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editorial

Garantizar la conectividad aérea de los canarios

Al igual que en otros ciclos de mercado coincidentes con fechas festivas, las tarifas aéreas en las conexiones Península-Canarias vuelven a ser motivo de debate y de iniciativas políticas en pos de un abaratamiento de las mismas. Las fluctuaciones de los billetes con alzas de hasta un 18% a medida que se acercan los días claves de la Navidad han abierto con el Ministerio de Transportes, a instancias de la Consejería del Gobierno canario con competencias en la materia, una vía de diálogo con el objeto de valorar la viabilidad para establecer el llamado mecanismo de Obligación de Servicio Público (OSP). La fórmula trataría de paliar los efectos pico de precios, mayormente centrados en isleños que no pueden viajar al Archipiélago para celebrar las Navidades con sus seres queridos, si bien resultaría generalizable para todos los que se encuentran fuera de las Islas Canarias.

La herramienta de OSP es utilizada por los Estados miembros de la Unión Europea (UE) para garantizar, de forma prioritaria, la cohesión territorial. Su marco de aplicación se encuentra en aquellas rutas aéreas en las que las reglas generales del libre mercado no garantizan una adecuada movilidad de los ciudadanos en términos de disponibilidad o precios asignados.

La focalización del motivo de la subida de precios como elemento natural de la oferta y la demanda conlleva, en principio, la idea de que, como en cualquier otro procedimiento de adquisición, a más escasez mayor precio.

Una correlación que explica, desde un punto de vista empresarial, la aceleración de las tarifas a medida que se acercan más los días álgidos de la Navidad. El comportamiento del mercado, por tanto, sería un reflejo de la acción de los consumidores, si bien las aerolíneas tendrían autonomía suficiente para alterar tácticamente el equilibrio con un lanzamiento de plazas, por poner un ejemplo.

Las variantes sobre cómo puede influir una compañía aérea en la fluctuación de los precios pueden ser muchas. En el caso de los traslados desde la Península a Canarias, debería ser el Observatorio de Precios, órgano del Ministerio de Transportes, el encargado de dilucidar si se está produciendo o no alguna especulación que perjudica al bolsillo de los canarios no residentes. Una información a la que debería tener acceso pleno el Ejecutivo regional para evitar suspicacias y dada la alarma que provoca el alza de tarifas en un contexto inflacionista.

Por su parte, las empresas argumentan precisamente que no son ajenas a esta situación de inestabilidad, con una crisis energética que incide en los costes del combustible y por derivación en una subida de precios de los billetes aéreos.

La insularidad y el carácter ultraperiférico constituyen razones más que válidas para atender las quejas de los que no pueden estar con sus familias en fechas tan señaladas. Hay un problema de cohesión territorial, pero también de cohesión social ante las dificultades para una reunificación familiar. ¿Hay espacio para intervenir? La normativa de Obligación de Servicio Público (OSP) destaca que, bajo condiciones muy tasadas, como excepción al régimen general de libertad de acceso al mercado y de fijación de precios, los gobiernos pueden imponer unas condiciones mínimas que las compañías aéreas que quieran operar en la ruta tendrán que satisfacer, y que se refieren a precios máximos, número mínimo de vuelos, capacidad mínima (asientos) y horarios de operación, entre otras cuestiones.

Ante un quebranto que afecte a los usuarios, la misma normativa añade: «Cuando ninguna compañía aérea está dispuesta a dar cumplimiento a las condiciones impuestas en la ruta, el Estado puede entonces adjudicar la prestación del servicio en exclusividad y a través de un proceso de licitación pública a una compañía aérea a la que se compensará por el déficit económico en el que incurra por la prestación de los servicios».

Pero el debate de una OSP sí o no necesitaría aclarar de manera meridiana quiénes y cuántos son los canarios afectados por no poder afrontar su desplazamiento a las Islas. Serían los que por carecer de la condición de residentes no pueden disfrutar del descuento del 75%. A este respecto, no faltan voces del sector empresarial que consideran más viable establecer unas ayudas sociales a los afectados, en vez del recurso de una OSP que podría perturbar el libre mercado. Una fórmula alternativa, que, en todo caso, encierra la complejidad de establecer quiénes serían los beneficiados.

Pero no se trata de la única objeción. En un entorno de competitividad autonómica en la obtención de mejoras presupuestarias, la incorporación de una OSP para los canarios no residentes podría poner en peligro la conquista del descuento del 75% para los residentes en el Archipiélago.

Una mejora indiscutible para el bienestar de los canarios, pero a la que también afecta por partida doble el alza de precios: el porcentaje del 25% que sale del bolsillo del usuario aumenta, mientras que el Estado, por su parte, se ve en la obligación de incrementar en sus presupuestos la subvención a las compañías aéreas, que cobran en diferido el 75% restante del billete.

Más allá de los intereses en liza, los representantes de las fuerzas políticas del Archipiélago no pueden renunciar a explorar meticulosamente la búsqueda de mejoras para la conectividad aérea de los canarios. De la misma manera, deberían mantenerse atentos a las fluctuaciones bruscas en los precios de los billetes, no solo por los que tienen que retornar en fechas decisivas, sino también por las alteraciones que las mismas desencadenan en el mercado turístico, mayormente el de origen peninsular.

Siendo todo ello de importancia extraordinaria, lo es más la necesaria conexión para no retrasar el desarrollo económico y cultural de los canarios. El traslado aéreo en el caso de las Islas Canarias no es solo vital para el disfrute del ocio. La integración y trayectoria inmediata de Canarias depende en gran parte de la mayor o menor facilidad para no quedar encerrados en la insularidad.

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