Los abogados del turno de oficio cobran 50 euros por cada migrante asistido

El presidente del Consejo Canario de Colegios de Abogados, José Manuel Niederleytner García Lliberós, demandó en el acto de su toma de posesión de dicho cargo una mayor retribución por parte del Gobierno de Canarias para los letrados que cubren el turno de oficio, en la medida que algunos servicios no están retribuidos y en otros casos, de forma indebida. El también decano del Colegio de Santa Cruz de Tenerife hizo una referencia concreta a los que atienden asuntos de Extranjería.

Niederleytner comentó que, por todo el proceso, desde que un profesional de la Abogacía ve por primera vez a un inmigrante en situación irregular que llega a Canarias en patera hasta que presenta el recurso contencioso administrativo contra su orden de expulsión del país, cobra 50 euros del Ejecutivo Autónomo. Y eso tras poner recursos de reforma, de apelación o en la vía administrativa.

Niederleytner desea que la digitalización de la Justicia en Canarias sea más ágil

El nuevo presidente del Consejo Canario de Colegios de Abogados aseguró ante los asistentes al acto que “me parece que es una cantidad que no se corresponde con el trabajo que despliega un abogado para hacer valer los derechos de esa persona”.

“Tenemos que revisar ese y otros conceptos, porque afectan directamente a la dignidad de nuestra profesión y también, por qué no decirlo, a la dignidad de esas personas a las que atendemos, las cuales llegan a nuestra tierra en unas circunstancias durísimas”, afirmó Niederleytner. En ese punto recordó que, en cambio, las retribuciones por presentar recursos contenciosos administrativos ordinarios son “mucho mayores”. Cabe recordar que, dentro del servicio de asistencia jurídica gratuita, existe una lista en la que se inscriben de forma voluntaria aquellos abogados que quieren asistir a los migrantes que llegan en situación irregular por vía marítima al Archipiélago.

Deontología

Durante su intervención en el salón de actos del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, señaló que otro de los objetivos es la formación jurídica de “los compañeros y compañeras que a diario ejercen la profesión”. Para ese fin, le gustaría organizar cursos y jornadas de alto nivel científico por especialidades, en colaboración con otros colegios profesionales del Archipiélago.

Pero no se refirió solo a materias de los distintos órdenes jurisdiccionales o ámbitos de derecho, pues estima que “también la formación deontológica es importante”.

A su juicio, "nuestra profesión tiene un componente ético muy relevante, pues, no en vano, lo que pedimos a diario es que se le dé a cada uno lo suyo, conforme a la clásica definición romana de la Justicia".

Aclaró que, en esa tarea, "no todo vale", por lo que resulta necesario "sopesar en nuestras conciencias la adecuación ética y la conformación a derecho de las pretensiones que nuestros clientes nos plantean y que quieren que nosotros planteemos ante los tribunales y ante las demás administraciones públicas".

La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega Benito, estuvo también en el acto del pasado martes en Santa Cruz de Tenerife. Ortega Benito hizo un llamamiento a la unidad de los diferentes Colegios de Abogados. "Sabemos trabajar juntos, queremos, podemos y vamos a seguir haciéndolo, porque cuando hemos trabajado juntos, a través de la unidad, nuestra voz ha sido más fuerte", explicó la presidenta.

Más medios

En esa línea, aseguró Ortega que el objetivo "debe ser seguir exigiendo (...) que tengamos una normativa del siglo XXI, pero que, además, tengamos medios". Recordó que, hace más de 20 años, los abogados lideraron la transformación digital de la Justicia española, "cuando nadie hablaba de ello". Para Ortega Benito, resulta fundamental la digitalización de los expedientes judiciales parea lograr "una mayor eficiencia del sistema", pues ese cambio nunca va a "perjudicar el derecho de defensa y no va alejar a la ciudadanía de la Justicia". Aunque no se va a lograr en esta legislatura, también apostó por lograr la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

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