Iniciativa popular en La Palma para devolver los terrenos sobre la lava a sus propietarios

Los colectivos de afectados por el Tajogaite no se paran. Siguen con sus reivindicaciones referidas a las ayudas impagadas, devolución de terrenos o recuperación agrícola, pero también aportando ideas y acciones legislativas que contribuyan a definir un marco legal a una situación para la que no se estaba preparado. Lo hacen queriendo impulsar una Proposición de Ley y una Iniciativa Legislativa Popular sobre Volcanes de Canarias.

La asesoría jurídica para impulsar estas acciones se las está facilitando la abogada Guadalupe González Taño, quien fuera presidenta del Cabildo de La Palma, y que destaca que el principal objetivo es cortar con una normativa legal que facilite a las personas afectadas que «quien quiera y sea posible pueda reconstruir su vivienda o finca donde la tenía».

Con esta Ley también se conseguirá definir quienes son las personas afectadas por el volcán, planteando desde el colectivo de afectados que se reconozcan los bienes y los derechos con los que cuenta. Y es que reivindican que además de recuperar el 100% del valor de lo que perdió, hay que complementar las ayudas con planes de apoyo psicológico o social.

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Insisten los afectados en la recuperación del valor total de la propiedad antes de la erupción y que se sigan impulsando los planes de recuperación hasta que la Isla esté en la media del nivel económico de Canarias. En todo ello consideran fundamental que la Ley garantice la participación de las personas afectadas en las tomas de decisiones de la reconstrucción y que se les dote de derechos preferentes para reconstruir.

Por eso insisten en el que en caso de que una persona no pueda o no quiera reconstruir en un sitio determinado, ésta tendrá lugar lo más cerca que se pueda. No se olvidan de la importancia de un plan de salud específico con dotación económica, así como de las necesarias medidas de apoyo a las empresas.

En la línea económica, también se incluirán en el texto legislativo medidas fiscales, exención del IGIC o del IBI, así como la condonación de todas las deudas en la Agencia Tributaria sobre bienes que están perdidos.

Guadalupe González Taño considera fundamental que la iniciativa surja de los propios afectados, quienes reclaman que «no se tomen decisiones a espaldas de ellos». Y es que recalca que esas personas afectadas «van a seguir viviendo aquí y van a seguir trabajando en esa zona y ganándose la vida», por tanto, considera que «tienen todo el derecho del mundo a decidir sobre su futuro». Además, destacó que «no es una ley para La Palma», ya que se persigue que también pueda ser aplicada en caso de producirse una emergencia de este tipo en cualquier otro territorio canario.

Para lograr esta nueva normativa ya se ha iniciado una recogida de al menos 15.000 firmas en toda Canarias para presentar ante el Parlamento autonómico una iniciativa legislativa popular con la que promover la Ley de Volcanes.

Ley de volcanes

Destaca el colectivo que «al margen de la voluntad política de cada gobierno de turno» se persigue con esa ley el que garantice una serie de medidas para la recuperación socioeconómica de la población afectada, entre otras el derecho a recuperar el valor de lo perdido.

En cuanto a la iniciativa legislativa popular, será una propuesta de ley de carácter autonómico, porque catástrofes de este tipo también pueden ocurrir en el futuro en Tenerife y El Hierro, además de en La Palma, y se aplicaría con efectos retroactivos a los afectados por la erupción de 2021 en el Valle de Aridane.

La plataforma utilizará así un procedimiento regulado en el Estatuto de Autonomía de Canarias, en el que para promover ante el Parlamento canario una ley de ámbito regional requiere del apoyo de 15.000 firmas o, si es solo de ámbito insular, de la mitad de la población adulta censada en esa isla. Entre los objetivos de esta iniciativa legislativa popular, apunta Guadalupe González Taño que está el que se reconozca por ley el derecho a recuperar el valor de lo perdido, ya que «hasta ahora las ayudas a la población afectada están basadas en criterios de servicios sociales, como si estas personas estuvieran todas en riesgo de exclusión social, y no que su situación se deba a que sus bienes se los arrebató una catástrofe», reivindican.

El articulado de esta propuesta de ley también recogerá medidas en el ámbito de la educación, para que se refuercen los centros de enseñanza que acojan a alumnado de familias damnificadas, así como medidas de sensibilización sobre el riesgo volcánico, incluyendo la previsión de seguros. Igualmente contemplará la obligación de crear un consorcio interadministrativo, con representación de los afectados, para que cada Administración pública no vaya por separado y se puedan ejecutar las iniciativas más rápido y de forma más económica.

Demoliciones

Otro de los colectivos más activos, el Movimiento Alternativo Electoral, formación política que integra a algunas personas afectadas por la erupción volcánica, no comparte la unanimidad en las fuerzas parlamentarias «para cargar sobre los afectados del volcán la obligación de demoler sus viviendas inhabitables». Según indican, la entrada en vigor hace unos días de la ley que modifica la Ley del Suelo de Canarias, incorpora a esta normativa una nueva disposición adicional para regular la declaración de ruina de edificaciones afectadas por una erupción volcánica, «con la única intención de establecer una nueva obligación para los afectados de la erupción de La Palma, al establecer efectos retroactivos de la misma hasta el 19 de septiembre de 2021», señalan.

A juicio de MAE, resulta «aberrante» que las víctimas de la catástrofe natural se conviertan en obligadas a retirar del medio aquellas edificaciones con daños o que simplemente sea difícil recuperarlas para su uso, añadiendo que «PSOE, Partido Popular, Coalición Canaria, Nueva Canarias y Unidas Podemos, entre otras fuerzas políticas, son responsables por haber votado a favor de esta imposición».

Además, critican que «una vez más los diputados palmeros no se han desmarcado de la iniciativa, anteponiendo la obediencia a las siglas antes que la justicia y bienestar de sus conciudadanos».

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