Diecisiete familias de un edificio en El Tablero se enfrentan a su desahucio

Carta remitida a la mayoría de los ocupantes del edificio número 42 de la Subida de El Tablero. María Pisaca

Este es el texto estándar de las cartas que han recibido la mayoría de los residentes en el número 42 de la subida de El Tablero, entre los que se encuentra alguna familia que en su día comenzó a vivir allí en virtud de un alquiler, que luego no le quisieron renovar o, en la mayoría de los casos, personas que llegaron al inmueble después de que algún amigo o conocido le informara de que había pisos que estaban desocupados y “con la puerta abierta”.

Aunque la ocupación del edificio se ha ido produciendo en cascada desde hace siete años, los actuales moradores aseguran que han comenzado a recibir las cartas en los últimos nueve meses –las más antiguas–, si bien todavía hay muchos que no la han recibido, “pero estamos a la espera; si no viene hoy, la manda mañana”.

Una parte de esta promoción de la subida a El Tablero fue vendida por la promotora y otra parte quedó pendiente. Según la versión de los actuales moradores, la promotora construyó el edificio y quebró, por lo que la entidad financiera que había concedido la hipoteca ejecutó el aval. Antes de que estallara la burbuja inmobiliaria el crédito fue concedido por CajaCanarias, entidad que se fusionó y pasó a ser Caixabank y las viviendas embargadas fueron gestionadas por Servihabitat, que luego vendió a Coral Homes y en algún caso a Lone Star. Estos dos últimos son los “fondos buitres”, como denominan los residentes, que les reclaman las viviendas. En el particular de las viviendas de El Tablero, precisa Eloy Cuadras, son en su mayoría de Coral Homes y alguna de Building Center. Coral Homes es el fondo que controla Lone Star, con un 80% de las participación y el 20% restante Caixabank.

Desde que el Gobierno central dictara el decreto de alarma se ordenó suspender los desahucios de las familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad provocada por el Covid-19, y esa es la tabla de salvación precisamente de estas diecisiete familias de El Tablero. Hasta ahora, el decreto le daba protección para que no se produjera su lanzamiento hasta el 9 de mayo, pero el Ejecutivo nacional ha ampliado esta protección tres meses. En cualquier caso, saben que tienen los días contados en el edificio y tocan a la puerta de todas las administraciones públicas para pedirle su mediación. ¿Qué solución proponen?

Los moradores aseguran que en los pocos contactos que han mantenido con los interlocutores de los fondos buitres las pocas veces que los han llamado y en una conversación casi telegráfica les han hecho saber que los legítimos propietarios se niegan a alquilar y solo quieren vender los pisos.

Incluso los ocupas les han ofrecido continuar viviendo a través de un alquiler social, los fondos buitres se niegan, insisten en que ellos no alquilan, solo venden. De ahí que los moradores, con el apoyo de los activistas Eloy Cuadras, de la Plataforma por la Dignidad, y Lolo Dorta, de la Plataforma 29E, soliciten a las administraciones públicas que adquieran el edificio de El Tablero y mantenga a los ocupantes a través de un alquiler social. Esa iniciativa fue defendida en la reunión celebrada esta semana en el Ayuntamiento de Santa Cruz, corporación municipal que instó al Gobierno de Canarias a comprar el edificio, y es el argumento que defenderán ante otras administraciones en las reuniones programadas para los próximos días.

La idea no es nueva. De hecho, ya el Gobierno canario adquirió las 358 viviendas de Añaza para resolver la situación de aquellas familias amenazadas, entonces por el Banco Santander, de quedarse en la calle y sin vivienda. “Aunque las administraciones están construyendo de nuevo viviendas sociales no existe capacidad alojativa para asumir de la noche a la mañana a 17 familias”. De ahí la idea de que compre el Gobierno y lo de en alquiler social. Eso sí, también plantean desde las plataformas que la operación inmobiliaria se realice a favor del Gobierno canario al precio de costo y no de mercado por el que ha pasado de manos de una entidad financiera a otro.

Esta es la situación de los moradores del número 42 de la subida de El Tablero, entre los que se encuentra quien comenzó de alquiler y no le quisieron renovar cuando Coral Homes se hizo cargo de la propiedad a familias que entraron sin título de alquiler ni propiedad, y que han recibido la oferta de 1.500 euros para que abandone la vivienda y la entregue. “Cuando te llaman por primera vez, te ofrecen más dinero; cuando avanza el tiempo y se aproxima el lanzamiento te ofrecen menos”. Todos se preguntan: “¿A dónde vamos a ir?”. Cuando llegaron encontraron las viviendas destrozadas por dentro: sin ventanas, ni puertas interiores, ni mecanismos eléctrico o cables. No estaban ni las piezas de los baños o la grifería” que, con el paso del tiempo han ido poniendo hasta acondicionarlo para poder vivir, y han logrado disponer de agua y luz. El primero de los suministros, autorizados por Emmasa, al considerarlo servicio básico; el segundo, “pinchados” a la red eléctrica.

Todos residentes con sus familias. Un hijo con su madre dependiente, madres solteras –en algún caso con hasta cuatro hijos–. Unos están en el paro, y otros tienen contrato por meses, salvo un caso de una trabajadora de limpieza del Hospital de la Candelaria que le acaban de hacer un contrato de un año, pero el sueldo le impide costear un alquiler, más los gastos de luz, agua, móvil y la alimentación de su unidad familiar.

Las diecisiete familias de El Tablero saben que el día que el Gobierno central suspenda el decreto de protección por estado de alarma se sucederá en cascada el lanzamiento de sus casas; esperan que antes las administraciones más cercanas hayan gestionado la solución que ellas proponen.

Néstor y su madre comenzaron a vivir de alquiler; luego se lo querían subir un 250%. María Pisaca

Néstor, 62 años; llegó con contrato de alquiler

Hace casi 8 años, Néstor comenzó a vivir en el edificio en virtud de un contrato de alquiler que luego, cuando cambió la titularidad del banco, se subrogó, hasta que lo llamaron de Coral Homes desde Barcelona, cuando le quedaban ocho o nueve meses para que venciera, y le advirtieron que se le iba a realidad una subida del 250 por ciento. De los doscientos euros que pagaba al mes se lo pretendían incrementar a 500, justo en plena pandemia, “con una situación social y económica complicada”, explica. La negociación fue breve con su interlocutor: “O acepta el nuevo alquiler o se va al juzgado; era una forma lacónica de echarme a la calle con esa subida tan desproporcionada y yo sin recursos”.

"Fui delegado de un laboratorio farmacéutico. No me renuevan al alquiler"

En su actividad laboral, fue delegado de un laboratorio farmacéutico y, paradojas de la vida –como él reconoce–, se dedicó a gestionar fondos de inversiones de terceros. También estuvo vinculado al comercio internacional, su última actividad hasta 2020. En la actualidad no tiene trabajo y es usuario de los servicios municipales de Santa Cruz. “Hay que probar de todo”, dice con humor, sorprendido por las vueltas de la vida y agradecido a la atención del personal de las UTS que le han proporcionado ayuda ara el transporte, pagar el agua y los alimentos. “Eso sí, con el bono que me dan, puedo coger la guagua pero no el tranvía, porque no está incluido”. Con Néstor vive su madre, con la que se trasladó cuando suscribió el alquiler en busca de paz, dado que su progenitora padece Alzhéimer y ataques de pánico. Hace unos meses se produjo una inundación en el piso de arriba y soporta humedades en el piso, pero tiene un piso donde cobijarte. No tiene fecha de lanzamiento.

Alan Pérez, mozo de almacén e instalador de escenarios

“Llevo aquí ya para siete años. Estaba la puerta abierta y entré; no tengo contrato de alquiler. Estuve trabajando durante seis años, hasta que me quedé en paro. Cuando llegué la casa, por llamarla de alguna manera, estaba toda destrozada; no tenía ni luz ni agua. Esto parecía Desguaces Tenerife. Estaba totalmente vacía”. Es el testimonio de Alan, que ha desarrollado su labor profesional como almacenero y operarios de montaje de escenarios... “pero llegó la crisis y acabamos todos en el paro porque no hay actuaciones ni espectáculo”. Su situación económica se ha traducido también en problemas familiares.

“Llegué hace casi 7 años y trabajé durante seis como mozo de almacén y montando escenarios”

Padre de un niño, asegura que la madre del pequeño se lo llevó y ahora está a la espera de que la Justicia fije la vista para poderlo recuperar y poderlo ver. Tiene fecha de lanzamiento del piso que ocupa el 11 de mayo, dos días después de haber expirado el decreto de protección del Gobierno, pero espera acogerse a la prórroga de tres meses. Sabe que cuando acabe el estado de alarma que protege a familias vulnerables sus horas están contadas en este hogar.

Nuria Esther, limpiadora de La Candelaria

Víctima de violencia de género, llegó al número 42 de la Subida de El Tablero gracias a una amiga que le dijo que había un piso libre. “Toqué la puerta y estaba abierta y vacío el piso”. Por dentro estaba destrozado, pero lo ha convertido en su casa.

“Vine hace tres años gracias a una amiga; tengo un niño de 5 años y soy limpiadora”

Madre de un niño de cinco años, lleva en el edificio tres y trabaja, por contratos temporales como limpiadora en el Hospital Nuestra Señora de La Candelaria. Después de haber logrado un aplazamiento, tiene nueva fecha de lanzamiento para el 14 de mayo; también espera acogerse a la prórroga.

Yeray Palmes invirtió la liquidación de su trabajo en adecentar la casa que ocupa. María Pisaca

Yeray Palmes Perdomo, albañil y entrenador de fútbol

Hace un mes y medio recibió una carta por debajo de la puerta que le comunicaban el lanzamiento. Con la ayuda de las plataformas de Eloy Cuadras y Lolo Dorta fue al juzgado a solicitar el abogado de oficio y se personó para reconocer que está viviendo en el piso desde hace un año y medio. Antes estaba en otra piso de alquiler pero no le renovaron en su trabajo y se quedó en paro, sin posibilidad de afrontar un alquiler, por lo que decidió instalarse en el actual piso desocupado junto a su esposa, que cubre sustituciones de limpiadoras de La Candelaria, y a sus dos hijos, de 15 y 10 años, que estudian en el colegio de Barranco Grande. Ha sido uno de los moradores a los que el fondo buitre le ha ofertado 1.500 euros si abandona la vivienda.

“Me quedé en paro e invertí mi liquidación en adecentar este piso”

Recuerda que cuando llegó a la vivienda, que estaba destrozada, invirtió la liquidación anterior en adecentarla, haciendo valer que es albañil y oficial de segunda especializado en la construcción de piscinas. Yeray Palmes es víctima de la crisis en la construcción.

Elena, madre de cuatro niños

Víctima de violencia de género, se refugió durante un año en un pabellón polideportivo de Candelaria, hasta que hace dos años un vecino le dijo que había un piso libre en la subida de El Tablero. “Solo tengo palabras de agradecimiento porque la mitad de las cosas que tengo me la prestaron aquí, hasta el sillón para dormir”. Trabajadora de un supermercado, admite que fue una locura pero financió el cuarto de sus hijos y también compró una cocina.

"El ayuntamiento me ofrece habitaciones pero no para mi hijo mayor”

Coral Homes se ha puesto en contacto con ella y le ha ofrecido 1.500 euros para que deje el piso, pero asegura que con ese dinero no encuentra un lugar donde irse. “Buscas un piso y dices que tienes cuatro hijo y no te aceptan”, se lamentan. El pasado 2 de febrero tenía la fecha de su lanzamiento pero se paró. Durante este tiempo la solución que le ofrecían desde el Ayuntamiento de Santa Cruz era habitaciones en una casa de madres solteras, con el añadido de que su hijo mayor, de 15 años, tendría que ir a otro centro. “No quiero una casa para vacilar, sino para vivir; no me puedo mover de aquí”, comenta.

Elena, como otros vecinos, lamenta la forma de actuar de Coral Homes, que mandan a personas a tocarle en la puerta, para pedirle que se vayan. En la última semana ha cambiado, reconoce Eloy Cuadras, que precisa que ahora les piden animen al Ayuntamiento o al Gobierno a comprar el edificio.

Amy Rodríguez, madre soltera de un bebé de 16 meses

Amy se estableció en el número 42 de la Subida de El Tablero durante el confinamiento. A sus 25 años, tiene un bebé de 16 meses. Después de estudiar Bachillerato y realizar el ciclo superior de Integración Social, marchó a Inglaterra hace tres años, de donde regresó y comenzó a trabajar en una zapatería. Al comunicar que estaba esperando un bebé, fue despedida, asegura. “Lógicamente, quedó acreditado que fue improcedente”.

“Estuve trabajando en una zapatería hasta que me echaron, porque dije que esperaba un hijo”

Para ganarse el sustento, se dedicó a vender dulces por los edificios de la zona y, a través de su padre, que también reside en el edificio, se enteró de que había un piso libre, donde se estableció con un hija cuando apenas tenías seis meses. “La casa estaba destrozada; no tenía cocina. No había nada”. El dinero que ha cobrado de la PCI, 403 euros, lo ha dedicado en parte en hacer de la vivienda un hogar y cuidar de su hijo.

Hasta la fecha no le ha llegado una carta que le comunique el lanzamiento, pero, al igual que el resto, sabe el camino que le espera.

Carla Bierma, con dos niños de 6 años y 15 meses

Es una de las últimas vecinas de este edificio de El Tablero. A sus 23 años tiene dos niños, uno de seis años y otro de quince meses con los que reside junto a su pareja, si bien ella no trabaja ni percibe ninguna ayuda porque está tramitando los papeles porque se vino de Venezuela. Su pareja estuvo como trabajando como repartidor en una gran superficie y en la actualidad percibe 373 euros de la ayuda del paro, cuenta, para precisar que uno de sus hijos necesita un tratamiento médico especializado.

“No trabajo ni tengo ayudas, porque vine de Venezuela y estoy en trámites de papeles”

Comenzó a vivir con su pareja e hijos en la casa de su suegro, pero “luego ya se sabe... el casado casa quiere”, por lo que buscaron una casa y encontraron la actual vivienda abierta y les ayudaron a establecerse. “Carecía de cocina; no tenía ni enchufe ni cables... ni lavamanos”. “No me ha llevado la carta en la que comunican el lanzamiento pero estamos todos el día pendiente porque sabemos que nos llegará”.

Jonathan y María Pilar, padres de un niño

“Nos dijeron que había una vivienda libre, vinimos y estaba la puerta abierta”. La frase se repite entre los moradores del edificio. Jonathan, de 29 años, reside en el piso con María Pilar, de 27, y su hijo, de 7. Llevan instalados en la casa desde hace un año y ocho meses. Al igual que el resto de sus vecinos, cuando llegaron la vivienda no tenía ni ventanas. En la actualidad, él –mozo de almacén que ha alternado con tareas de mantenimiento– está desempleado y sin percibir ninguna prestación, mientras ella desarrolla su actividad, a tiempo parcial, como limpiadora.

“Nos vino un primer lanzamiento que pararon hasta que acabe el estado de alarma”

También les llegó la carta por debajo de la puerta y se pusieron en contacto con Eloy Cuadras y Lolo Dorta, de las plataformas, que le asesoraron en los trámites a seguir. Le designaron un abogado de oficio y saben que en cuanto se levante el decreto que los protege por el estado de alarma se enfrentan a un lanzamiento inmediato, si bien nadie les ha hecho una oferta para que abandonen la vivienda. Son usuarios de los servicios sociales en El Sobradillo.

Una de las vecinas muestra la carta en la que le exigen que deje la vivienda que ocupa. María Pisaca

Yurena Padrón, casada y con dos hijos

Estaban viviendo en casa de su madre cuando un conocido les advirtió que había un piso libro en este edificio, donde se establecieron hace siete años, siendo una de las familias más antiguas en el inmueble. “Cuando llegamos, estaba la puerta abierta y toda destrozada”. Su esposo, técnico de máquinas de cerveza, lleva en el paro desde 2019, y solo perciben una PCI de 207 euros, aunque en la actualidad están inmersos en una reclamación para exigir una cuantía de 634 euros que les asiste en derecho, según lo que le han comentado.

“Mi hijo mayor tiene una discapacidad del 37% y solo cobramos 207 euros”

Padres de un niño de 12 años, con una discapacidad reconocida del 37%, y otro de 4, Yurena ha trabajado como charcutera y cajera, así como en la limpieza de hoteles y en convenios para el mantenimiento de las carreteras, con el Cabildo. Están a la espera de que pongan fecha a su lanzamiento.

Rayco Rodríguez, sin ayudas por no pagar el autónomo

Titulado como vigilante y trabajador en seguridad privada así como en la construcción y el mantenimiento de edificios, en el Covid se quedó en paro y, como no había pagado algunos recibos del seguro autónomo, no tiene derecho a cobrar ninguna ayuda, cuenta.

"Tengo pendiente de abonar el autónomo y no tengo opción a percibir ayudas"

Se estableció hace tres años en el piso con su esposa, tras arreglar la vivienda destrozada, y tienen un niño de 5 años. Ella, de 29, está parada aunque ha trabajado en el servicio de limpieza del Hospital de La Candelaria. El 12 de febrero le vino la orden de lanzamiento y ahora está parada.

Ana Belén Rodríguez y Yeray Ehedi Díaz

Viven en el edificio ocupado hace tres años y medio, también después de encontrar la puerta abierta y reparar la casa. Antes residían en la vivienda de su suegra, enferma, que necesita oxígeno para respirar.

"Mi pareja acaba de firmar un contrato de trabajo por un año"

Ella ha trabajado por épocas en la limpieza de La Candelaria y antes estuvo contratada en Ikea. Tienen dos niños, de 16 y 11 años. Su pareja acaba de firmar un contrato de un año en una empresa de maquinaria. No han recibido comunicación sobre su posible lanzamiento.

Jonathan Sánchez, de 26 años, y su pareja, de 20

Vecino de Añaza, Jonathan supo que había un piso libre a través de unos amigos; antes vivía de alquiler en La Laguna, cuanto trabajaba en la construcción. Ahora en desempleo, su pareja, de 20 años, estudia peluquería.

"No nos negamos a pagar un alquiler social, pero que sea a un precio razonable"

No le ha llegado la orden de lanzamiento pero ya tramita el informe de vulnerabilidad. “No nos negamos a pagar, pero queremos un alquiler social a un precio asequible; algo razonable”.

Mohamed Lamin, un ferrallista atrapado en la construcción

Procedente de su Guinea Conakry, su hija destaca que lleva ya en Canarias más de 32 años. “Es más canario que el gofio”, sentencia. Hasta el año 2011 estuvo trabajando en la ferralla como encofrador, pero estalló la crisis de la construcción, hasta el punto de que acabó viviendo en una cueva hasta que un conocido le dijo que había un piso libre en la Subida de El Tablero.

"Cuando la crisis entra por la puerta, el amor sale por la ventana"

Casado y tiene tres hijos, comparte su sabiduría: “Cuando la crisis entra por la puerta, el amor sale por la ventana”, como fue su caso. Ha dedicado todo su tiempo libre y su poco dinero en arreglar la casa, que no tenía ni ventanas interiores. Ahora espera la carta, y demanda un alquiler social para vivir tras años de trabajo, en una agónica espera para las familias de este edificio.