Familias de Añaza aseguran ante el Diputado del Común estar al borde del desahucio

Familias de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife, han denunciado ante el Diputado del Común, Rafael Yanes, que se encuentran «al borde del desahucio», debido a que Visocan, empresa que pertenece al Gobierno de Canarias, les ha notificado que deben abandonar sus viviendas en febrero.

Yanes ser reunió ayer con representantes de 93 familias que residen en las viviendas que Visocan gestiona en el barrio de Añaza. Éstas denuncian que la empresa pública les impide regularizar sus contratos de alquiler. Algunas de ellas, y según la información facilitadas por las familias, tenían contratos de alquiler con el anterior propietario de los pisos, una entidad bancaria, y otras no, pero aseguran encontrarse en situación de vulnerabilidad.

La representante de las familias que contaban con un contrato, Yurena Rodríguez, expone que «tras recibir el aviso de desahucio» se les ofreció posibilidad de regularizar un nuevo contrato de alquiler y gestionar las deudas pendientes de algunos vecinos, pero «Visocan se niega a llegar a un acuerdo».

Como portavoz de las familias vulnerables que no disponían de un contrato formalizado, Raquel García denuncia que, «cuando comenzó el proceso de desahucio», se les emplazó a entregar documentación a una ONG (organización no gubernamental) que actuaría de mediadora, «pero, a día de hoy, continúan sin haber regularizado su situación».

El Diputado del Común afirmó que se dirigirá al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, para conocer qué ayudas al alquiler se han comprometido a aportar para los vecinos que tienen contrato, y a Visocan, para conocer su disposición a formalizar un nuevo contrato de alquiler a partir de febrero. Además, «nos comunicaremos con Visocan para hacer un seguimiento personalizado de cada uno de los casos de las familias que no disponen de un contrato».

Por su parte Visocan, tacha de «inciertas» las informaciones divulgadas por el Diputado del Común en relación a sus promociones en Añaza y asegura que éstas no han sido contrastadas. La empresa pública aclara que compró las 358 viviendas de Añaza en 2019 y desde entonces ha intentado que todos sus ocupantes regularicen su situación, «con lo que no se ajusta a la realidad que Visocan se niegue a llegar a un acuerdo con los ocupantes».

Indica que más del 75% de los vecinos se encuentran en situación regular, es decir, han suscrito un contrato de arrendamiento con Visocan. Y asegura que no ha interpuesto ninguna demanda de desahucio a ninguno de los 50 inquilinos con contrato de alquiler con el anterior propietario, los cuales «no han querido regularizar su situación, a pesar de los reiterados intentos de esta empresa». También quiere dejar claro que tiene la obligación de cumplir con la normativa vigente.