Opinión | A babor

La Gomera: el penúltimo cero

Central eléctrica de El Palmar, en La Gomera.

Central eléctrica de El Palmar, en La Gomera. / El Día

El Gobierno regional quiere trasladar ocho grupos electrógenos a La gomera para reponer el suministro eléctrico en la isla. Y Endesa –tras llevar a la isla dos grupos– parece que está en la carrera de trasladar otros 28. Es todo un detalle que el Gobierno y Endesa se metan en una carrera a ver quién resuelve antes el problema, pero a lo peor es sólo una carrera de declaraciones: la previsión de Endesa era recuperar el cero provocado por el incendio de la central de El Palmar, donde ardieron ocho de los diez grupos que alimentan la central, en la noche de ayer domingo. Aquí todo el mundo ha hecho lo que procede: Casimiro quejarse de la situación, el Gobierno regional ofrecer su ayuda y Endesa prometer resolverlo. Pero mientras tanto, los más de 15.000 clientes de Endesa en la isla se quedaron sin luz. Ayer tarde sólo funcionaban las instalaciones que contaban con grupos propios, el Hospital Insular, el puerto y el aeropuerto. Pero las comunicaciones telefónicas no habían logrado ser recuperadas. Endesa dejaba caer que lo más probable es que la normalidad empiece a recuperarse hoy. Y es difícil explicar a los gomeros que en pleno Siglo XXI se pueda producir una caída total de suministro eléctrico, que tarde 24 horas –en el mejor de los casos– en estar al menos parcialmente resuelto.

O que Endesa no explique cuáles son las causas de ese incendio que ha afectado a ocho de los diez grupos electrógenos de la central. Lo explico yo: los grupos están viejos, pero el Ministerio no permite a Endesa cambiarlos, porque la normativa energética antimonopolio lo impide. Hay más: hace casi dos décadas que –a pesar de haber dinero para ello– en la isla no se realizan las inversiones necesarias para garantizar el funcionamiento de unas instalaciones obsoletas y sobrecargadas.

Y no es una situación exclusiva de La Gomera: en toda Canarias Endesa está a su negocio, que es producir y vender electricidad, y Red Eléctrica al suyo: ganar todo lo que pueda llevándola desde las centrales a los hogares e industrias de las islas. Nadie recuerda ya las promesas del Ministerio de Industria y Energía (antes se llamaba así), hace ahora ocho años. En 2015, en compañía del presidente de Red Eléctrica Española, el ministerio se comprometió a empapar con una lluvia de inversiones el sistema eléctrico canario. Se anunció el compromiso de invertir en las islas un total de 1.300 millones de euros, que se destinarían a mejorar los sistemas eléctricos insulares. La previsión era que de ese dinero, hasta mil millones, se destinara al desarrollo de infraestructuras en la red de transporte, entre ellas los tendidos de cable submarino para conectar La Palma y La Gomera con Tenerife, y mejorar la conexión de Fuerteventura con Lanzarote. El resto, hasta 300 millones, serían para incrementar la capacidad de producción del sistema. Casi la tercera parte de los 4.500 millones previstos en la Planificación eléctrica a 2020, que aprobó el Gobierno Rajoy en 2015, se destinaría a las islas, incluyendo más de una cincuentena de proyectos en infraestructura energética a desarrollar durante el quinquenio 2015-2020-

Pero nadie se ha ocupado de hacer la cuenta de esos millones. Los últimos años, el Gobierno regional ha estado exclusivamente centrado en la pelea del gas, una opción más ideológica que técnica, ajena a las decisiones de la UE, que retrasa el avance efectivo en la descarbonización de las islas –el gas contamina menos que el fuel que se utiliza en nuestras viejas centrales-; en comprar cochitos eléctricos alimentados por energía producida con fuel; y en prometer a la población inversión en generación verde, que ni llega ni se le espera. De hecho, el Gobierno regional tendrá que devolver dinero por no haberlo invertido.

Y en materia de infraestructuras, cada isla tiene una problemática específica: en La Gomera son las instalaciones viejunas, pero Tenerife arrastra además de la obsolescencia en generación, un grave problema de transporte, consecuencia del impacto que produjo en el imaginario isleño la gigantesca protesta contra el tendido de Vilaflor. Tras el parón de 2008-2014, fruto de la crisis económica, el consumo ha aumentado sin que mejore ni el sistema de generación – según datos de la propia Red Eléctrica en Tenerife hay un déficit de potencia de ¡¡85 megavatios!! y en Gran Canaria de ¡¡120!!–, ni una red saturada, con tráficos que superan su capacidad, y que para ampliarse y hacerse más eficiente precisa de obras que no sólo requieren de licencias municipales y el decidido apoyo de los poderes locales, también de la modificación de una normativa antimonopolio en vigor, que es inaplicable en Canarias e impide en la práctica –de hecho lo hace imposible- que las eléctricas puedan renovar sus equipos viejos o caducos. Parece increíble que algo así pueda ocurrir, pero de hecho eso es exactamente lo que pasa.

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