Balance desigual al término de la esperada reunión entre el Gobierno de Canarias –representada por su presidente, Ángel Víctor Torres; y los consejeros de Vivienda y Derechos Sociales, Sebastián Franquis y Noemí Santana, respectivamente– con los portavoces de la plataforma de afectados por desahucios en Tenerife y, en especial, en la zona de El Tablero.
Franquis anunció al término de las dos horas y media que se prolongó el encuentro en Presidencia, en la capital tinerfeña, que el Ejecutivo autonómico prepara un decreto para dar protección a los afectados hasta, al menos, que finalice este año, además de negociar la compra de las viviendas de El Tablero, una tarea que va muy avanzada, desveló.
En lo que respecta a la normativa legal, Franquis explicó que el Gobierno canario ha preguntado al Ejecutivo nacional si tiene previsto ampliar la protección a los afectados por desahucios más allá del 9 de agosto. Cabe recordar que en la actualidad el Estado vincula la imposibilidad de ejecutar lanzamientos a la incidencia del Covid.
En caso de que Madrid confirme a Sebastián Franquis que no se amplía la protección, el consejero anunció que el Ejecutivo autonómico ya tiene en marcha el desarrollo de una normativa legal que impedirá la ejecución de lanzamientos, una medida que será más amplia del periodo de tres meses que ha ido ampliado el Estado –de ahí que se prevea que esté en vigor al menos hasta final de año– y que no se vinculará a la incidencia del Covid sino a la mejora de la situación económica de Canarias, precisó.
El consejero de Vivienda explicó que esta medida que prepara el Ejecutivo permite tranquilizar a los afectados por desahucios, pues no se verán inmersos en el lanzamiento a corto plazo.
En el caso participar de las diecisiete familias afectadas de El Tablero, en el distrito Suroeste de la capital tinerfeña, el consejero desveló que el Ejecutivo ha desarrollado negociaciones con la empresa propietaria del inmueble y hasta precisó que dichas conversaciones están muy avanzadas, aunque evitó hablar de plazos, tanto en el particular del decreto como en el cierre de la compra del inmueble. Eso sí, Sebastián Franquis dejó claro que la adquisición de las viviendas de El Tablero estarían sujetas al proceso que rige los alquiles sociales; de otra forma: no se compra el edificio para que lo habite sus actuales moradores, sino que se deberá acreditar la situación de vulnerabilidad y las condiciones sociales y, en función de las prioridades, se resolverá.
Ejecutivo y afectados crean una mesa para intercambiar datos y aportar información sobre los avances
Franquis recordó que la negociación con la propiedad de El Tablero es similar a la que se cerró en el Sur de Tenerife, donde ya se evitó el desahucio. «En total este Gobierno ha evitado 505 lanzamientos», recordó el consejero.
En el la reunión también se acordó la creación de una mesa de seguimiento entre Gobierno y plataforma de afectados, comprometiéndose esta última a facilitar los datos de todas las personas que están en riesgo de desahucio, incluyendo incluso a nuevo casos, tanto de Santa Cruz como de otros municipios, precisó. Esa mesa permitirá también informar a los afectados, en especial de El Tablero, del avance de la negociación, así como de los planes del Gobierno central y canario sobre las medidas que evitarán los lanzamientos en, al menos, este año.
Involucrar al sector inmobiliario
El consejero también explicó que se informó a la plataforma de los planes que se ponen en marcha para conseguir viviendas sociales, desde la construcción que se retoma por primera vez en los últimos doce años a un programa que se pretende impulsar a partir de septiembre para recuperar viviendas vacías, situación en la que se encuentran unos 150.000 pisos en el Archipiélago, precisó.
En el llamamiento que lanzó Sebastián Franquis para involucrar al sector inmobiliario recordó que el Ejecutivo ofertará un plan que garantizará a los propietarios el alquiler durante cinco años, un compromiso que realizará el Gobierno canario, a través de Visocan, con los dueños de viviendas. También recordó que el Ejecutivo, desde la misma empresa pública, ha adquirido 45 viviendas que se han destinado a cubrir emergencias habitacionales. Cuando se le preguntó sobre si estos planes no dan respuesta inmediata a los manifestantes que acampan en el exterior de la sede de Presidencia, u otros que estén amenazados por desahucios, el consejero explicó que «no podemos fabricar viviendas sociales de la noche a la mañana, pero sí que estamos desarrollando planes para cubrir esta necesidad a partir de septiembre».
La otra cara de la reunión
Frente al mensaje e interpretación optimista de la reunión con los afectados, los representantes de la «acampada de dignidad» –como se definen– dejaron entrever «un poco de decepción» por la falta de compromiso del Gobierno canario. Reconocen el compromiso del Gabinete de Ángel Víctor Torres para sacar un decreto propio, si el Gobierno estatal, no garantiza que no habrá desahucios después del 9 de agosto y también colaborarán en esa mesa para intercambiar información sobre los afectados. «El único compromiso es alargar los desahucios; de resto, son parches», sentenció Lolo Dorta, uno de los cuatro interlocutores de los afectados junto a Eloy Cuadras y a las dos vecinas que están amenazadas con perder sus viviendas: Amy Rodríguez, que reside en El Tablero; y Gelsa Marichal, de Cobasa, en Ofra. La primera, madre soltera de un pequeño de 19 meses, que ocupó la vivienda del Suroeste hace un año; encargada de una zapatería, perdió su trabajo por despedido procedente, pues le rescindieron el contrato porque se quedó embarazada. De una situación acomodada pasó a buscarse la vida en un piso que un familiar le dijo que estaba vacío. De momento no ha recibido una carta de lanzamiento, pero está convencida que le llegará el día.
La otra interlocutora que vive en primera persona el desahucio es Gelsa Marichal, de 30 años, que vive en un piso de Cobasa, en Ofra, desde hace cinco años; cuatro de ellos sin agua, y eso a pesar de que es madre de un pequeño que tiene reconocida su discapacidad. Hace tres meses, coincidiendo con las medidas de protección dictadas durante la pandemia, le paralización el lanzamiento hasta el 16 de septiembre. Hasta entonces, vivirá en una agonía si no tiene certeza de tener un techo. Y eso, aunque tiene dos trabajos, como sociosanitaria y como limpiadora. Pero los ingresos no le permiten acceder a un alquiler, ni con la mediación del ayuntamiento que colabora en la búsqueda de una alternativa. «Me dicen que no pierda la esperanza; que no se preocupen que será lo último que pierda», comenta convencida de que no dejará su casa si no tiene garantías de una vivienda.
Decepción entre los afectados
La reunión entre Gobierno canario y afectados no había sido publicitada por el propio Ejecutivo por la coincidencia con el pleno que se celebraba en el Parlamento y los miembros del campamento se mostraban incrédulos porque había existido un compromiso inicial en junio que no se pudo llevar a cabo.
En busca de forzar el encuentro, las familias de El Tablero, como punta de lanza, iniciaron hace nueve días una acampada frente a la sede de Presidencia para incrementar la presión social. Ayer, a las 18:00 horas, el inicio apalabrado del encuentro, el inicio se hizo esperar hasta casi 45 minutos después. Después de dos horas y media de reunión, los interlocutores de los afectados transmitieron más desánimo que ilusión: «no vamos a levantar este campamento hasta que no se garantice una solución de vivienda digna para todos», y lanzar un llamamiento a más colectivos para que se sumen a la lucha. Y una vuelta de tuerca de Lolo Dorta: «Si en una semana no hay avance, comenzaremos una huelga de hambre».
