Visocan intenta un nuevo desalojo de un vulnerable en las 358 viviendas de Añaza

Óscar Pérez, uno de los okupas de las 358 viviendas de Añaza, propiedad de Visocan, ha logrado paralizar el lanzamiento que fijó la titular del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Santa Cruz de Tenerife para el 29 de mayo después de acudir a la Justicia gratuita para solicitar un abogado de oficio. El afectado acredita que fue citado en dos ocasiones de forma incorrecta –según consta en las comunicaciones del Servicio de Notificaciones y Embargos–, se le reclamó a través del BOE, se celebró la vista con su incomparecencia y hasta fue condenado a desalojar la vivienda.

Fue el 7 de noviembre cuando el consejero de Viviendas del Gobierno canario, Pablo Rodríguez, se comprometió en el Parlamento regional, a instancias de la diputada socialista, a que «Visocan estudiaría cada caso de las 358 familias de Añaza». En esa misma sesión el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, aseguró que «nadie se va a ir a la calle si hay voluntad de regularizar su situación», después de asegurar que desde mitad de octubre la Corporación mediaba entre Visocan y afectados por la orden de desahucio en las casas azules y rojas de Añaza. 

Santa Cruz exige a Visocan que atienda a las familias vulnerables de las viviendas de Añaza

Visocan se compromete a estudiar cada caso de las 358 familias de Añaza

En una nueva comparecencia del consejero Pablo Rodríguez, a instancias de la socialista Patricia Rodríguez, el presidente de Visocan aseguró el 12 de diciembre que «Visocan no desahuciará a vulnerables» y que la referida empresa pública intentaba regularizar la situación de todos los ocupantes de las viviendas de Añaza. 

El consejero de Vivienda asegura que Visocan no desahuciará a vulnerables

Lo dicho en la Cámara en poco o nada se correspondía con la situación que ha vivido Óscar y de la que ha tomado conciencia desde el viernes 10 de mayo cuando le llegó la orden de lanzamiento.

Según consta en la documentación, el 21 de noviembre se le remitió la comunicación para emplazar al ignorado ocupante, que se repite una semana después. En ambos casos se remite el requerimiento a su domicilio, haciendo constar la calle y el portal, pero no el piso ni la vivienda como consta en la diligencia negativa practicada por el Servicio Común de Notificaciones y Embargos.

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Óscar, aunque es una de las personas de referencias de los grupos de trabajo con los que trabaja la ONG que actúa de mediadora con Visocan para atender a los vecinos de las 358 viviendas de Añaza, desconocía toda esta situación hasta el viernes día 10 y ha logrado paralizar lanzamiento hasta tener un abogado de oficio e intentar revertir el procedimiento.

Con cardiopatías e incluso operado del corazón en dos ocasiones, Óscar se estableció en uno de los pisos de las casas rojas con un contrato legal, suscrito hace seis años, en una vivienda junto a su madre. Problemas de convivencia le llevaron a okupar hace dos años otro piso en el mismo bloque cuando la titular se marchó a vivir a Inglaterra, sin mediar ningún título que regule esta situación. Es más, está a la espera de que Visocan le permita regularizar su continuidad en la vivienda a través de la negociación del correspondiente alquiler.

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Desde Visocan se asegura que el lanzamiento el 29 de mayo está paralizado después de que el afectado haya acudido a la Justicia gratuita para tener el amparo de un abogado de oficio, a la vez que lanzan un mensaje de tranquilidad porque, haciendo suyo el compromiso del consejero de Viviendas, «si es vulnerable se le garantizará un recurso habitacional». Eso sí, no será en el inmueble donde reside, aseguran, porque la ley impide regularizar en la misma vivienda, algo que decae, según la otra parte, cuando en la citación se refiere a un ignorado ocupante.