El CGPJ anuncia que vigilará las comisiones parlamentarias con referencias al 'lawfare'

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado este martes reiterar su frontal rechazo a la constitución de comisiones parlamentarias de investigación que puedan llegar a establecer responsabilidades derivadas del denominado ‘lawfare’ y advierte de que se mantendrá vigilante, en defensa de la independencia judicial, en relación con el desarrollo de esas comisiones. Entre ellas se puede incluir los requerimientos del Parlament al juez del Tribunal Supremo del CNI, Pablo Lucas, en la abierta por el espionaje con Pegasus.

La celebración de la reunión se ha realizado a petición de tres de los vocales del sector conservador que forman parte de este órgano: Ángeles Carmona, Carmen Llombart y José Antonio Ballestero, después de que la Mesa del Congreso de los Diputados haya aprobado la constitución de dos comisiones de investigación que versarán sobre los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017 y sobre la denominada Operación Cataluña. Los tres han votado en contra del acuerdo alcanzado al considerarlo insuficiente.

Guilarte, voto de calidad

El texto acordado es muy similar al que ya hizo público el Consejo el pasado 9 de noviembre, al que se añade un párrafo que dice que este órgano estará vigilante respecto a las comisiones parlamentarias que se celebren. Ha sido aprobado con el voto de calidad del presidente del CGPJ, el vocal Vicente Guilarte, el apoyo de las vocales nombradas a propuesta del PSOE Roser Bach y Mar Cabrejas y el voto en blanco de la también progresista Pilar Sepúlveda. Con ello, se ha evitado que saliera adelante la redacción mucho más dura contra el Gobierno que habían puesto sobre la mesa los vocales conservadores.

En su primer pronunciamiento sobre este asunto - tras conocerse el acuerdo firmado entre PSOE y Junts que incluía el término 'lawfare' y aludía al trabajo de determinadas comisiones de investigación en el Congreso- los vocales de la Comisión Permanente fueron unánimes a la hora de cargar contra las "las inadmisibles referencias" a la judicialización de la política. Así, compartieron su "frontal rechazo" a estas alusiones en línea con lo manifestado en el mismo sentido por todas las asociaciones de jueces y de fiscales.

El párrafo añadido ahora dice expresamente que "el Consejo General del Poder Judicial se mantendrá vigilante, en defensa de la independencia judicial, en relación con el desarrollo de las citadas comisiones parlamentarias de investigación".

Nueva responsabilidad de jueces

Los conservadores han hecho valer su postura en un voto partícula en el que señalan que el texto validado por el con el voto de calidad del presidente en funciones se queda corto. Entienden que con su creación "se pretende, en definitiva, (...) generar un nuevo tipo de responsabilidad de jueces y magistrados, que ya no sería solo la legal -penal, civil o disciplinaria- sino también la responsabilidad política, contraria al modelo de juez constitucional, independiente en cuanto sometido únicamente al imperio de la Ley".

Los discrepantes hacen referencia a unas manifestaciones del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, al que llaman "prófugo de la justicia" en las que compara la inclusión de 'lawfare en el acuerdo con el PSOE con la cabeza de caballo en la película 'El Padrino': "es una advertencia de que hablamos en serio".

También aluden a declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre que la no renovación del CGPJ es 'lawfare' o las manifestaciones del ministro de transportes: "Esto es como las meigas; uno puede no creer en ellas, pero haberlas haylas".

En opinión de los tres vocales conservadores, "todo este conjunto de declaraciones, la creación de las comisiones de investigación en fraude de ley, o el planteamiento de sorprendentes querellas conforman y preparan un inadmisible e injustificado clima de agitación y propaganda contra jueces y magistrados que, sin embargo, se han limitado a aplicar, con las garantías propias de un juicio justo según los más altos estándares del Estado de Derecho, leyes, como el vigente Código Penal, aprobadas por las Cortes Generales nacidas de la Constitución Española".

Aviso en Europa

Por otra parte, las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales (la Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Fiscales) han denunciado este martes en el Parlamento Europeo el acuerdo entre PSOE y Junts por suponer ataque a la separación de poderes, y han apelado a la protección desde la UE del Estado de derecho.

“Solo desde Europa se van a poder poner los topes a esta desestabilización del Estado de derecho, como ha pasado ya en Hungría y Polonia. Como jueces españoles, somos jueces europeos, y tenemos consciencia de que nuestro ordenamiento jurídico, cada una de las leyes, deben respetar los tratados de la Unión Europea”, ha reclamado María Jesús del Barco, presidenta de la asociación de jueces.