El Consejo de Gobierno se vio obligado ayer a reunirse de forma extraordinaria para dejar sin efecto desde anoche el toque de queda y el resto de medidas que fueron anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). El Ejecutivo solicitó de urgencia una aclaración al tribunal sobre la vigencia o no de las medidas suspendidas para controlar la pandemia hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo, pero los magistrados fueron taxativos y ratificaron que el toque de queda no sigue en vigor hasta que haya un fallo de un órgano judicial superior. El Ejecutivo tiene ahora hasta el jueves como máximo para recurrir en casación y el Supremo cinco días para pronunciarse.
En 24 horas el TSJC volvió desdecir al Gobierno. Pese a que los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma entienden que hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie las medidas del Ejecutivo para controlar la pandemia siguen en vigor porque el auto no es firme, la sala del tribunal canario mantiene todo lo contrario y es que el toque de queda y el cierre perimetral seguirán en suspenso hasta que el Supremo dictamine.
El TSJC le notificó ayer al Gobierno que el auto del domingo no precisa de aclaración y que las medidas suspendidas no pueden ser aplicadas mientras no sean ratificadas por la Justicia, por lo que el recurso de casación que el Ejecutivo anuncia que presentará ante el Supremo no paraliza la decisión de la Sala de lo contencioso-administrativo del tribunal canario.
«Una medida no ratificada judicialmente no es eficaz y no puede ser aplicada mientras no obtenga, en una u otra instancia jurisdiccional, esa ratificación expresa a que la ley la ha sometido”, establece el auto judicial. El tribunal considera que la ratificación “entraña, por su propio concepto jurídico, una condición suspensiva de eficacia, de manera que cuando el legislador, en legítimo ejercicio de sus competencias, toma la decisión de someter una determinada actuación administrativa a la necesidad de ratificación judicial, ésta queda afectada por una eficacia que puede calificarse de meramente interina o claudicante, de manera que la falta de ratificación judicial impide que pueda cobrar eficacia plena. En suma, una medida no ratificada judicialmente no es eficaz y no puede ser aplicada mientras no obtenga, en una u otra instancia jurisdiccional, esa ratificación expresa a que la ley la ha sometido”.
A la vista de esta decisión judicial, el presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, reunió de urgencia al Ejecutivo para acatar el fallo y publicar de inmediato en el BOC la derogación de las tres medidas anuladas por la Justicia: toque de queda, cierre perimetral de las Islas en los niveles 3 y 4 y limitación de reuniones en lugares de culto al aire libre. El portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, precisó que el resto de las medidas siguen vigentes, es decir, la limitación de horarios de la restauración y el ocio nocturno, aforos, distancia de seguridad, uso de la mascarilla o los controles en puertos y aeropuertos. Pérez insistió en que «todo sigue igual» y puntualizó que aunque desde anoche ya no hay toque de queda en las Islas «en la calle no hay nada que hacer» porque los parques, restaurantes o locales de ocio nocturno estarán cerrados.
La suspensión del toque de queda y el resto de medidas anuladas por la Justicia durará al menos una semana ya que, según explicó Julio Pérez, el Ejecutivo tiene hasta el jueves para presentar el novedoso recurso de casación al Supremo. El alto tribunal tiene cinco días como máximo para dictaminar sobre los argumentos que presente la Comunidad Autónoma, fallo que unificará doctrina para el resto de comunidades ante la disparidad de criterios de los tribunal superiores autonómicos. Ahora el Gobierno de Canarias, dijo su portavoz, tratará de convencer al Supremo de la necesidad de permanencia de esta medida y señaló que en el caso de que se produzcan dificultades complementarias, el Ejecutivo decidirá otros tipo de medidas como ha hecho otras veces, señaló. «En este momento no hemos pensado declarar un estado de alarma autonómico», subrayó Pérez.
El impacto de esta situación obligó ayer a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, a reunirse con miembros del Supremo ante la llegada de los recursos de casación, entre ellos el de Canarias, y al Gobierno central a admitir que estudiará cambios en la legislación en función de lo que decida el alto tribunal. Tanto el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, como el de Política Territorial, Miquel Iceta, recordaron ayer que la ley permite a las comunidades autónomas pedir al Gobierno central que aplique esta situación excepcional en su territorio para poder así implementarlas. Campo en una columna en El País señaló que «se estudiarán y se propondrán a las Cortes» cambios legales adicionales si se ven necesarios tras el pronunciamiento del Supremo.
Tanto CC como PP arreciaron ayer en sus críticas a la gestión del Gobierno central y la posición en la que ha quedado la Comunidad Autónoma tras el varapalo judicial. Coalición Canaria lamentó que se «hayan cumplido los pronósticos tras el fin del estado de alarma decretado por el Estado, que ha sumido en un caos legal a las comunidades autónomas, entre ellas Canarias» y ha pedido a Pedro Sánchez que convoque la Conferencia de Presidentes.
Por su parte, la presidenta regional del PP, Australia Navarro, aseguró ayer que su partido respalda la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias sobre las restricciones decretadas por el Gobierno regional tras el fin del estado de alarma, y se mostró contraria a prolongar en el tiempo el toque de queda, por considerarlo “innecesario y desproporcionado”.
