Opinión | EL RECORTE

Crece el escándalo

El Ministerio de Sanidad, con Salvador Illa al frente, firmó con una empresa, al parecer conocida suya, FCS Select Products –el nombre inglés viste una barbaridad pero su administradora había sido condenada por estafa– cuatro contratos por importe de 263 millones de euros

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / EFE

En el aluvión de noticias que está generando el escándalo de la compra de mascarillas se mezclan verdades y rumores tóxicos, a partes iguales. Incluso se afirman cosas tiernamente perversas. Como un informe de la policía donde se señala que la relación de Abalos y Koldo García trascendía de lo profesional. Eran muy amigos, dicen. Vaya, gracias por revelar un secreto a voces. Lo que resulta públicamente relevante no es la amistad, sino quiénes cobraron y pagaron comisiones ilegales por la compra de material sanitario. Y si otros actuaron muy torpemente para que eso pudiera ocurrir.

Muchas empresas se abalanzaron sobre la pasta cuando sonó la campana de la happy hour de la pandemia. El Estado de Alarma anunció barra libre y copas gratis. Los aviones se fletaban por más de un millón de euros cada vuelo, las mascarillas se vendían a cinco, seis o siete veces su valor habitual y los equipos de protección o los respiradores se cobraban a cifras astronómicas. Demasiada sangre en el agua como para que no aparecieran los tiburones.

El Ministerio de Sanidad, con Salvador Illa al frente, firmó con una empresa, al parecer conocida suya, FCS Select Products –el nombre inglés viste una barbaridad pero su administradora había sido condenada por estafa– cuatro contratos por importe de 263 millones de euros. Si los datos que ofrece Vox Populi son ciertos, el precio de las mascarillas quirúrgicas fue de 52 céntimos de euro por unidad (suelen costar unos 5 céntimos por unidad). Era una cifra escandalosa. Sobre todo teniendo en cuenta que en ese precio no se incluían los costos del transporte, que hizo absolutamente gratis ese señor tan rico y tan odiado por las izquierdas comunistas españolas llamado Amancio Ortega, dueño de Inditex.

Lo pagado en Sanidad por esas mascarillas es siete veces mayor que lo que se abonó a la red que supuestamente se organizó en torno al asesor de Abalos, Koldo García. Los que vendieron a Illa se pusieron no solo las botas sino toda la zapatería. Y por cierto, en el Ministerio de Sanidad hay hoy 156 millones de mascarillas almacenadas, ya caducadas y por tanto inservibles, por valor de más de 85 millones de euros.

El nuevo escándalo son ahora las amistades peligrosas de Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez. No existe nada reprochable en que la responsable del IE Africa Center tenga entrevistas con empresarios. Pero si son los que pagaron comisiones, los que vendieron a los ministerios o los que recibieron después una lluvia de millones del Gobierno como rescate… Francamente –con perdón– se ve muy feo.

En la trituradora del escándalo las aspas destrozan todo lo que cae dentro. En el PSOE, desesperados, incluso han intentado acusar a Miguel Tellado y Alberto Núñez Feijoo de unos muy increíbles y delirantes contactos con Koldo García. Así de mal anda la cosa.

Hay comunidades autónomas socialistas que se negaron a comprar las mascarillas. Hay comunidades donde no se hicieron los contratos después de recibir la mercancía. Que no hicieron chapuzas. Que no admitieron gato por liebre. Que no pagaron hasta haber recibido el material. Esas comunidades son la peor noticia para las que sí lo hicieron.

El calvario se está haciendo largo para Pedro Sánchez y su Gobierno. Y amenaza ir a peor conforme vayan saliendo nuevas denuncias. Las llamas crecen y el fuego, por primera vez, amenaza a una silenciosa Moncloa.

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