Moncloa reúne a familiares de enterrados en el Valle de los Caídos para informarles de los trabajos

Cerca de 40 familiares de personas enterradas en el Valle de los Caídos en 1959 y algunos de sus representantes legales han participado este lunes en una reunión en el Ministerio de Presidencia. El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, los había convoado con el fin de informarles de la marcha de los trabajos en las criptas de la basílica de Cuelgamuros, donde un equipo de forenses y expertos de policía científica llevan algo más de un mes rescatando restos y sometiéndolos a análisis de identificación.

Durante la cita, a los asistentes se les ha proyectado un informe en 'powerpoint' para contarles el desarrollo de la búsqueda de cuerpos y su exhumación. Los trabajos, según la información oficial aportada, se están encontrando con dificultades para los casos de cajas de restos situadas en los niveles inferiores de los distintos amontonamientos. Las cajas de abajo, de vieja madera de pino, por la humedad y el tiempo colapsan y se derrumban bajo el peso de las de arriba.

Los forenses han entrado ya en el nivel 2 de la cripta del Santo Sepulcro, donde se encuentran los restos de los republicanos Manuel y Antonio Ramiro Lapeña Altabás. El caso de estos dos cenetistas fusilados en Calatayud al inicio de la Guerra Civil es clave, pues en torno al derecho de sus familias gira la sentencia de un juzgado de San Lorenzo de El Escorial que desde 2016 reconoce el derecho a un digno enterramiento de los sepultados contra la voluntad de sus parientes en el Valle de los Caídos.

Derecho a la memoria

El abogado de los Lapeña que consiguió aquel fallo judicial, Eduardo Ranz, ha solicitado este lunes que conste en el acta de la reunión una petición del derecho que corresponde a los muertos y sus familias de una memoria perpetua. En términos jurídicos y administrativos, el 'ad perpetuam memoriam' implica que se cambie la partida de defunción de aquellos asesinados en la guerra y la postguerra para que figure la causa real de su muerte. En el caso de los hermanos Lapeña, figurará entre las causas que rodearon a su muerte el hecho de que militaban en el sindicato anarquista CNT (Confederación Nacional del Trabajo).

Al encuentro han acudido representantes familiares de diversos puntos del país, si bien no ha habido presencia de la totalidad de las 132 familias implicadas en la reclamación de restos del Valle de los Caídos. El calor de estos días y lo prolongado del viaje son dos factores desaconsejables para reclamantes que, en numerosos casos, superan los 80 años de edad. Sí han acudido, además de familiares de republicanos, también parientes de soldados del bando franquista cuyos cuerpos fueron llevados bajo la Cruz de los Caídos sin aviso ni petición a padres o herederos.

Búsqueda valenciana

Entre los familiares que han ido este lunes a Moncloa estaba una valenciana, Montse Martínez Fernández, nacida en Barcelona y vecina de Alfafar, cuya historia familiar forma parte del enorme corolario de tragedias enterradas en las criptas de la basílica escurialense. En el caso de la Comunidad Valenciana, 1.969 familias tienen muertos entre los 34.000 inhumados bajo el risco de Cuelgamuros.

El tío de Montse, Ángel Fernández, labrador natural de Minaya (Albacete), murió a los 21 años de edad en 1938, en algún lugar de la provincia de Teruel, adonde lo había movilizado la República. Cuando acabó la Guerra Civil, el padre de Ángel estaba preso en el penal de Chinchilla condenado a una pena de muerte que después le conmutarían por otra de prisión de la que tuvo que redimir 2.000 días con trabajos forzados. Un primo de Ángel, también combatiente, había regresado, pero Ángel no. Antonina, la madre de Ángel, lo estuvo esperando mucho tiempo, pensando que quizá algún día regresaría.

Nunca conoció Antonina el secreto que sí sabían su marido y su sobrino, hombres callados en una familia sometida a la diáspora rural de los represaliados en la postguerra. Los Fernández acabaron en Barcelona y Valencia. Al padre, abuelo de Montse, le certificaron que el hijo estaba muerto una misma mañana de presidio, antes de salir a cantar el Cara el Sol al patio de la cárcel. Y el primo... con los años contaría que había visto que a Ángel "le levantaron la tapa de los sesos en Teruel". Nadie se lo contó a la madre, que pensó al cabo que a Ángel lo habría matado "un tiro casual".

Montse y sus hermanos, empeñados en la búsqueda, recibieron pistas de un uniformado del Gobierno Militar de Valencia. En el archivo del hospital de Teruel figuraba una inhumación de Ángel Fernández, en la "zanja número 7 izquierda" del cementerio.

De aquel primer enterramiento lo sacaron las autoridades franquistas para llevárselo al Valle de los Caídos. Nada dijeron a la familia. El registro funerario señala que los restos del soldado Ángel Fernández están en la Cripta del Santísimo, tercer piso, caja número 99. "Cuando encuentre a mi tío quiero llevarlo a Minaya, donde su está su madre y su padre, para que descanse con ellos", dice Montse, nerviosa ahora porque "no se sabe si dará tiempo o, si cambia el gobierno... "

Cuenta Montse que en 1998, la primera vez que pidió "a un cura del Valle" recuperar a su tío, el religioso, uno de los frailes benedictinos que custodian el monumento le dijo por teléfono: "Eso es imposible, hija. Habría que romper toda la basílica".

Preocupación por el futuro

Moncloa no ha querido informar acerca de ningún detalle de una reunion que califican sus portavoces de "a puerta cerrada". La razón es evitar que, estando ya vigente la campaña electoral, ninguna formación pueda arrojar al Gobierno la acusación de hacer electoralismo con las víctimas del franquismo y sus reclamaciones en materia de Memoria.

En la reunión, no obstante, algunos participantes han mostrado su inquietud por el destino de estos trabajos en España si de las urnas sale un resultado adverso a la Ley de Memoria Democrática. Matías Alonso, coordinador del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Comunitat Valenciana, ha tomado la palabra para subrayar cómo los colectivos de la Memoria son "los más amenazados, junto con los de la Igualdad de género, por los anuncios derogatorios de la derecha" y cómo "las personas que están aquí tienen muchos familiares que no pueden permitirse esperar cuatro u ocho años más en caso de parón de la Ley de Memoria".

El equipo de forenses, dirigido por el experto Francisco Echeverría, está dándose toda la prisa que puede para rescatar el mayor número de cuerpos, pero, pese a que ya ha quedado acreditado que los restos están en un estado que permite la toma de muestras de ADN, las prospecciones y exhumaciones no estará concluidas antes de la formación de un nuevo gobierno. Hay ocho criptas con restos. Se ha comenzado por la del Santo Sepulcro porque es en ella donde hay más cuerpos reclamados.

Había también cuestiones concretas que llevar a Moncloa este lunes, como la de Fausto Canales, el abulense pionero en la reclamación de exhumaciones particulares en el recinto monumental, que hace unos días recibió la noticia de que habían hallado los restos de su padre, Valerico, ugetista de Pajares de Adaja (Ávila) asesinado en la localidad vecina de Aldeaseca en agosto de 1936.

Canales estaba a falta de conocer la fecha concreta en que el Gobierno, una vez realizada la comprobación de ADN de los restos, le va a devolver el cuerpo de su antecesor para que pueda enterrarlo en un monolito que las familias de los republicanos fusilados han preparado en el cementerio de su pueblo. La ceremonia de reinhumación está prevista para el próximo 20 de agosto.

El secretario de Estado de Memoria Democrática se ha comprometido a mantener informados a los familiares, y para ello se enviarán escritos periódicamente con datos sobre la marcha de los trabajos, para los que Moncloa ha reunido un equipo de expertos con forenses del Consejo Superior de INvestigaciones Científicas y de las unidades científicas de la Policía Nacional.