La Comisión Técnica de la Memoria Histórica, presidida por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, el socialista Julio Pérez, ha dado el visto bueno al contenido del catálogo de símbolos franquistas de Santa Cruz de Tenerife, al considerarlo como el catálogo regional que exige la Ley, al que se irán sumando el resto de municipios. En este sentido, el Gobierno canario informa de que el de Las Palmas de Gran Canaria será el siguiente catálogo en ser informado por la Comisión Técnica.
El catálogo de la capital chicharrera, que fue propuesto por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, y realizado por el equipo de investigación integrado por las doctoras María Isabel Navarro y Yolanda Peralta, y por el doctor Ricardo Guerra, de la Universidad de La Laguna (ULL), establece la retirada de unos 80 símbolos «ilegales» que aún existen en el municipio, entre los que se encuentran el monumento a Franco de la avenida de Anaga, así como numerosas calles y espacios públicos.
El acuerdo, con el que finalmente se aprueba el catálogo de Santa Cruz, fue adoptado ayer después de estudiar un informe realizado por un comité especial designado por la propia Comisión. Éste está formado por Mercedes Pérez, representante de la Asociación de la Memoria Histórica de Tenerife; Candelaria González, representante de la Universidad de Las Palmas, y José Juan Pestano, por parte del Laboratorio de Genética de Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, que han contado con el asesoramiento técnico del sociólogo y experto en Memoria Histórica Dailo Barco.
El Gobierno de Canarias informa de que la propuesta ha logrado el voto favorable de casi todos los miembros que forman parte de la Comisión Técnica, salvo de los dos representantes del Ayuntamiento de Santa Cruz, su alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, y primer teniente de alcalde, Guillermo Díaz, del PP, que han votado en contra, «no por discrepar del contenido del Catálogo, pues han manifestado estar de acuerdo en su mayor parte, sino por el procedimiento seguido, al considerar, sustentado en un informe jurídico, que no es el adecuado para su aprobación».
El Ayuntamiento chicharrero sigue insistiendo en que no existe seguridad jurídica para retirar símbolos franquistas en la capital, pues «el Gobierno de Canarias, y según establece la Ley de Memoria Histórica, debe elaborar un catálogo a nivel regional, de todas las Islas y de todos los municipios, y no solo de Santa Cruz». «El catálogo de la capital no puede ser considerado el catálogo de toda Canarias». Asimismo, el Consistorio de Santa Cruz indica que no existe una «Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias, en la que se recojan los objetivos, prioridades y financiación que deben regir las actuaciones».
La Corporación local también ha señalado que la Comisión Técnica celebrada ayer «pudiera estar viciada y resultar contraria a derecho porque no estuvo a disposición de todos los miembros convocados la documentación necesaria para deliberar acerca del informe presentado».
La Comisión Técnica ha respaldado tanto el contenido del catálogo como las observaciones apuntadas en el informe, que serán trasladadas a la Consejería de Educación. En primer lugar, éstas establecen que no se incluya la revisión de honores y distinciones, «al entender que no es propia del catálogo ni requiere su aprobación, sino que es competencia y responsabilidad de cada entidad local llevarla a cabo». También se ha hecho referencia a algunos vestigios concretos, como la toma en consideración del informe elaborado por el Colegio de Aparejadores de Santa Cruz de Tenerife en relación a la ubicación del busto de Joaquín Amigó, y la conveniencia de retirar los escudos del régimen franquista que continúan estando en las vidrieras de la Subdelegación del Gobierno y del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha explicado que con el acuerdo adoptado este lunes se logra el objetivo que «se pretendía, que es cumplir la Ley, pues no se trata de aplicar un criterio subjetivo o una opinión política, sino la ley, y hacerlo como ha ocurrido hoy (ayer), tras un debate sereno, detenido y constructivo». El visto bueno al informe permitirá al Ejecutivo continuar con la tramitación administrativa de este catálogo. Ahora, agrega Julio Pérez, quedan los siguientes pasos que tienen que adoptar la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y las distintas corporaciones locales.
En la sesión celebrada este lunes por la Comisión Técnica de Memoria Histórica han estado presentes, por parte de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, además de su titular, la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo; la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Vallejo, y la jefa de sección de Justicia y Asuntos Generales de la DGRAJ, Jana Millares, en calidad de secretaria de la Comisión. Los vicepresidentes de la misma, la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, Manuela de Armas; Juan Márquez y Mercedes Pérez.
Como vocales, junto a los dos representantes del Ayuntamiento de Santa Cruz, invitados expresamente por Julio Pérez, han asistido Candelaria González, representante de la ULPGC; José Juan Pestano, por el IML; el presidente de la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica de La Palma, Félix Andrés González; el presidente de la Asociación de Menores Sustraídos, Francisco González, la vicepresidenta segunda del Cabildo de Tenerife, Berta Pérez, en representación de la Federación Canaria de Islas (Fecai); el jefe de servicio del Archivo Histórico de Las Palmas, Samuel García, y el representante de la Asociación Memoria Histórica de Arucas Manuel Ortego. En calidad de invitado ha estado Dailo Barco.
