La Sala Penal del Supremo fijó el 'patrón' de conducta judicial frente a la cuenta falsa de Xavier Trias, por Ernesto Ekaizer

Quizá por lo que respecta a la Operación Cataluña fuera pertinente poner el siguiente anuncio: "Se busca juez joven, creyente en la Justicia. Independiente. Objeto: el 'caso Operación Cataluña', el Watergate español. Indicios de criminalidad sobre uso partidista de la Policía y los servicios de inteligencia para desacreditar a personalidades, fiscales y políticos. Obstáculo: muros en la Sala Penal del Supremo y en la Audiencia Nacional. Un juez para un desafío".

Un dictamen del Congreso de los Diputados de noviembre de 2017, aprobado por la mayoría con el voto en contra del Partido Popular y de Ciudadanos en el último minuto, atribuyó al al Gobierno de Mariano Rajoy el montaje de una "policía política" dirigida desde el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz contra sus rivales políticos. Los indicios que durante cuatro meses examinó la comisión de investigación parlamentaria fueron ingentes. En el terreno judicial, otra serie de indicios no consiguió prácticamente resultados. En noviembre de 2016, la Sala de Admisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo resolvió inadmitir la querella presentada por Xavier Trias, alcalde de Barcelona hasta 2015, contra los periodistas de 'El Mundo', el ya exministro Fernández Díaz y el exdirector de la Oficina Antifraude, Daniel de Alfonso, por delitos de revelación de secretos, prevaricación y malversación de caudales públicos. El citado periódico difundió en 2014, en plena batalla contra el independentismo, que Trias -entonces alcalde- era titular de una cuenta bancaria con 12 millones de euros en la Union de Banques Suisses de Ginebra, información que Trías y la propia entidad desmintieron como falsa.

El entonces fiscal del Supremo, Antolín Herrero, informó en septiembre de 2016 que de los audios de las conversaciones entre Fernández Díaz y De Alfonso -celebradas los días 2 y 16 de octubre de 2014 en el Ministerio del Interior- para tratar maniobras ilegales contra personalidades independentistas, entre ellas Trías- "no presenta caracteres de los delitos imputados" en lo que se refiere a Fernández Díaz, y que "el intercambio de información podría estar amparado por los artículos que crearon la Oficina Antifraude y sin que se concrete la financiación pública que sustente la malversación que se presume".

El ponente debió ser el magistrado José Manuel Maza, quien fue nombrado fiscal general del Estado. Le sustituyó Andrés Martínez Arrieta, quien puntualizó que las conversaciones no revelaban secreto alguno y recordaba el trabajo de "intercambio de información" entre ambos organismos, Interior y la Oficina Antifraude.

"Sin embargo, no hay dato alguno que permita afirmar que como consecuencia de esa comunicación la información trascendiese más allá de la conversación entre ambos", señaló el auto que desestimó la querella de Trias. ¿El dato existía? Existía. Doce días después de la segunda reunión -también grabada- entre Fernández Díaz y De Alfonso, se filtró a 'El Mundo' una de las informaciones "estrella" que habían examinado en el Ministerio del Interior. Pero este pequeño detalle no impresionó a los magistrados de la Sala Segunda. Hay que dejar constancia de que la Sala de Admisión estaba formada por el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta (ponente), Miguel Colmenero, Andrés Palomo y Ana Ferrer.

La desactivación de la información falsa por parte de Trias y su abogado, Xavier Melero, provocó una verdadera movilización de las cúpulas policiales. Tanto la Dirección Adjunta Operativa (DAO) como Asuntos Internos y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) intentaron tapar la filtración, proteger a sus periodistas amigos y evitar que el asunto fuera objeto de investigación seria en los juzgados ordinarios. El jefe de la UDEF, comisario principal Manuel Vásquez Lopez envió un oficio a la Fiscalía Anticorrupción para aparentar una "investigación" en el que destacaba que los datos estaban en un informe, en idioma francés. Dicho documento se cursó más tarde, traducido, al juzgado de instrucción número 16 de Madrid (ver reproducción). Allí daba cuenta de un informe de 31 folios en los que la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción incardinada en la UDEF. Es, pues, el informe que se ha conocido este lunes 21 de enero. Los periodistas fueron absueltos después de celebrarse el juicio penal en la Audiencia de Madrid.

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