Pumpido destaca las pocas condenas españolas en Europa, pero asegura que marcan el camino a seguir

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha aprovechado la primera visita de la presidenta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), Síofra O'Leary, a la corte española de garantías para declarar que las condenas a España que se producen en Europa son pocas, pero, en cualquier caso, no son recibidas como tales, sino como "un avance, un camino que se marca, la vía que se debe seguir".

En este sentido, recordó que el Convenio Europeo de Derechos Humanos "es el que mayor flujo intepretativo que ha tenido la Constitución española. Prácticamente no hay una sentencia del tribunal de garantías que no incorpore como cita el convenio", afirmó Conde-Pumpido para presentar a O'Leary, quien durante su intervención dejó claro que no trataría con "sus anfitriones" nada relativo a las demandas pendientes de resolución.

Sin mencionarlo por la mente de todos los presentes, entre los que estaban magistrados del Constitucional, del Supremo, letrados o abogados del Estado, pasaron las relativas a la sentencia del 'procés', en las que hace un par de semanas se supo que se había dado de plazo a España hasta enero para responder a las cuestiones concretas planteadas por el tribunal europeo. En la respuesta del Ejecutivo será trasdencental la promulgación de la ley de amnistía que se negocia con Junts y ERC para conseguir la investidura de Pedro Sánchez.

Incluso, como la Assemblea Nacional Catalana (ANC), hay quien ha visto en una futuro amnistía una "trampa" o una forma de "blanquear" la supuesta represión del Estado con Catalunya, ya que con la promulgación de la ley el TEDH podría archivar las demandas interpuestas por los condenados, lo que evitaría una condena a España por parte del tribunal con sede en Estrasburgo.

Bloqueos políticos

Durante su intervención, O'Leary repasó la jurisprudencia relativa a España del TEDH. Entre ella citó la demanda interpuesta por siete jueces de la asociación Francisco de Vitoria por la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en la que se declaró vulnerados sus derechos.

La presidenta del TEDH, sin querer "ser inoportuna", hizo una advertencia: "Cuando se producen bloqueos a nivel político en relación con el nombramiento de jueces, los tribunales nacionales y europeos pueden tener que intervenir en defensa tanto de la independencia como del buen funcionamiento de un Estado democrático de Derecho".

También recordó el caso de la etarra Inés del Río Prada que supuso la anulación de la doctrina Parot, lo que adelantó la excarcelación de numerosos miembros de ETA. "Lo cito como un brillante ejemplo de adhesión al Estado de Derecho", porque "la división social e incluso política sobre el caso o la demandante no interfirieron en el estricto cumplimiento de las obligaciones del Estado en virtud del Convenio de conformidad con el Estado de Derecho", aseguró.