Unidad para afrontar el problema migratorio

El Gobierno de Canarias firmó el pasado jueves un Pacto Canario por la Migración con todos los partidos representados en el Parlamento regional, excepto Vox, que optó –como era de esperar- por desmarcarse del acuerdo. El acuerdo de los partidos solicita que el Estado recupere la Comisión Delegada de Asuntos Migratorios y establezca un sistema de coordinación permanente con las regiones y ayuntamientos. En el documento se solicita también la mejora de la atención de personas migrantes y la creación de una red de acogida estable repartida por todo el país que permita y acelere el traslado de migrantes de Canarias a otras regiones, así como la creación de un fondo específico para financiar los servicios municipales y regionales afectados por la atención a migrantes. Ese fondo podría resolver los problemas a los que se ha enfrentado El Hierro con la arribada masiva de las últimas semanas, o incluso poder atender la petición de la alcaldesa de Mogán de que no sea el municipio quien deba hacerse cargo pagar el entierro de los ahogados. Se dedica en el texto también una especial atención al problema de los menores no acompañados en un momento en que las islas acogen ya más de cuatro mil niños y jóvenes. El acuerdo solicita que se cumplan de una vez por todas los compromisos adquiridos por el Gobierno impulsando un mecanismo de acogida entre todas las comunidades y modificando la legislación para que la atención a menores extranjeros no acompañados deje de ser de obligación exclusiva para las comunidades a las que arriban.

Tras la firma del acuerdo, se esperaba que el documento, también respaldado por el PSOE, se trasladara con carácter inmediato a Madrid, pero ya se sabe que las cosas de Palacio van despacio: se ha decidido ahora no enviarlo hasta que no produzca el debate de investidura y la constitución del nuevo ejecutivo. Mientras tanto, lo que se plantea –aunque sin unanimidad al respecto, según parece– es trasladar el pacto al Parlamento regional, para que sea votado como acuerdo parlamentario, y remitido entonces a Madrid para que se asuma por ley el reparto regional de los menores migrantes no acompañados.

No es el único frente que el Gobierno abre para intentar dar respuesta a la situación cada vez más alarmante de lo que ya podría considerase una crisis migratoria de proporciones cercanas a la de 2006, la mayor sufrida por las islas en su historia reciente. El Consejo de Gobierno de ayer fue informado de la carta remitida por Fernando Clavijo a Pedro Sánchez, solicitándole que pida a la Unión Europea (podrá hacer como con las lenguas del Congreso, pedírselo a sí mismo, y se ahorra burocracia) que active lo más pronto posible el Mecanismo de Protección Civil europeo para responder al fenómeno migratorio.

El Mecanismo cuya activación propone Clavijo supone la puesta en marcha de un conjunto de acciones y medidas destinadas a reforzar la cooperación entre la Unión y sus Estados miembros, en materia de protección civil, prevención y respuesta ante catástrofes y gestión de riesgos. Se trata básicamente de dos cosas: la primera es el sistema rescEU, una reserva europea de aviones y helicópteros de extinción de incendios, de evacuación médica, y equipos médicos y hospitales de campaña para emergencias sanitarias. La segunda es un presupuesto de 3.320 millones de euros, de los que las dos terceras partes son aportados por fondos Next Generation. Desde que se aprobó en 2001, el Mecanismo ha supervisado más de 400 desastres y ha recibido más de 250 peticiones de asistencia. Durante los devastadores incendios forestales de 2017, se activó para prestar ayuda a varios países del sur de Europa: Albania, Portugal, Francia, Italia, Grecia y Montenegro, a los que se enviaron bomberos, vehículos y aviones contra incendios. Grecia pidió asistencia tras el hundimiento de un petrolero que contaminó el Pireo en 2017. Y ha sido utilizado más allá de las fronteras europeas para hacer frente a las inundaciones de Perú, el terremoto de México o los huracanes del Caribe. En 2015, Croacia, Grecia, Hungría, Serbia y Eslovenia solicitaron por primera vez asistencia del Mecanismo para afrontar la masiva llegada de migrantes y refugiados a sus territorios. Existen, pues, precedentes a la petición de Canarias.

El Gobierno actual de Sánchez, en funciones, no puede iniciar el trámite parlamentario del pacto por la emigración para forzar un cambio más solidario y justo para con los menores en el reparto territorial. Pero la presidencia europea de Sánchez podría perfectamente servir para hacer que la UE active su Mecanismo de Protección Civil, ponga en funcionamiento sus medios en Canarias, y eso ayude a salvar las miles de vidas que se pierden en el mar frente a nuestras costas.

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