Letrados de la Administración de Justicia realizaron ayer y continuarán hoy una huelga para reclamar que el Gobierno del Estado acepte sus demandas para mejorar sus condiciones laborales y lamentan la inacción o desidia del Ministerio de Justicia para tener en cuenta sus reivindicaciones.

Aunque son conscientes del perjuicio que se genera a los ciudadanos, las asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) señalan que «el Ministerio de Justicia, y por ende el Gobierno, no nos ha dejado otra alternativa, pues, tras varias reuniones y negociaciones desde el 10 de febrero de este año, incluso desde finales del pasado año, en los que se alcanzaron acuerdos», estos no se han materializado hasta el momento.

Y, además, el secretario de Estado desconvocó la rueda de prensa prevista para ayer para hablar del asunto. El colectivo pidió una reunión formal desde octubre, pero «el Ministerio ni nos ha convocado, ni ha dado explicaciones», señala uno de los colectivos. «Nadie ha tenido la delicadeza de aclarar nuestras dudas, ni de expresar el estado de nuestras reclamaciones, lo que supone un desprecio absoluto hacia los letrados de la Administración de Justicia de este país», aseguran desde la citada organización.

Numerosos ciudadanos se han sentido molestos al acudir a los juzgados y enterarse allí de que sus juicios se suspendían por dicha huelga.

Desde mayo, el Ministerio paralizó el proceso negociador y no ha habido más encuentros

En Canarias, hay 218 LAJ en total, de los que seis están de baja y uno en comisión de servicio. En servicios mínimos trabajaron 52, secundaron la huelga 62 y no la secundaron 95, según la información ofrecida por el Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias a mediodía de ayer. En el caso de los juzgados de Santa Cruz de Tenerife, hubo 39 profesionales que secundaron el paro y 29 que no lo hicieron. Y en servicios mínimos permanecieron 23.

Los letrados de la Administración de Justicia demandan la promulgación del decreto de sustituciones, que, entre otros beneficios, supone un ahorro para las instituciones de 14 millones de euros. También solicitan recuperar los días de libranza, respecto de aquellas sustituciones que no daban lugar a retribución económica, así como la actualización inmediata del porcentaje actual destinado a la productividad.

Otra reivindicación consiste en reformar los decretos de retribución, asimilando los complementos a los grupos de población establecidos para los médicos forenses.

El colectivo señala que el Ministerio de Justicia se comprometió a incluir en la Ley de Eficiencia Organizativa que actualmente se debate en el Congreso de los Diputados una enmienda que estableciera una cláusula de enganche de la retribución de este cuerpo a la de los jueces.

Otra de las solicitudes al Ejecutivo estatal pasa por un nuevo reglamento orgánico, cuyo borrador ya está hecho, después de un intenso trabajo de las propias asociaciones con los responsables del Ministerio y que «incomprensiblemente» no ha visto la luz, comentan desde las organizaciones profesionales.

También se exige la definición y concreción del modelo de carrera profesional. Los letrados de la Administración de Justicia explican que, tras llegar a esos acuerdos en mayo, el Ministerio «lo paralizó todo», desoyendo desde entonces todos los intentos de las asociaciones de comunicar con sus responsables, «dando la callada por respuesta a todas las peticiones que se hicieron de convocatoria de reunión para conocer el estado de cumplimiento» de las medidas.