Empleo público: 1x4

En Canarias había el pasado mes de julio 151.520 empleados públicos. Según fuentes del Gobierno nacional, que ha cambiado de metodología para contarlos, 92.378 de esos empleos son regionales. Lo llamativo no es el número, aproximadamente uno por cada diez trabajadores canarios, sino el hecho de que la contratación de empleados públicos haya crecido de forma desaforada en los últimos años. Desde julio de 2018 a julio del año pasado, el número de empleos públicos en Canarias se ha multiplicado, creciendo en un 26 por ciento. Ese aumento se ha producido fundamentalmente en la etapa de Gobierno de Torres, que lo atribuyó a las necesidades provocadas por el Covid.

No parece que sea cierto: Canarias y Baleares son las dos regiones en las que más ha aumentado el personal público en esos años, y aquí ha crecido el doble que en Madrid o en Cataluña, y más del doble que en Extremadura y en Andalucía, dos de las regiones con las que compartimos récords en materia de pobreza y desigualdad, y en las que también se contrató gente para atender las necesidades sanitarias y educativas surgidas con el Covid.

En Canarias ha crecido el personal por lo mismo que se ha estancado la inversión: porque es mucho más fácil contratar personal laboral que ponerlo a trabajar para gastar el dinero. Pero esa situación de contratación desbocada que se ha dado en Canarias durante el Gobierno de Torres también se ha producido en el Gobierno nacional en un período en el que todos los años que se computan son años de administraciones de Pedro Sánchez, medidos además por el Gobierno de Sánchez. En el sector público estatal hoy trabajan algo más de medio millón de personas, la mitad funcionarios y la otra mitad militares, guardias civiles y policías. Si a este aumento de lo público estatal se suman las ofertas de empleo aprobadas por Sánchez, la estadística se dispara: desde que es presidente se ha producido un incremento de casi 400.000 empleos públicos, alrededor de cien mil cubiertos con oferta pública de empleo. No es moco de pavo.

Incluso el propio Gobierno español parece desconcertado por un crecimiento que supera todas sus previsiones y expectativas. El boletín estadístico de personal al servicio de las Administraciones Públicas –el documento más fiable de que se dispone para medir las plantillas– fue actualizado con nueva metodología por Función Pública, siguiendo instrucciones del recién llegado ministro Escrivá. Esta semana, por primera vez desde que se publica, incluye los contratos inferiores a seis meses –los hay a miles en Sanidad– y el personal en formación. Con el nuevo sistema de cómputo han aparecido 224.000 trabajadores con contratos de menos de medio año y 70.000 en formación o en prácticas. Eso ha permitido a Escrivá desvelar la existencia de 300.000 trabajadores públicos ocultos, lo que mejora los datos de contratación –una buena noticia cuando se ofrecen las cifras de empleo– pero convierte en motor de ese empleo el dinero público, y eso no es tan buena noticia: Escrivá lleva la cifra de empleados pagados con recursos públicos a un máximo histórico que supera los tres millones.

Como ocurre siempre, el conocimiento de esta nueva decisión ha provocado automáticamente la respuesta de sectores en liza. Los sindicatos de funcionarios niegan la mayor: que afloren decenas de miles de interinos de los que no se tenía constancia estadística no significa que el Gobierno haya creado empleo nuevo, nos dicen. En la Administración estatal se han perdido casi 40.000 empleos desde 2013, y además las plantillas están muy envejecidas, aseguran. Eso es cierto, pero es un problema diferente, es mezclar churras con merinas: los sindicatos, reducidos cada vez más a oficinas de defensa de los trabajadores del sector público, recuerdan que España está aún a dos puntos de la media europea en lo que a empleo público se refiere. Probablemente han olvidado meter en la media los últimos 300.000 sacados de la chistera por Escrivá, pero esa no es la cuestión clave. El número de empleos que debe sostener el Estado tiene poco que ver con las medias de otros países, y mucho más con nuestro propio presupuesto, nuestra presión fiscal, y –sobre todo– la tasa europea de productividad. Con los datos actuales, muy por debajo la productividad nacional de la media europea (no digamos la canaria), los sindicatos pelean reforzar aún más las plantillas de sanidad y educación –los dos sectores que más han crecido estos años– y negociar ya las subidas salariales de 2025, porque el plan plurianual firmado hace tres años concluye este 2024.

Y todo ese ruido impedirá probablemente preguntarnos en qué mejoran los servicios que presta el sector público. En Canarias, con un trabajador más por cada cuatro que había, no parece haber mejorado nada mucho.

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