Las defensas de Tsunami informan al Supremo de que García-Castellón prorrogó fuera de plazo la causa

Las defensas de varios de los imputados en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional por las protestas de Tsunami Democràtic quieren que el Tribunal Supremo tenga todos los elementos antes de aceptar o rechazar la exposición razonada que le remitió el juez Manuel García-Castellón para que asuma la investigación e impute al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que en su condición de eurodiputado es aforado, y al diputado del Parlament Ruben Wagensberg, que también lo es ante el alto tribunal al imputársele hechos que se habían cometido fuera de Cataluña.

En su escrito las defensas de la secretaria de ERC, Marta Rovira, los empresarios Oriol Soler y Oleguer Serra, el exconseller de esta formación Xavier Vendrell y el jefe de la oficina en Bruselas del 'expresident', Josep Lluís Alay, enumeran lo que consideran irregularidades en la instrucción seguida por el juez García Castellón fundamentalmente por haber prorrogado dos días fuera de plazo la instrucción mientras la causa estaba bajo secreto, lo que consideran que debe conllevar la nulidad de actuaciones, primero en forma de que el Supremo rechace asumir la investigación y luego, con el archivo en la Audiencia Nacional.

Como ya argumentó Alay en la Audiencia, el juez García Castellón prorrogó la instrucción el 2 de agosto de 2021, pese a que vencía el 29 de julio. El magistrado rechazó un primer recurso interpuesto por el abogado Gonzalo Boye, en el que se alegaba la renovación fuera de plazo para solicitar la nulidad de las actuaciones. El juez argumenta que ese retraso está justificado, pero su resolución no ha convencido a las defensas, que recurrieron ante la Sala de lo Penal en apelación.

En el escrito las defensas alegan que ninguno de los aforados contra los que se dirige la exposición razonada declararon ante el juez antes de ese día, como tampoco lo ha hecho ninguno de los imputados el pasado 6 de noviembre, lo que no impidió al magistrado dirigirse al Supremo. La decisión del alto tribunal aún está sobre la mesa del magistrado Juan Ramón Berdugo, que es quien fue designado ponente y, por tanto, quien debe proponer a sus compañeros de la Sala Segunda asumir la investigación o rechazarla, como le informó la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde.

Sin subsanación posible

En sus alegaciones, los abogados explican que la ley que estableció los plazos de instrucción no admiten forma alguna de subsanar el haber dejado vencerse una prórroga y recuerdan autos y sentencias del propio Tribunal Supremo en este sentido, incluso alguna en el que califica de grave vulneración del derecho de defensa el interrogar a los imputados fuera de plazo.

Los abogados solicitan al alto tribunal que recabe a la Audiencia Nacional testimonio de varias resoluciones. Se trata en concreto del auto que abrió las diligencias de investigación el 30 de octubre de 2019, la diligencia de ordenación del letrado de la Administración de Justicia que dio traslado al fiscal el 30 de julio de 2021 sobre la prórroga de la instrucción y el informe del representante del ministerio público partidario de hacerlo.

También el auto de prórroga con fecha 30 de julio, firmado el 2 de agosto por el magistrado, en el que basan el que se ha rebasado el plazo de instrucción sin la correspondiente prolongación. También consideran necesario que García Castellón remita al Supremo el auto de imputación del 6 de noviembre pasado y la providencia en la que el 21 de ese mes remitía una exposición razonada.

Con todo ello, confían en que el Supremo declare su falta de competencia para investigar y juzgar a Puigdemont y a Wagensberg, y que el archivo se remita a la Audiencia Nacional para que su efecto se extienda al resto de imputados, entre los que están los firmantes del escrito.

La iniciativa de las defensas de presentar alegaciones en un procedimiento inexistente aún se suma a la de las acusaciones, la popular que ejerce Dignidad y Justicia y la particular de los policías heridos, cuya personación ha sido aceptada por la Sala Segunda para el caso de que acabe aceptando la exposición razonada y abra un procedimiento por las protestas de Tsunami Democràtic.