Bolaños, el alfil de Sánchez para pilotar la amnistía frente a una judicatura hostil

El alfil se mueve en diagonal, no puede saltar piezas intervinientes y captura tomando el lugar ocupado por la pieza adversaria. Este será muy probablemente el papel que deberá adoptar a partir de ahora el superministro Félix Bolaños una vez Pedro Sánchez ha oficializado que será su hombre fuerte para gestionar la aplicación de la amnistía y el resto de desafíos con los que arranca la legislatura más complicada. Negociar es saber jugar, y como en el ajedrez Bolaños deberá emplearse al límite como interlocutor con las fuerzas nacionalistas, con Europa y con una oposición de la que se espera una áspera resistencia.

Así, y al igual que un alfil equivale aproximadamente a tres peones, Bolaños asume tres responsabilidades, sumando Justicia a las labores que ya desempeñaba como ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes, lo que supone poner en primera línea una cartera cuyo peso político se había diluido casi completamente bajo la batuta de Pilar Llop. Para colocarle en esta posición, Sánchez le ha eximido de responsabilidad en Memoria Democrática, que a partir de ahora gestionará el ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres.

Por delante, también tres piezas principales que atrapar, la amnistía, el choque con una judicatura posicionada contra el Gobierno por la inclusión del término lawfare en los acuerdos con Junts y la superación -vía negociación o reforma legal- del persistente bloqueo del PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial. En el camino aparecerán otros elementos con las que batirse en juego, como el cumplimiento de los acuerdos salariales firmados con los cuerpos funcionariales que se levantaron contra Llop durante la anterior legislatura y la necesidad de abordar proyectos legislativos de peso como es eterna reforma de la ley procesal o la culminación de las tres leyes de eficiencia de la Justicia.

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Un letrado amante del orden

Bolaños es un hombre de derecho, un madrileño de 48 años que destacó por su control técnico tras licenciarse en la Universidad Complutense de Madrid, siendo el número uno de su promoción en la Escuela de Práctica Jurídica, donde se especializó en temas laborales. En este campo ya ejercía al poco de empezar como abogado en Uría y Menéndez, desde donde llegó en 2005 al Banco de España con el barniz de letrado de élite que se concede a quienes han pasado un tiempo en uno de los bufetes más importantes del país.

En el Banco de España, donde llegó a ocupar la jefatura de Asesoría Jurídica Laboral, le recuerdan por el especial orden que existía en su despacho y la pulcritud una letra que casaba con las formas correctas con su compañeros. Desde allí ya se intuía cierta ambición contenida que se materializó cuando fue nombrado secretario general de Presidencia y posteriormente, en 2018, ministro en sustitución de Carmen Calvo. Desde entonces su peso político en el Gobierno de Sánchez no ha parado de crecer, aunque tampoco esta vez ha sido elegido para ocupar una vicepresidencia.

Arquitecto Jurídico

Bolaños fue el arquitecto jurídico de los indultos en su etapa como secretario general de la Presidencia y asumió la carpeta de la denominada desjudicialización del procés en la mesa de diálogo con la Generalitat, ya como ministro tras la primera gran remodelación del Ejecutivo de coalición. Una negociación que remató con los cambios en el Código Penal, pactados con ERC, para reformar del delito de malversación y suprimir el de sedición. Hombre puente de la Moncloa con el independentismo, tras el 23-J asumió las riendas de la negociación para la investidura con Junts y ERC que se consumó en el registro por parte del PSOE de la ley de amnistía. 

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Un papel por el que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, lo apodó en el último congreso del PSOE como “superbolaños”. Persona de la confianza de Pedro Sánchez, fue el encargado también de liderar la fallida negociación con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Entre sus fracasos se le achacan operaciones como la fallida moción de censura en Murcia. 

Con las competencias de Memoria Democrática en su cartera, impulsó la norma homónima. Antes de ello, en la primera legislatura de Sánchez tras la moción de censura, tuvo un papel clave en la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, resignificado como Valle de Cuelgamuros. Sus negociaciones con la familia y su abogado fueron tensas, pero finalmente logró cumplir con el compromiso de Sánchez de consumar la exhumación antes de las elecciones. 

Bolaños ha participado en casi todas las grandes negociaciones del Gobierno de Sánchez. Desde las conversaciones para la entrada de Unidas Podemos en el primer gobierno de coalición desde la vuelta de la democracia, hasta las de los Presupuestos para cerrar el apoyo de algunos de los socios parlamentarios. Con la líder de Podemos, Ione Belarra, que ahora abandonará el Ejecutivo, logró cultivar una relación de confianza para impedir que las tensiones entre los socios fueran a más en varios momentos de la accidentada legislatura.

Encontronazo con Ayuso

A lo largo de esta última etapa, una de sus imágenes más recordadas es la de la fotografía con gesto contrariado tras el encontronazo (también físico) con el personal de protocolo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que le impidió subir a la tribuna de autoridades en los actos oficiales del último Dos de Mayo en Madrid.

Lo ocurrido ese día le puede haber servido de entrenamiento -o quizá de búsqueda de cierta estrategia de juego- de cara a lo que tiene por delante, ya que además de esquivar los obstáculos parlamentarios que ya se han anunciado para el proyecto de ley de amnistía, una vez ésta sea aprobada llegará una segura resistencia en los jueces que deban aplicarla, especialmente en el Tribunal Supremo, que cuenta con mecanismos legales como cuestiones de inconstitucionalidad frente al Tribunal Constitucional y prejudiciales ante la justicia europea para retrasar los beneficios que se aplicarán al huido Carles Puigdemont y al resto de condenados por el procés.

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A ello se sumará la negociación de otros nuevos frentes que podrán aparecer si desde el independentismo catalán o vasco se busca avanzar en el terreno de la autodeterminación o el reconocimiento de nación de determinados territorios; así como la gestión de la rebelión de los jueces que ya han empezado a movilizarse en toda España frente a la posibilidad de que desde el Parlamento se pueda derivar algún tipo de responsabilidad por una supuesta guerra sucia judicial contra el independentismo.  

Otro frente será la Unión Europea, que viene recordando durante la última legislatura la necesidad de renovar de una vez un Consejo del Poder Judicial que este diciembre doblará un mandato de cinco años que se inició en 2013. Frente a Europa también se aplicará a oposición del PP y la mayoría conservadora del Consejo, que viene denunciando como ataque a la independencia judicial todas las reformas legales emprendidas hasta el momento para forzar su renovación limitando sus funciones, lo que ha colocado al Tribunal Supremo en una situación de colapso sin precedentes. Desde la Comisión ya han avisado que estarán vigilantes con las reformas por venir que afecten al Estado de Derecho.

Por el momento, los funcionarios de Justicia han tardado apenas unas horas en recordar al nuevo responsable de Justicia parte sus responsabilidades en esta área. "Desde ya vamos a reclamar al nuevo ministro de Justicia retomar la negociación salarial donde la dejamos antes de las elecciones. 45.000 trabajadores esperan una subida digna en línea con la aprobada para los letrados, reconocimiento, redistribución y clarificación de funciones" señalan desde el sindicato mayoritario CSIF.