales, la administración juega "a ver quién aguanta más y eso no es de recibo para un Ministerio de Justicia".

Seguimiento de la huelga

En Canarias el seguimiento de la huelga se sitúa por encima del 60 por ciento. Así, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife oscila entre el 61 y el 62 por ciento, mientras que en la de Las Palmas fluctúa entre el 61 y el 66%, en función de los días y de los servicios mínimos fijados por el Ministerio de Justicia.

En la Jurisdicción Penal, los letrados de la Administración de Justicia deben acudir a sus puestos de trabajo si tienen causas con presos preventivos, ejecutorias de condena con preso ya condenado o actuaciones con una persona privada de libertad (detenido), según Adrián Rangil. El objetivo de los servicios mínimos es garantizar los derechos fundamentales de estos ciudadanos.

Con independencia de los juicios y otros actos judiciales ya mencionados, Rangil señala que también se han paralizado todos los procedimientos ya iniciados y no se admiten las demandas presentadas en estos últimos días, así como ningún procedimiento que no esté dentro de los servicios mínimos.

Para este portavoz de los LAJ en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, existe "la amenaza de total colapso de la Justicia, que ya va con cierto retraso; esto puede ser catastrófico". Según Adrián Rangil, va a hacer falta mucho tiempo para tramitar con cierta normalidad todo ese trabajo que se acumula en estos días. "Y que lo vamos a tener que sacar nosotros", matiza Isabel Morales.

En opinión de Rangil, la actitud del Ministerio de Justicia es de "absoluto silencio, abandono, pasividad y falta de responsabilidad con sus propias competencias, así como con el incumplimiento de los acuerdos que ya firmó con nosotros en abril del año pasado".

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