Silencios que hablan

En una larguísima semana de escándalo que afecta directamente a la línea de flotación del Gobierno, el presidente Sánchez, fuera de foco, ha elegido la política del mutismo. Tal vez porque tiene poco que decir a falta de conocer hasta dónde y hasta quién alcanza el tsunami de las compras en la pandemia: esa seta purulenta que creció a la fresca sombra de ministerios y comunidades cogidas hoy con las manos en la masa. Se ha producido un apagón mediático en las alturas, con Yolanda Díaz, desaparecida en combate, hablando de los horarios de los bares. Son silencios que hablan.

El Gobierno de España cometió un colosal un error al no centralizar la compra del material sanitario que necesitaba nuestro país. En plena desbandada los organismos públicos se lanzaron a conseguir material como fuera, con quién fuera y al precio que fuera. Ese disparate, ese desorden y esa descoordinación, no son propios de un Estado moderno. Y fue muy distinto de lo que hicieron otros países y de lo que impuso a España la Unión Europea con la posterior compra de las vacunas.

A Ábalos se le expulsó del partido por una responsabilidad in vigilando. Es decir, porque sin haber cometido ningún delito se le hace responsable de los que pudieron cometer otros cargos de su confianza. Esa regla se llevaría por delante a otra relevante gente del partido. Francina Armengol, la presidenta del Congreso de los Diputados, está saliendo cada vez peor en la foto. Su Gobierno balear compró mascarillas inservibles a los mismos empresarios de la trama Koldo, certificó la idoneidad del material pese a saber que era defectuoso y tardó más de tres años en reclamar la devolución de los casi cuatro millones de euros que se pagaron. Al ministro Illa le puede caer también la del pulpo por los precio y la calidad del material adquirido. Y, en el mismo frente, al ministro Torres le está subiendo el suflé de tres casos de compras de mascarillas realizadas en Canarias, con dinero perdido, documentos modificados y material inservible pero aceptado.

La nube tóxica de las mascarillas ha oscurecido el horizonte de las últimas negociaciones de la Ley de Amnistía que hasta ayer mismo era el gran tema de discusión en España. El borrador de pronunciamiento de la Comisión de Venecia, un comité asesor de la Unión Europea que vino a meter sus narices en el asunto, es un producto típico de Bruselas: una rábano con tantas hojas que cualquiera puede cogerlo por la que quiera. A todos los efectos no se moja sobre nada, excepto en criticar las prisas con las que se está tramitando la ley.

El Gobierno sufre un desgaste mediático y jurídico causado por el escándalo de las mascarillas. Y además enfrenta la decisión final sobre la Amnistía. Debe optar entre plegarse a Junts y reformar la futura ley a la medida de lo que exige Carles Puigdemont o perder su apoyo. Arrinconado por la caída en los sondeos electorales, a Sánchez solo le queda un camino posible: ceder. Garantizarse el apoyo catalán y resistir a toda costa. Pero su margen de maniobra se ha reducido drásticamente. Su destino ya no solo está en los tiempos políticos, sino también en los judiciales.

Suscríbete para seguir leyendo