En circunstancias especiales por los efectos de la pandemia y la situación del rey emérito, se cumplen noventa años de la proclamación de la II República Española, que arrancó de modo alegre y pacífico a las 6,30 horas del 14 de abril de 1931 en la plaza mayor de Éibar y se extendió inmediatamente a todas las capitales de provincia y, desde ellas, a todo el territorio. El rotundo triunfo de la izquierda en las elecciones municipales del día 12 –en la localidad guipuzcoana los socialistas lograron diez actas, ocho los republicanos y uno los nacionalistas– y la salida de Alfonso XIII revelaron el fracaso de las dictaduras de Primo de Rivera y Berenguer y el descrédito de la monarquía e impulsaron los propósitos renovadores para la modernización de las estructuras del estado y la extensión de derechos a la sociedad.

Pese a su posición de neutralidad en la Gran Guerra, España también estaba sumida de lleno en la crisis económica que lastraba el mundo y era escenario del crudo enfrentamiento de las ideologías dominantes: la derecha ruda y con pulsiones fascistas, la izquierda revolucionaria e internacionalista y, fustigado acremente por ambos extremos, el reformismo democrático, representado por políticos de distintas sensibilidades y con escaso y arisco margen para navegar en las aguas turbulentas de la polarización.

El nuevo orden duró 2.098 días, sumados los 987 quemados entre el golpe de estado del 18 de julio de 1936 (liderado por el general Franco, entonces Capitán General de Canarias) la cruenta guerra civil (que, con más medio millón de muertos en los dos bandos y un país dividido y enfrentado para varias décadas, nunca se debió escribir con mayúsculas) y la victoria de los alzados el 1 de abril de 1939.

Pese a las tensiones y sombras, los excesos de parte y los enfrentamientos, después de siete meses de negociaciones y debates, la Constitución promulgada el 9 de diciembre y las leyes orgánicas fijaron y garantizaron libertades y derechos en línea con las democracias más avanzadas; la laicización del estado, con todas sus consecuencias, el sufragio universal, el voto femenino, el matrimonio civil y el divorcio, la jornada laboral y la seguridad social de los trabajadores; se promovieron reformas estructurales de la agricultura e industria; se impulsó y organizó la educación, desde la básica –en un bienio se construyeron 7.000 escuelas, cinco veces más de las abiertas en los 45 años del último reinado– a los niveles superiores y se apostó por la investigación y la cultura, en línea con los postulados de la Institución Libre de Enseñanza.

Ahora, y por primera vez abiertamente, las instituciones públicas, desde ayuntamientos modestos en los cuatro puntos cardinales al gobierno del Estado, conmemoran la efeméride de un periodo intenso e ilusionante, abruptamente interrumpido por las armas, que dejó páginas brillantes y las claves indispensables para saber a fondo quiénes y cómo somos y dónde estamos en el primer tramo del siglo XXI.