El consejero director de la Gerencia de Urbanismo de La Laguna, Santiago Pérez, ha defendido la gestión de este departamento municipal asegurando que «el desespero del portavoz de Coalición Canaria (CC), Jonathan Domínguez, por su falta de proyecto y liderazgo, que los tiene al borde del abismo electoral, les lleva a recurrir al enredo y la mentira en relación a las instrucciones de la Gerencia de Urbanismo de La Laguna sobre las infracciones urbanísticas».

Santiago Pérez sostiene que «es falso que la instrucción me permita decidir arbitrariamente a quién se sanciona y a quién no. Y, sobre todo, es directamente una afirmación calumniosa decir que he dado un trato de favor al alcalde o a otros destacados militantes del PSOE al mismo tiempo que se está sancionando a cientos de ciudadanos».

En un comunicado explica que cuando se comete una infracción urbanística se puede tramitar un expediente para legalizar las obras realizadas o se proceda a la demolición si no se puede; y un expediente sancionador pretende imponer una multa al infractor.

Desde el año 2014, tras la aprobación de la Ley de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales, resulta poco eficiente tramitar expedientes sancionatorios, sobre todo cuando se trata de infracciones de escasa gravedad que no contemplan sanciones muy elevadas. Hasta el punto que desde enero de 2015 hasta octubre de 2022 se han tramitado en la Gerencia de Urbanismo 2.101 expedientes de restablecimiento (legalización o demolición de las obras ilegalmente ejecutadas), mientras que solo se ha tramitado un único expediente sancionador por infracción urbanística en el que sí se daban los criterios de gravedad (al tener un impacto sobre una superficie total de casi 100.000 metros cuadrados).

«Ningún expediente sancionador por infracción urbanística fue tramitado en la anterior legislatura», indica Santiago Pérez, quien recalca que en esa línea, «manteniendo el criterio asentado desde 2015 cuando la Gerencia de Urbanismo estaba dirigida por Coalición Canaria de no considerar prioritarios los expedientes sancionadores, salvo circunstancias excepcionales de gravedad o trascendencia, en septiembre de 2020 se dicta una instrucción que establece un orden de prioridades objetivos para intentar evitar que caducaran los más relevantes, respondiendo a los principios legales de equidad, proporcionalidad y menor intervención en el ejercicio de las competencias en materia de disciplina urbanística».