El Ayuntamiento de Santa Cruz ha decidido iniciar el procedimiento de resolución del contrato del Acuerdo Marco del Servicio de Vigilancia y Seguridad de las dependencias municipales, establecido con la empresa SH Lanzarote. La Junta de Gobierno tiene previsto aprobar el lunes 23 de mayo la propuesta con la que se quiere poner fin a la relación con esta entidad, por los impagos y retrasos de los salarios de los más de 70 trabajadores, y «por el incumplimiento de la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, cuantificadas en un total de 613 horas de turnos de vigilancia no completados».

Además, el Consistorio chicharrero exigirá a la empresa una indemnización por importe de 146.040 euros, «incautando parcialmente la garantía definitiva constituida mediante aval bancario emitido por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, por importe de 157.215 euros». SHLanzarote dispondrá de 10 días naturales, una vez que se notifique el acuerdo, para manifestar las alegaciones que considere oportunas.

Al mismo tiempo, y con el fin de garantizar la seguridad y vigilancia de todas las dependencias municipales, el Ayuntamiento trabaja en la firma de un «contrato puente» con otra empresa hasta que se licite y adjudique el nuevo servicio por un periodo de cuatro años. Así lo ha señalado el concejal de Presidencia, el nacionalista Alfonso Cabello, de CC, quien explica que «la ley nos permite, una vez que se resuelva el contrato actual (cuya finalización estaba prevista para marzo de 2023), firmar una acuerdo con otra entidad para que preste el servicio hasta que se lleve a cabo la licitación».

«Existen razones de interés público que justifican que la administración realice las actuaciones que el ordenamiento jurídico permita para garantizar la continuidad en la prestación de servicio, en el periodo de tiempo que medie entre la efectiva resolución del contrato y el comienzo de la ejecución de un nuevo contrato basado en el acuerdo marco» de seguridad y vigilancia, se indica en un informe municipal, al que ha tenido acceso EL DÍA.

Dichas razones, se establece en el documento, están relacionadas con los riesgos que tendría que asumir el Consistorio chicharrero si no contara con el servicio de seguridad en sus dependencias: riesgo de que se produzcan altercados de orden público; riesgo para la integridad del patrimonio municipal, pues la vigilancia impide que se cometan «actos vandálicos, ocupaciones ilegales y robos»; y también riesgo en la custodia de la información.

«No siendo viable la continuidad del servicio ni mediante la actual contratista ni a través de los propios medios de la administración, únicamente queda recurrir a la alternativa de la celebración de un nuevo contrato, que deberá extinguirse una vez se adjudique el contrato basado en el Acuerdo Marco de Seguridad y Vigilancia». Eso sí, y según aclara el edil Alfonso Cabello, tanto en el «contrato puente» como en el definitivo, y a raíz de la instrucción dictada por el alcalde de la capital, el nacionalistas José Manuel Bermúdez, las empresas deberán asumir la obligación de subrogación del personal, con el fin de garantizar la continuidad de los trabajadores.

El edil de Presidencia cuenta que ya se han puesto en contacto con el Ayuntamiento de Santa Cruz cinco empresas, interesándose por este asunto. Éstas han rechazado la primera opción que dio el Consistorio, que fue la de la cesión del contrato. Por lo tanto, una vez que «resolvamos el contrato actual con SH Lanzarote», se iniciará el procedimiento para que una de estas entidades preste el servicio hasta que se saque la licitación del mismo.

En paralelo, comenta el nacionalista Alfonso Cabello, también se está trabajando en la elaboración del pliego de condiciones para sacar a concurso público el Acuerdo Marco del Servicio de Seguridad y Vigilancia por un periodo de cuatro años. La previsión es que ya esta semana los pliegos sean remitidos al Servicio Jurídico, apunta el también consejero delegado de la Sociedad de Desarrollo.

Para intentar garantizar que esta situación no se vuelva a repetir, y para que la vigilancia y seguridad de las dependencias municipales no se pongan en riesgo, la Corporación local introducirá en los pliegos de la licitación del nuevo Acuerdo Marco, además de los criterios económicos, «otros que tengan que ver con el cumplimiento de convenios de referencia de ámbito estatal y con todo aquello que nos garanticen los compromisos por parte de la empresa sobre los cumplimientos laborales de los empleados».

El Ayuntamiento chicharrero celebró este miércoles, 18 de mayo, tres reuniones para tratar este asunto. En una de ellas participaron todos los servicios del Consistorio y organismos autónomos, y en las otras dos, la gerencia de la empresa SH Lanzarote y los representantes sindicales.

Con respecto a la deuda que mantiene la empresa, Cabello informa de que, a día de hoy, ésta debe 124.660 euros con respecto a los salarios de los empleados y 167.400 euros en relación a la deuda con la Seguridad Social. El edil manifiesta que, en la actualidad, son numerosos los trabajadores que se encuentran de baja por la situación que están sufriendo, «por lo que la empresa no está atendiendo algunos servicios». «La situación es muy complicada», advierte el concejal.

En este sentido, Alfonso Cabello anuncia que ha dictado una instrucción para que, al menos, la vigilancia y seguridad de las Unidades de Trabajo Social (UTS), situadas en los cinco distritos del municipio, sean cubiertas por agentes de la Policía Local en el caso de que se produzcan incumplimientos por parte de la empresa.