No nos caerá esa breva

A las primeras de cambio, la izquierda ha salido a bayoneta calada contra la propuesta, aún en grado de humo de pajas, de rebajar la fiscalidad a las rentas del trabajo en las Islas Canarias. Según ellos, beneficiaría a los ricos, que son los que más pagan.

Así para empezar no está mal. Es todo un hito que los progresistas consideren que los ricos trabajan, cobran un salario muy alto y pagan sus impuestos. Porque uno –fíjense lo ignorante que es uno– escuchando atentamente a la izquierda pensaba que los ricos no pegaban un palo al agua y que no se les ocurría cobrar una nómina, sino vivir de los beneficios de sus empresas multimillonarias, fumándose un puro y bebiendo champán viendo los atardeceres.

El problema de cierta izquierda es que piensa –con alguna razón– que la gente es ontológicamente idiota. Los que pagan las rentas del trabajo en Canarias, como en el resto de este puñetero país, son las clases medias. Considerar ricos a quienes cobran entre cuarenta o sesenta mil euros anuales supondría que los asesores de los grupos parlamentarios –también los de izquierda–, los diputados, los consejeros, viceconsejeros, directores generales y resto de la pesca burocrática son ricos. Si ellos creen que es así, no les voy a llevar la contraria. Pero me temo que a los millonarios no les vemos ni la punta del rabo a través de una nómina. Y el peor desgraciado es el que se cree importante sin serlo.

Rebajar la fiscalidad a las rentas del trabajo en Canarias significaría dar un chute en vena, directo al bolsillo de los currantes de las islas. Pasaría como ahora ocurre en Ceuta y Melilla y La Palma, donde los residentes pagan un 60% menos en el Impuesto sobre la Renta. Sin intermediarios, sin pasar por una administración incompetente y lenta y por gestores incapaces. Sería un alivio fiscal que multiplicaría la capacidad adquisitiva de los miserables salarios de las islas y compensaría de verdad los sobrecostos de la lejanía y la insularidad.

¡Claro que su aplicación tendría problemas! Madrid no nos va a dejar ni plantearlo. Hacienda solo permite excepciones fiscales a los vascos y a los catalanes. Y todos sabemos por qué. Después, hay que considerar que Canarias podría perder un pastón en términos de recaudación por la merma del 50% que le toca de la recaudación del IRPF. ¿Y cómo se pagarían entonces los sueldos de esos cientos de cargos –ricos– que viven de las nóminas públicas y los ochenta mil empleos de nuestra astronómica administración autonómica?

Un último elemento de incertidumbre, del que alertaba José Miguel González cuando era consejero de Hacienda, allá por el Cretácico, sería que si se rebajara el IRPF en Canarias se produciría un aluvión de gente que acudiría para residir en las islas, con lo que habría que sacar la rebaja fiscal acompañada de una ley de residencia. En resumen: sería una medida extraordinariamente potente, pero complicada de lograr. No nos caerá esa breva. Pero la mayor estupidez que se le puede ocurrir a uno para descartarla es decir que beneficia a los ricos.

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