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El paro de letrados bloquea la gestión de más de 200 millones en la Justicia canaria

Los secretarios judiciales son los encargados de tramitar los pagos a particulares y empresas

Un instante de las movilizaciones de los letrados de la Administración de justicia. Efe

Más allá del baile de cifras sobre el mayor o menor nivel de seguimiento de la huelga, lo cierto es que el paro de los letrados de la Administración de justicia va a paralizar, o cuando menos ralentizar, la gestión de la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales. En esta cuenta entran y salen los dineros para los pagos a particulares por orden de los tribunales –por deudas, indemnizaciones, alimentos...– e incluso para pagos al erario por multas, sanciones o depósitos. Y ocurre que son los letrados de la Administración, los secretarios judiciales de toda la vida, los funcionarios habilitados para efectuar las correspondientes operaciones en la cuenta de depósitos y consignaciones. Es decir, son ellos quienes expiden las órdenes de pago con cargo a los fondos de esta cuenta para, por ejemplo, abonar las indemnizaciones a víctimas de delitos. De modo que desde este martes, con la primera jornada de huelga indefinida de los letrados de toda España, permanecen bloqueados los más de 200 millones de euros consignados y/o depositados en las cuentas judiciales de la Comunidad Autónoma.

Los mismos funcionarios, sabedores de la repercusión social que tendría el bloqueo de estos fondos si la huelga se prolonga más de lo deseado, ya avisaron en los días previos a las movilizaciones que iban a «paralizarse» todos esos pagos tanto a particulares como al tesoro público, dado que ellos son los únicos facultados para disponer de los dineros de la cuenta de depósitos y consignaciones. Una baza a su favor en el conflicto con el Ministerio de Justicia, con el que las relaciones no solo no parecen mejorar, sino que incluso han empeorado tras el primer día de huelga. No en vano, desde el Departamento dirigido por Pilar Llop redujeron el seguimiento del paro a un exiguo 28%, una estimación que acabó por encender aún más los ánimos de los secretarios judiciales. De hecho, el Ilustre Colegio de Letrados de la Administración de Justicia salió al paso de los cálculos del Gobierno y aseguró, «pese a unos abusivos servicios mínimos y pese a todos los intentos del Ministerio por minimizar los efectos de la huelga», que hasta un 81% de los funcionarios del cuerpo secundó el paro. Un porcentaje muy similar al que calculan para las Islas.

El Ministerio minimiza el seguimiento de la huelga y solivianta a los funcionarios

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Sea como sea, y por si la trascendencia social de la huelga no fuera ya de por sí relevante por los juicios y declaraciones que tendrán que posponerse –las cancelaciones se incrementarán de forma exponencial por cada día que dure el paro–, la cuestión de la cuenta de depósitos y consignaciones agrava más si cabe la dimensión ciudadana del conflicto entre los funcionarios y el Ministerio. De acuerdo con los últimos datos oficiales, las dos cuentas con que opera la Administración de justicia en el Archipiélago –una por cada provincia– tienen depositados un total de prácticamente 207,6 millones de euros. No obstante, el saldo varía cada trimestre en función de las entradas –abonos– y salidas –pagos– por orden de los jueces y magistrados, aunque la media en 2022 rondó los 175 millones.

Fianzas y garantías

Esos más de 200 millones de euros son la suma, de ahí el nombre de la cuenta, de los depósitos, por un lado, y las consignaciones, por otro. Los depósitos son las garantías, fianzas, cauciones y demás requisitos procesales; el dinero y los valores realizables –susceptibles de convertirse en metálico– incautados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; y los ingresos a consecuencia de los embargos de bienes y de la práctica de las diligencias judiciales. Por su parte, las consignaciones son esas cantidades que alguien ingresa en la cuenta judicial, ya sea de manera voluntaria o forzosa, debido a la ejecución de una deuda, y también esos otros abonos que han de hacer los obligados por decisión de la Justicia y con fines liberatorios. Eso del lado de las entradas. En las salidas, esos 200 millones servirán a su vez para sufragar los múltiples pagos ordenados por jueces y magistrados.

Entran aquí, por tanto, las pensiones alimenticias; los pagos a menores; las transferencias de las multas y sanciones al tesoro público; las indemnizaciones..., y, en definitiva, todos esos abonos que son resultado de decisiones judiciales. En total, la cuenta de depósitos y consignaciones tiene en estos momentos –en concreto al cierre del tercer trimestre del año pasado, que es hasta donde abarcan los datos suministrados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)– cerca de 5.000 millones, exactamente 4.977. Los 200 de las dos cuentas o subcuentas de la Comunidad Autónoma representan así un 4% del total, un porcentaje que coincide con el peso de la economía y la población canaria en el conjunto del país.

Hay que tener en cuenta, además, que los servicios mínimos decretados por el Gobierno central, por más que sean considerados «abusivos» por los funcionarios, no rigen para la jurisdicción mercantil, donde no existen las actuaciones urgentes, que son precisamente las que quedan bajo el paraguas de los servicios mínimos. La tramitación de los procedimientos se ralentizará así sobremanera, como también la publicación de subastas públicas, las diligencias para averiguar la capacidad económica de alguien, las conciliaciones, los divorcios y los procedimientos monitorios, esto es, los juicios rápidos por la reclamación de deudas de pequeñas cuantías.

Los funcionarios reclaman al Ministerio una subida de salario que les compense la mayor carga de trabajo que han venido asumiendo con los años. De hecho no es este el primer paro llevado a cabo por el colectivo, si bien esta vez están dispuestos a prolongarlo todo lo que haga falta.

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