Vandalismo contra natura

A veces las acciones a priori más inofensivas son las que pueden causar más daño. Una búsqueda del tesoro en medio de las Dunas de Maspalomas, calentar unas lentejas con camping gas bajo las estrellas en Las Cañadas del Teide, un chapuzón en los Jameos del Agua, el vuelo sin autorización de un dron para grabar los paisajes únicos de Canarias o una carrera de bicicletas aprovechando los abruptas inclinaciones del Barranco de los Encantados en Fuerteventura.

Son algunas de las infracciones medioambientales que los espacios naturales protegidos de Canarias han sufrido en los últimos meses y que la torpeza de los infractores y la obsesión por los likes han sacado a la luz a través de las redes sociales. Pequeñas acciones que, sin embargo, son capaces de desencadenar un efecto mariposa y ponen de manifiesto uno de los problemas más graves a los que se enfrenta Canarias y a la que no está sabiendo dar respuesta: la conservación de su naturaleza. 

No todo aquel que visita las joyas naturales con las que cuenta el Archipiélago vandaliza estos espacios, pero la inconsciencia de unos pocos y el aluvión de personas que llegan a las Islas han hecho que este tipo de infracciones se vean cada vez más a menudo en las Islas. Desde el estallido de la pandemia, no hay mes en el que no se denuncien pequeñas infracciones que ponen en peligro el medio natural isleño después de que algún influencer, un deportista amateur o cualquier visitante suba un post en Instagram o un vídeo a Tiktok con ánimos de rascar unos pocos me gusta sin plantearse siquiera que sus actos puedan llegar a ser constitutivos de delito. 

Frágiles ecosistema

La recurrencia con la que estas denuncias llegan a administraciones y fuerzas y cuerpos de seguridad ha desembocado en una creciente preocupación entre científicos, gobiernos y la sociedad canaria en general. El motivo es que estas acciones, aunque puedan parecer nimias o de poca trascendencia, son capaces de causar grandes impactos en los frágiles ecosistemas isleños. Los daños ocasionados por las pisadas fuera del camino establecido, el cambio de ubicación de una roca o recorrer un cono volcánico pueden ser irrelevantes si ocurren de manera extraordinaria, pero la recurrencia de estas acciones, unidas a la presión añadida del cambio climático, pueden llegar a provocar daños irreversibles en el entorno.

«Algo tan simple como pisotear zonas prohibidas puede generar que el suelo se compacte y que las plántulas de especies amenazadas nunca germinen», observa Adrián Flores, ambientólogo especializado en biodiversidad terrestre y conservación en islas. Excavar o correr por las dunas puede arrancar de cuento ciertas plantas que funcionan como fijadoras de la propia duna. «Un liquen tarda 50 años en desaparecer, pero con una simple pisada, desaparece», relata Samuel Martín, consejero de la Reserva de la Biosfera y Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote. Incluso el simple hecho de tirar una lata de coca-cola en las Dunas de Maspalomas puede generar severos problemas a las pimelias, un escarabajo en peligro de extinción que, de llegar a dicha lata, acabarían muriendo atrapadas en su interior. 

«En Canarias, lamentablemente, tenemos multitud de pequeñas y medianas infracciones», asevera Jaime Coello, director de la Fundación Canaria Telesforo Bravo-Juan Coello y gestor ambiental, quien, no obstante, recuerda pese a la preocupación que suscitan las infracciones, los grandes «atentados» -fruto de construcciones en suelo protegido o de interés especial- generan una presión más global sobre el territorio. De hecho, unas de las sanciones más habituales en Gran Canaria son las provocadas por construir destrangis en lugares donde está prohibido, tal y como apuntan fuentes de Medio Ambiente del citado órgano insular. 

«La consecuencia final es siempre la degradación de nuestro medio natural, que la mayor bondad con la que cuenta Canarias», apunta el delegado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Canarias, Manuel Nogales. Pero como indica Flores: «no se está dando un mensaje claro sobre las alteraciones que puede sufrir nuestro entorno». 

Cientos de denuncias

Según la Fiscalía General del Estado, en 2022 se abrieron un total de 338 diligencias previas -investigaciones tras una denuncia- por posibles delitos relacionados con la ordenación del territorio, el patrimonio histórico y el medio ambiente. De estos 62 expedientes se abrieron por atentados al medio natural, daños en la fauna y la flora: 18 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 44 en Las Palmas. Del total, solo cinco llegaron a tener una sentencia en firme. 

Sin embargo, los posibles delitos tan solo representan una pequeña porción de todos las denuncias registradas en el Archipiélago cada año en materia medioambiental. Las más habituales en esta materia son las administrativas. 

Tan solo en la isla de Tenerife el Cabildo insular registró en 2023 un total de 657 denuncias por actos que atentaban contra el medioambiente. De ellas, casi la mitad (300 denuncias) se registraron por hechos cometidos dentro de espacios naturales, siendo el más afectado el Parque Nacional del Teide, que acumula el 31% de estas denuncias. La institución insular recibió, además 67 denuncias de hechos cometidos en el Parque Natural de Corona Forestal, 54 del Parque Rural de Anaga, 43 en la Reserva Natural Especial Chinyero y 43 en el Parque Rural de Teno. En toda la isla se registraron más de 650 denuncias por hechos que afectan negativamente al medioambiente, y solo 4 fueron constitutivos de delito. «En relación a la gente que visita nuestros espacios naturales, el porcentaje es muy bajo, pero como tenemos tantos visitantes, las denuncias son elevadas», relata el director insular de Medio Natural del Cabildo de Tenerife, Pedro Millán. 

Aunque este tipo de actos no son nuevos en el Archipiélago, según el delegado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Canarias, Manuel Nogales, después de la pandemia se ha producido un ‘boom’ de este tipo de situaciones. «En esa búsqueda de libertad tras el confinamiento, muchas más personas han accedido a estos espacios para disfrutar de ellos, pero lo han hecho sin educacion ambiental», insiste. Esta percepción la ratifica Millán, que asegura haber percibido un aumento de la gente que visita espacios naturales en Canarias después de la crisis del coronavirus. 

Impunidad

No es un solo motivo el que está generando que estas infracciones sean cada vez más habituales, pero los expertos indican varias circunstancias que lo están facilitando: la falta de recursos de seguridad en los entornos naturales, la sensación de impunidad, la deficitiente formación ambiental de la población y la presión provocada por la masificación -tanto por residentes como por visitantes- que viven las Islas. 

«No hay recursos de vigilancia suficiente». Es la frase más repetida tanto por la administración como por científicos y técnicos que trabajan a diario en el medio natural canario. La falta histórica de agentes medioambientales en toda Canarias impide hacer una labor exhaustiva que acabe con la «sensación de impunidad» de las personas que, queriendo o no, acaban causando graves daños al entorno natural de las Islas.

La diferencia es abismal entre las propias islas. Mientras Tenerife cuenta con 50 agentes medioambientales para toda la isla -más cinco que se encuentran en el Parque Nacional del Teide-, Gran Canaria apenas cuenta con la mitad (29). En islas más pequeñas, no se alcanza la decena de agentes, como es el caso de Lanzarote, donde son ocho trabajadores los que tratan de vigilar que no ocurra nada en los vastos espacios naturales de esta isla y de La Graciosa.

Más agentes, mejor protección

La Consejería de Transición Ecológica y Energía ya ha anunciado que potenciará la seguridad de estos espacios con la incorporación de nuevos agentes de medio ambiente y un presupuesto de 2 millones de euros al año para la contratación de personal externo. Mientras, el Cabildo de Tenerife ha puesto en marcha varios procesos selectivos para cubrir 25 plazas -de las que 17 son de nueva creación-; el Cabildo de Gran Canaria ha incorporado ocho nuevos agentes para custodiar tan solo las Dunas de Maspalomas y Lanzarote está reestructurando el área de Medioambiente y ha pasado de dos a ocho agentes. 

Ante los continuos actos vandálicos contra el patrimonio natural la administración quiere agilizar las soluciones para evitar una degradación del medio irreversible. Pero como insiste Millán. «la administración no es rápida» ni ágil a la hora de realizar contrataciones. «Tenemos un problema heredado desde la crisis económica de 2008, por el que no se renovaron las plantillas y ahora contamos con una plantilla muy envejecida y plazas que han estado años sin cubrirse», lamenta Millán. A esto se suma que las plantillas de agentes forestales estaban diseñadas para la afluencia de visitantes de los 80 o los 90, por tanto, Canarias ha acabado respondiendo «a más problemas con menos recursos».

De hecho, incluso con los incrementos en las plantillas que se han previsto, los gestores creen que a todas seguirán siendo insuficientes para poder vigilar todo el terreno protegido del que goza Canarias. No en vano, la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos se compone de 146 Espacios, que en su conjunto constituyen aproximadamente el 40% de la superficie del Archipiélago. «Cuantos más expedientes tengamos, más recursos necesitamos, tanto en el área administrativa como en la vigilancia», argumenta el director insular de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote. 

Degradación

En el Parque Nacional del Teide la situación es aún más sangrante, pues la zona no solo está sufriendo una importante presión por el elevado número de visitas que recibe -es el segundo Parque Nacional más visitado del mundo-, sino que, como entorno de alta montaña, también está sufriendo una rápida degradación debida al cambio climático. Y para proteger y preservar del vandalismo que pueda ocurrir en las 7.374 hectáreas que conforman el área protegida de alta montaña solo hay cinco agentes en activo. 

«El ritmo de visitantes y crecimiento de la población no ha seguido un patrón equilibrado con la vigilancia en el Parque Nacional», razona Nogales. Ante esta situación, el Cabildo de Tenerife ya ha adelantado que va a solicitar al Gobierno de Canarias la transferencia de competencias del Parque Nacional, que actualmente están delegadas. «Hasta que no se culmine la transferencia no podremos reforzar las plantillas», argumenta Millán, que insiste que este paso es necesario para poder «abordar el problema sin una mano atada a la espalda». 

Suspenso en educación

Este problema creciente, sin embargo, no se resolverá si la población sigue sin entender la importancia que tienen estos espacios naturales y por qué es necesario su protección. «Nos ha llegado al campo un montón de gente con mala formación ambiental, que ve a otros haciendo algo mal y creen que pueden hacer lo mismo», sentencia Nogales. Para Coello, acciones como la que hemos visto en Maspalomas ponen de relieve la inconsciencia y el desconocimiento hacia las figuras de conservación y su normativa», asevera, por su parte, Coello. 

Las redes sociales han sido el principal altavoz de este tipo de acciones tanto para bien como para mal. Porque mientras hay personas concienciadas que denuncian y advierten de los peligros que puede acarrear coger de recuerdo una pequeña roca en forma de palomita de una playa prácticamente virgen, otras tantas ven esta acción como una experiencia única que deben repetir. «Las redes sociales están ayudando a difundir estos actos», explica Samuel Martín, que indica que mucha gente «por desconocimiento» acude a sitios prohibidos y otros simplemente «buscan tener una foto». 

«Siempre se han hecho burradas, pero ahora con el altavoz de las redes sociales se ve mucho más», resalta Adrián Flores, ambientólogo especializado en biodiversidad terrestre y conservación en islas, que insiste en la importancia que está teniendo el efecto llamada. «Como se ve más, también se repite más», insiste. 

En este caso, ni la disuasión ni la prohibición son tan efectivas como la concienciación. «Por muchos medios que tengamos, no podemos poner un policía detrás de cada árbol», argumenta Millán. Y como ratifican fuentes asociadas al área de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria: «la mejor ley es la que cumple el ciudadano por su propia voluntad». «Hay que intensificar los valores ambientales y contar para ello, además, con la complicidad del sector turístico», insiste Millán. 

En este sentido, el Cabildo de Gran Canaria ha optado por hacer suya la frase «si no puedes con el enemigo únete a él». Y así ha sido como han empezado a difundir por redes sociales campañas como Mosaico, con la intención de informar, por ejemplo, de lo que supone utilizar un plaguicida concreto. El Cabildo de Lanzarote añade, por su parte, la necesidad de que las campañas no solo se hagan dentro del territorio, también en puertos y aeropuertos para concienciar a los visitantes de que «deben respetar el territorio». 

Actualización

Los expertos también defienden una actualización por parte del Gobierno de Canarias de las sanciones económicas asociadas a este tipo de denuncias, ya que infringir las normas acaba siendo muy barato. Las alarmas saltaron hace dos semanas, cuando una ‘búsqueda del tesoro’ organizada por redes sociales y llevada a cabo en la reserva natural de las Dunas de Maspalomas se saldó con una sanción de 600 euros de multa para el promotor de la iniciativa. 

Las infracciones contempladas en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, por ejemplo, pueden ir desde los 100 hasta los 1000 euros, si son leves, o superar los 1000 euros en caso de las graves. La Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, por otro lado, establece para sus infracciones leves multa de 150 a 600 euros. El Cabildo de Gran Canaria ha insistido por ello que «la administración no es libre de actuar». E insiste: «la administración puede poner las sanciones que pone la ley, no se las puede inventar». 

Las bajas cuantías de las sanciones no es el único problema asociado a las amonestaciones. Y es que los protagonistas de estas acciones vandálicas contra el patrimonio natural en muchas ocasiones suelen ser visitantes que, por cómo están configuradas las leyes medioambientales, nunca llegan a recibir la sanción. «Se van y nunca llegan a pagar la multa», advierte Coello. Una circunstancia que, además, «es injusta» y genera un «agravio comparativo», tal y como indica Pedro Millán, que lamenta no contar con cauces legales europeos e internacionales para poder hacer llegar esas sanciones a los visitantes una vez lleguen a su país de origen. 

Pero como insisten expertos y administraciones consultadas, parte de esta problemática se debe a la masificación que están viviendo las Islas, tanto por la cantidad de personas que residen en ellas como de los visitantes que recibe. Tan solo en enero, Canarias ha sido la región con más volumen de turistas de toda España. En concreto, el Archipiélago recibió 1,3 millones de visitantes. Es decir, el equivalente a la mitad de la población de las Islas. 

«No se ha hecho un análisis reposado sobre el futuro de las islas; el desarrollo debe ser finito», argumenta Manuel Nogales. En este sentido también se manifiesta el director de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife, que asume que es un debate que se debe tener de manera «sosegada» para conseguir un consenso, en el que también tiene que estar, por su puesto, el sector turístico. «No va a ser un proceso fácil, pero es el momento», admite Millán, que asume que el ruido político y las posiciones irreconciliables entre partidos políticos no hacen más que ahondar en el problema que sufre el Archipiélago. 

El tiempo corre, sin embargo, en contra de la naturaleza única de Canarias. Las decisiones que se tomen en los próximos años serán las que diriman el futuro ambiental de las Islas, incluyendo su estado de salud y su riqueza. «La sociedad canaria es más rica cuanto mejor tenga conservado su patrimonio natural», defiende Jaime Coello. Y para seguir disponiendo de esta joya natural a largo plazo los canarios se deben unir en una sola voz, que busque por encima de todo salvaguardar el patrimonio natural que abanderan con orgullo para evitar su progresiva desaparición.

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