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La batalla legal en relación al procés

Puigdemont acusa a ERC de dinamitar su estrategia judicial ante la UE con la reforma penal

El expresident cree que el fin de la sedición y la reforma de la malversación pone en jaque cinco años de lucha internacional contra el Estado

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. JUNTS

Enojado, indignado, cabreado, disgustado. Son adjetivos que pueden servir para describir el estado de ánimo del expresident Carles Puigdemont estos días, a cuenta de la estrategia judicial de ERC con los procesados por el 1-O. Para el líder de Junts, la reforma del Código Penal para eliminar la sedición y reformar la malversación no sólo no le beneficia, sino que es un torpedo en la línea de flotación de su estrategia, que se basa en confrontar al Estado "represor" con la Unión Europea "democrática". Si el Gobierno hace gestos en favor de una supuesta pacificación judicial, ello puede entorpecer la tesis de Puigdemont de que los poderes estatales usan políticamente los instrumentos judiciales.

Según fuentes del entorno de Puigdemont, el malestar es notable. Según estas voces, el 'expresident' -que ha eludido valorar la situación a petición de El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica,- es de la opinión de que su periplo frente a la justicia española, que lo mantiene en situación de busca y captura, había dado frutos. Su abogado, Gonzalo Boye, elabora informes bajo el título "Domino" con un número añadido, que ya lleva más de una decena de capítulos favorables.

Por ello, y siempre según esta lógica, que se reforme el delito de malversación o se elimine el de sedición, aparte de que no generan frutos necesariamente positivos todavía para los posibles beneficiados, deja por ahora a Puigdemont en una situación similar, con un agravante, y es que el Estado puede aparecer ante las instancias políticas y judiciales de la UE como un ente favorable a la rebaja de la tensión. Algo que no conviene al expresident que confía en que sea la justicia comunitaria la que constate una suerte de persecución política y falle en favor del dirigente independentista en cuestiones clave como su inmunidad como eurodiputado y en relación a las cuestiones prejudiciales que ha planteado el juez del Supremo Pablo Llarena en relación a las euroórdenes.

Gonzalo Boye, abogado del expresident, ha puesto voz a esta indignación. "En este proceso de reforma [del Código Penal] no nos han contado toda la verdad, y esto es aplicable al Gobierno y a la Generalitat, de derecho saben poco, lo que dicen no se sostiene, reformar cualquier Código Penal es un trabajo muy complejo y lo que ha habido es un toqueteo" del Código, afirmó Boye en Catalunya Ràdio.

Puigdemont está disgustado con ERC porque si algo quiere preservar con uñas y dientes son sus pasos en esta batalla legal. No quiere que sean otros quienes decidan por él. Y menos si se trata del eterno rival independentista, ERC. Preguntado sobre si se ha roto la unidad en la estrategia judicial, Boye responde elocuentemente: "Nosotros tenemos una estrategia que es la misma desde 2017 y nunca la hemos cambiado". Por eso, Junts sigue exigiendo que las decisiones de calado sobre la batalla jurídica del procés se tomen de forma consensuada entre los actores políticos y sociales implicados. Algo que hoy por hoy es inviable porque no existe un "estado mayor" u órgano coordinador independentista que se reúna y que disponga de un mínimo de lealtad interna. Cada partido y entidad hace la guerra literalmente por su cuenta, salvo excepciones como la manifestación de este jueves contra la cumbre hispano-francesa en Barcelona.

Esta desconfianza total lleva a Puigdemont y a Junts a acusar a Esquerra, en privado, de buscar soluciones judiciales favorables a los intereses de dirigentes republicanos. Aun así, JxCat cree que la reforma del Código Penal no está dando ni estos frutos por el momento, a la vista de las peticiones de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, así como del juez instructor del caso del procés, que pueden suponer unas penas de cárcel o inhabilitación que no generarían beneficios significativos, salvo en el caso de la dirigente de ERC, Marta Rovira.

El mar de fondo entre independentistas

En cambio, ERC saca pecho de su vía negociadora y sostiene que es la que está dando frutos tangibles mediante la mesa de diálogo y la capacidad de presión sobre el PSOE. Frutos como los indultos o la reforma o desaparición de delitos que, aseguran, se traducirá en mejoras para el conjunto del independentismo. Pero que exista una discrepancia frontal Junts-ERC en materia judicial es tan cierto como que la discrepancia entre Puigdemont y el líder republicano, Oriol Junqueras, sigue siendo frontal. De hecho, ya hubo dos estrategias en el juicio del procés, claramente diferenciadas: la que perseguía la mejor de las salidas judiciales para los acusados y la que apostaba por mantener el conflicto.

Así, Puigdemont mantiene su perspectiva positiva en sus próximas batallas: la que persigue garantizar su inmunidad como eurodiputado en toda la UE, y la que espera que el juez Llarena reciba otro revés de Europa en relación a las cuestiones prejudiciales que ha planteado al TJUE sobre las condiciones en las que puede reeditar una euroorden para que Bélgica entregue a Puigdemont a España para ser juzgado.

La solución judicial es todavía un interrogante complejo. La consecuencia política de nuevo es un enconamiento de las posiciones entre los dos principales partidos y dirigentes del soberanismo catalán.

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