La Comisión Técnica de la Memoria Histórica, presidida por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, el socialista Julio Pérez, acordó ayer darse un mes para analizar la propuesta de catálogo de vestigios franquistas existentes en Santa Cruz, encargada por la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias a la Universidad de La Laguna. Asimismo, junto a la ampliación del plazo, se ha decidido que, durante este tiempo, un comité especial derivado de la propia Comisión, y formado por tres personas, estudie el contenido de este documento de 3.000 folios y elabore una ponencia, antes de informar sobre el mismo a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
En concreto, el comité especial estará integrado por la representante de la Fecai (Federación Canaria de Islas) en este órgano y vicepresidenta del Cabildo de Tenerife, la socialista Berta Pérez; la presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, Mercedes Pérez, y el director del Laboratorio de Genética del IML de Las Palmas, Juan José Pestano. Además, también se ha decidido que en la próxima sesión que celebre la Comisión Técnica para informar sobre el citado catálogo, según el cual existen 80 símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas en Santa Cruz, cada uno de sus miembros podrá hacer las observaciones que estime convenientes y presentar los reparos procedimentales que vea oportunos.
El Gobierno informa de que estas decisiones han sido respaldadas por todos los participantes de la Comisión Técnica, a excepción de los representantes del Ayuntamiento de la capital, su alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), y su primer teniente de alcalde, Guillermo Díaz (PP). Estos se abstuvieron, «al no compartir, entre otras cuestiones, que el catálogo se centre solo en Santa Cruz y no se amplíe, al menos, a todo el ámbito insular, ni las formas en que se ha llevado a cabo el proceso».
En la reunión han participado en calidad de vicepresidentas la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, Manuela de Armas, y la presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Mercedes Pérez, ambas por vía telemática, y el viceconsejero de Cultura, Juan Márquez, como vicepresidente. También han concurrido la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo; la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos; el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de La Palma, Félix González; y la catedrática de Historia del Arte María Isabel Navarro. Por vía telemática, han participado el alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, en representación de la Fecam (Federación Canaria de Municipios); el presidente de la Asociación de Menores Sustraídos, Francisco González; el secretario de la Asociación Memoria Histórica de Arucas, Manuel Ortego; los representantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Candelaria González y Javier Márquez; del Archivo Histórico de Santa Cruz de Tenerife, Francisco Macías, y del de Las Palmas, Samuel García, así como Juan José Pestano.
El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha animado a todos los integrantes de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica a avanzar en el estudio del contenido del catálogo de vestigios franquistas y a exponer los reparos y sus réplicas en la próxima sesión.
Por su parte, el Ayuntamiento de Santa Cruz ha exigido al Gobierno de Canarias que garantice la seguridad jurídica en todas las acciones que tengan que ver con la retirada de símbolos franquistas. En este sentido, ha pedido al Ejecutivo que ponga en marcha la Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias. «La propia Ley de Memoria Histórica recoge, en su artículo 9, que el Gobierno debe impulsar una estrategia en este ámbito, que recoja los objetivos, prioridades y financiación que deben regir el proceso de aplicación de la ley, y que es clave para conocer en qué marco van a trabajar las diferentes administraciones implicadas», indicó el alcalde. Este apunta que dicha estrategia, tal y como recoge la Ley, debe ser informada previamente en la Comisión Técnica y debatida en el Parlamento de Canarias, antes de ser aprobada. Sin embargo, desde el Ejecutivo canario se señala que esta no es necesaria.
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Asimismo, tanto el alcalde como el primer teniente de alcalde han insistido en que «no parece lógico que el Gobierno apruebe un catálogo que sólo hace referencia a un municipio, a Santa Cruz». «La falta de dicho catálogo de ámbito autonómico y de la citada estrategia genera inseguridad jurídica en los actos administrativos que se deriven de la aplicación de la Ley», añaden.
"DAÑO" Y "MEDIOCRIDAD"
La Asociación Española de Pintores y Escultores ha remitido un escrito al alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez (CC), y al presidente del Cabildo, Pedro Martín (PSOE), mostrando su rechazo a la posibilidad de que el monumento a Franco, del escultor Juan de Ávalos, situado entre la avenida de Anaga y la Rambla, en la capital, sea retirado. «La retirada de este monumento alteraría los valores culturales de la Isla, que perderían parte de su historia, no siendo válidos argumentos de oportunidad partidista como la Ley de Memoria Histórica, que tanto daño está haciendo a los artistas de otras épocas», señala José Gabriel Astudillo, presidente de la citada asociación. Ésta ruega en el escrito al Ayuntamiento de Santa Cruz y al Cabildo que tengan en cuenta «la recomendación que le hacemos llegar desde una entidad como la nuestra, a la que han pertenecido y pertenecen escultores y artistas de la talla de Mariano Benlliure, Miguel Blay, Victorio macho o Rafael Canogar, quienes nos piden que hagamos llegar también su adhesión al respecto». «Que una universidad como la de La Laguna recurra a justificar burdamente la falta de valor artístico del Ángel de la Victoria, no define más que la mediocridad de quienes no defienden a los artistas».
