Opinión | A babor

Agujeros

La recaudación superó en el primer semestre de este año los mil millones, casi un 15% más que el año pasado, unos 135 millones más, y sólo en medio año. Si sigue esa tendencia -y es perfectamente probable que siga-, el IGIC continuará batiendo sus propios récords de recaudación y moverá, probablemente, dos mil millones de euros este año. Una pasada. Sería un espléndido momento para cumplir la promesa realizada durante la pasada campaña electoral por los partidos que sostienen al Gobierno -Coalición y el PP- de reducir el IVA canario del 7% al 5%. Sin embargo, la bajada prometida no está ni se la espera. Clavijo anunció poco después de su toma de posesión que habría que modular la rebaja fiscal prometida, y lo que sí ha hecho ha sido aprobar la bonificación de un 99,9% en el impuesto de sucesiones y donaciones, dejándolo en la práctica como algo meramente burocrático, un pago del 0,1%, con un valor de fijación de trámite, no recaudatorio. La bonificación le supone al Tesoro canario pérdidas de ingresos por valor de 18 millones de euros. 

No es una gran cosa, comparado con lo que supondría reducir el IGIC en dos puntos, pero supone un alivio para muchos ciudadanos, especialmente para todos los que se ven obligados a rechazar las propiedades cedidas por sus deudos, porque no pueden hacer frente al pago de impuestos. Es un problema más extendido de lo que se piensa, en Canarias, el año pasado, fueron 2.000 personas las que renunciaron a heredar.

Desde un punto de vista social, la medida, aprobada el lunes por el Consejo de Gobierno, es inteligente y útil. Permite a miles de herederos superar el impacto sicológico de verse obligados a renunciar al legado de sus padres y resuelve la evidencia de la desigualdad que existe entre Canarias y otras regiones españolas donde la herencia está prácticamente exenta, como ahora vuelve a ocurrir aquí. La izquierda ha sido muy torpe en el manejo de esta cuestión, recuperando y manteniendo el impuesto donde ha gobernado. 

Para el Gobierno de Clavijo supone, por tanto, apuntarse un tanto y disimular el incumplimiento de su promesa de reducir el IGIC, una decisión que Clavijo y Domínguez asumieron como inevitable nada más llegar al Gobierno y para la que ahora han encontrado la excusa perfecta: el agujero de alrededor de 500 millones que el anterior Gobierno dejó en las cuentas de Sanidad, básicamente como resultado del mayor gasto en personal y el aumento de las compras farmacéuticas. Es probable que no se trate del único agujero y que exista una distorsión entre las previsiones de gasto y el gasto efectivamente realizado también en Educación. 

El nuevo Gobierno responsabiliza al anterior de mala gestión y es cierto que el dinero que se ha gastado de más no ha redundado en absoluto en una mejora de los servicios. Pero es también cierto que todos los gobiernos desvían recursos en Sanidad y en Educación, entre otras cosas porque utilizan una técnica presupuestaria tramposa. Es frecuente que en los presupuestos no se consigne como previsión de gasto para un ejercicio el gasto efectivamente realizado el año anterior, sino el previsto. Así, todos los años se producen desviaciones importantes. Las hubo en el Gobierno de Clavijo (provocaron la crisis en Sanidad que acabó dando al traste con el Gobierno de Coalición y el PSOE) y las ha habido en todos los gobiernos. Es algo recurrente y que en Hacienda saben hasta los becarios. Lo que no es tan frecuente es que la cantidad sea tan enorme, un cinco por ciento del presupuesto global, más del doble que en ocasiones anteriores.

Quizá por eso el nuevo Gobierno ha preferido señalar al anterior para endosarle la responsabilidad última en una decisión que ya estaba tomada, que es la de retrasar la prometida rebaja del IGIC. El ex presidente Torres se ha revuelto y ha acusado a Clavijo de falsear la vedad, quitándole importancia al agujero en Sanidad: «Aquí nadie ha encontrado nada, los ajustes presupuestarios son normales todos los años, especialmente en el área de Sanidad», ha dicho muy ofendido.

Todo eso es el teatro de siempre: cuando Torres asumió el Gobierno, se pasó hasta la pandemia justificando sus errores en lo que se había encontrado y responsabilizando a Clavijo de los males del mundo, amparándose en «la herencia recibida» para explicar sus desajustes e ineficiencias. Ahora Clavijo hace exactamente lo mismo.

No debiera. Por decisión de su Gobierno, la herencia está de nuevo exenta de carga. Lo mejor sería que el Gobierno y la oposición dejarse de tirarse muertos a la cara y se pusieran a trabajar.