En el junio que acaba nos sorprendió la repetida y chulesca salvajada de dos atentados en los hermosos altos de La Palma. Los objetivos de los delincuentes que los perpetraron eran lisa y llanamente advertir o, mejor, amenazar a las administraciones responsables de la protección de la naturaleza y a las personas responsables de esas áreas a nivel autonómico e insular.¡
Entramos en harina. La noche del viernes 11, un desaprensivo –solo o con algún secuaz o secuaces de su calaña– mutiló docenas de tajinastes rosados (un hermoso endemismo descrito por el botánico Wolfredo Wildpret) alineados en la Carretera del Roque de los Muchachos. A la machada de los indeseables se unió una pintada contra la consejera insular de Medio Ambiente y la revelación del motivo: la cobarde protesta ante la imprescindible y gradual eliminación de los arruis que, tras su desacertada importación en el franquismo, constituyen desde hace décadas una seria amenaza para la vegetación isleña.
Con mayor sofisticación, el mismo delincuente –esta vez con compañía comprobada– reincidió en su campaña contra el medio natural la madrugada del 21 de junio, cuando arrojó plantas de la especie invasora conocida como rabo de gato en una parcela vallada y protegida con ejemplares de Pico de Fuego –Lotus pyrantus– otra especie exclusiva en proceso de recuperación desde hace varios años. Para agravar los daños, los miserables quisieron extender la plaga del Pennisetum setaceun, la gramínea africana que desplaza a nuestra flora autóctona, de una zona montuosa en los altos de Santa Cruz de La Palma que, hasta la fecha, se había librado de esta plaga.
Miguel Angel Pérez, viceconsejero de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica calificó con categórica precisión lo ocurrido: “Son actos de terrorismo ambiental sin ningún sentido y ataques al patrimonio de todos los canarios que no debemos permitir”.
Y María Rodríguez Acosta, la joven y eficaz política señalada en el primer ataque, declaró que estos actos miserables, “lejos de amedrentarnos, nos animan a seguir trabajando de forma más contundente, si cabe, a favor de la conservación de nuestro medio natural”.
Lo que importa ahora –porque los indicios son reveladores de la autoría– es que se localicen, detengan y juzguen a los responsables (tarea en la que puede y debe colaborar por decencia y patriotismo la Federación de Caza, que se desmarcó de los indeseables), que se refuercen las normas de protección de la privilegiada naturaleza canaria y que los delitos ambientales sean castigados con el máximo rigor tanto en las penas como en la obligatoria indemnización económica por los daños.
