Las maniobras de Villarejo en paraísos fiscales: “¿Transferimos las acciones de los testaferros?”

Los agentes de la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) enviaron el pasado 25 de mayo al juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, un informe en el que de forma exhaustiva se alude al supuesto uso de "testaferros" por parte de la organización empresarial propiedad del comisario jubilado para mover al menos dos millones de euros abonados por la dictadura de Guinea Ecuatorial.

El pasado 21 de mayo Cándido Nsué Okomo, cuñado del dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, y ex director general de la empresa petrolera guineana Gepetrol, reconoció en su declaración como investigado que la dictadura pagó en total a Villarejo 5,3 millones de euros por el 'proyecto King', que consistía en una supuesta "campaña" de apoyo al presidente del país africano y su régimen. Asuntos Internos ya había informado previamente al magistrado de que había detectado pagos efectuados por las firmas Boway H. y Falconara desde una cuenta en Suiza con destino a otras cuentas bancarias controladas por empresas de Villarejo radicadas en Uruguay, Panamá y Reino Unido.

Villarejo desarrolló estos negocios utilizando empresas radicadas en paraísos fiscales mientras era funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, algo que según la Fiscalía Anticorrupción era ilegal. El Ministerio Público también sostiene que el polémico comisario se aprovechó de su condición de funcionario policial para hacer negocios.

Correos electrónicos

En el oficio policial los agentes incluyen nuevas pruebas relevantes para las pesquisas, como por ejemplo los correos electrónicos que Rafael Redondo, el socio de José Manuel Villarejo en la empresa Club Exclusivo de Negocios y Transacciones (Cenyt), se cruzó con varios de los gestores de propiedades del comisario en Latinoamérica.

En uno de estos mensajes, que recibió Redondo el 18 de agosto de 2009, el despacho Cepeda, que ejerció como intermediario en la venta de una propiedad en la República Dominicana, pregunta al socio de Villarejo si deseaba incluir a "nuevos accionistas de los que usted decida" para transferir "las acciones de las seis personas que figuran como testaferros de la compañía o si prefiere que utilicemos a seis personas de nuestra oficina para esos fines".

En el mensaje, el intermediario también explica a Redondo que hasta ese momento "los testaferros" figuraban como propietarios de "una sola acción"; y que el resto estaban a nombre de la sociedad Stab Intemational. Con estas gestiones Villarejo y Redondo lograron vender un terreno, que supuestamente era propiedad de otro de sus socios: José María Clemente Marcet.

Supuesto colaborador del FBI

El informe de 25 de mayo no es el primero que alude a este empresario catalán. Tal y cómo adelantó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, las agendas de Villarejo de 2008 y 2009 desvelan un supuesto plan que ejecutó el clan policial para que la Audiencia Nacional archivara una causa contra Clemente Marcet por blanquear dinero del narcotráfico. Este financiero, que fue condenado en Francia a cinco años de cárcel, se presentaba como colaborador de la Policía española y del FBI, pero sin aportar pruebas.

"Pese a que las fincas figuraban adquiridas formalmente a nombre de Inversiones Caunoa, su titular real era Clemente Marcet (en tanto que era el titular real de Stab), constando entre la documentación intervenida un certificado de tasación sobre las parcelas aludidas de La Barranca 16 y 17, estimando el valor de aquellas en 3.998.874 dólares", destaca el oficio policial.

La documentación intervenida alude a la utilización en la operativa de una tercera empresa, denominada Valle Luna Consultores, que poco después pasó a denominarse Eucalytus Forest. El precio de la compraventa se fijó en este caso en 3,1 millones de dólares.

Pago de honorarios

En otro mensaje Rafael Redondo da cuenta a Villarejo de la operativa llevada a cabo en 2013 en República Dominicana. En un email de 7 de diciembre de ese año se detallan "los gastos en los que habría incurrido Grupo Cenyt en relación a la operativa de adquisición formal y venta de los solares de La Barranca". Entre ellos se relatan los honorarios del despacho Cepeda, las cuotas de la empresa Costa Sur, el mantenimiento de dos sociedades, una dominicana y la otra panameña. Pero también los viajes a República Dominicana y Panamá, así como la actualización fiscal, la asistencia legal, el pago de otros impuestos, la comisión comercial "de D. Aguilera -150.000 dólares-" o los honorarios de Redondo -37.500 dólares-. Todo ello ascendió a 1.193.159 dólares.

Con estos gastos, teniendo en cuenta el supuesto precio de venta final, el dueño de los terrenos, Clemente Marcet, solo ganó en la operación 207.000 dólares. Sin embargo, el pago de los servicios de un abogado hacía que el beneficio final por la venta de las parcelas, cuyo valor catastral superaba los tres millones de dólares, se desplomara hasta los 100.000 dólares.