Armonización fiscal, renta y singularidad canaria

Cada cierto tiempo surge en España el debate de la armonización fiscal entre territorios que dispara las alarmas en Canarias por lo que esa práctica puede suponer de degradación de los sistemas fiscales singulares como el REF y, por tanto, la pérdida de parte de las compensaciones tributarias al Archipiélago por los costes de la lejanía, la insularidad, la fragmentación territorial, las dificultades para obtener agua y energía o la falta de materias primas.

En ocasiones el mismo concepto de armonización fiscal tiene diversas interpretaciones en función del objetivo que persiga o, a veces, de la intencionalidad política con que se lance o se contemple desde cada territorio o incluso desde cada formación política.

Una cosa es tratar de detener la competencia desleal entre comunidades autónomas para atraer inversiones y capitales de otras, lo que se conoce como dumping fiscal, y otra muy distinta es impedir que cada gobierno autonómico organice y gestione aquellos impuestos propios, o el tramo autonómico de los estatales que están cedidos, en función de sus prioridades económicas y sociales.

Hasta la fecha, muchos de estos debates no se han sostenido sobre verdaderas y operativas campañas de armonización fiscal y sólo las decisiones de algunas autonomías como Madrid o Andalucía para eliminar el Impuesto de Patrimonio o el de Donaciones y Sucesiones para los familiares más cercanos ha motivado verdadera controversia pública. Pero está pendiente en este sentido conocer qué tipo de armonización fiscal se podría incluir en el próximo sistema de financiación autonómica, que dependerá en todo caso de quien ostente el gobierno a partir del próximo año dado que ese melón ha quedado pendiente para la próxima legislatura.

Sin embargo, en el actual contexto de inflación y de incremento del IPC, las Comunidades Autónomas, en el marco de la campaña de liquidación del Impuesto sobre la Renta de la Personal Físicas (IRPF) que se acaba de iniciar, han planteado distintas deducciones fiscales para paliar los efectos de la subida de precios sobre las economías personales y familiares que han incrementado notablemente la disparidad de las cargas impositivas entre unas autonomías y otras.

Al mismo tiempo, entre otras deducciones por parte del Estado, entra en vigor un impuesto que va en un sentido exactamente opuesto, como es el impuesto para los patrimonios de más de tres millones de euros, del que es deducible lo pagado por el impuesto del patrimonio en las comunidades donde no se ha eliminado o reducido el impuesto de patrimonio, de manera que debe actuar básicamente como una medida armonizadora para neutralizar las medidas tomadas en las regiones antes mencionadas.

Esta diversidad de enfoques forma parte de la autonomía fiscal reconocida en los distintos niveles de la administración: es un instrumento básico que, en las parcelas sobre las que tienen o se les ha cedido competencias, les permite implementar distintas políticas que los ciudadanos pueden aprobar o desautorizar con su voto. Es decir, uno de los elementos que permite el funcionamiento de un Estado autonómico con contenido político, más allá de una descentralización administrativa.

Canarias tiene que estar vigilante en todo momento sobre la evolución de la fiscalidad en el conjunto del Estado y de la que vaya produciéndose en los niveles autonómicos por su posible afectación al diferencial reconocido, implícita o explícitamente, en el REF, defendiéndolo y exigiendo su respeto y cumplimiento y que no se pierda ni un milímetro en este sentido entre la maraña de deducciones o medidas de armonización fiscal o rebajas tributarias que se aprueben en el resto del territorio nacional, que con frecuencia benefician a regiones con mayor deuda y demandantes de un mejor trato en el sistema de financiación autonómica.

Pero al mismo tiempo, tiene que actuar de forma quirúrgica en su propio ámbito competencial para que la población pueda beneficiarse de medidas que en este marco económico tan particular (buenos datos macro de crecimiento y empleo, pero pésimos en lo micro por la inflación y los tipos de interés) son tan necesarias.

Esta campaña del IRPF está dando ocasión al actual Gobierno regional del pacto de las flores de despedir la legislatura con un amplio abanico de deducciones que tienen sentido precisamente para armonizar, valga la expresión aquí en otro sentido, el coste de la vida para los ciudadanos, con el alto nivel de ingresos de las administraciones por tres factores distintos y combinados: crecimiento económico, el efecto de la subida de precios en la recaudación de impuestos indirectos y el incremento del número de trabajadores y de los salarios y su efecto sobre la propia recaudación de IRPF.

Con datos como el incremento de un 36,6 % de la recaudación de la hacienda estatal en Canarias (3.711 millones) durante el último año respecto a 2021, o el récord de ingresos por IGIC (3.116 millones), con 19 % más que antes de la pandemia, la conclusión no puede ser otra que la devolución de parte de esos beneficios a la sociedad a través de las deducciones fiscales, lo que no significa avalar la teoría de los ultraliberales de que la riqueza de un país es más productiva quedándose en los bolsillos de los ciudadanos.

Lo que sí exige esta situación de altos niveles de recaudación de las administraciones y situación social sensible por la inflación y los tipos de interés es extremar la eficacia en la gestión tributaria y un nivel de actuación sobre los impuestos que garantice la solidaridad y la redistribución de la riqueza, con deducciones y bonificaciones dirigidas de manera muy específica, a través de una auténtica cirugía fiscal, a aquellos sectores más necesitados.

Las políticas de rebajas impositivas han ido vinculadas a estrategias de reducción del sector público por la vía de su asfixia financiera o a beneficios concentrados en las rentas más altas con efectos sobre el crecimiento de la actividad económica, a menudo más hipotéticos que reales. Las de aumento de la presión fiscal (general, o selectiva en lo que respecta a las rentas altas) van asociadas a programas de gobierno de izquierdas. Pero en un contexto de incremento de precios a través de los impuestos indirectos sobre el consumo que afecta desproporcionadamente a las rentas más reducidas, se plantea otra necesidad, la de reducir la presión fiscal actuando sobre los tramos más bajos del IRPF.

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