«Hay que poner coto»

Hay que poner coto. En los últimos meses, seguramente un poco tarde, las familias, los profesores, los políticos han decidido tomar medidas para limitar el uso de móviles por parte de los menores en los centros educativos. En su momento se puso coto al tabaco, omnipresente hasta entonces en lugares públicos y privados en perjuicio de la salud de todos, pero muy especialmente de los no fumadores. Un político me decía que en el sector turístico hay que dejar que se establezca un tejido empresarial tupido antes de comenzar a implantar normativas limitativas. O sea, primero la libertad, vale, pero llega un momento en que hay que poner coto.

Algunos conservamos el recuerdo de cuando en los espacios naturales había pocas personas, pocas actividades. Eran territorios olvidados por el turismo y a nadie se le ocurría regular el barranquismo, la acampada o el aparcamiento porque no hacía falta. Pero llegó un momento en que hubo que poner coto: debíamos preservar reconocible para las futuras generaciones el patrimonio cultural y medioambiental que nos legaron nuestros antepasados.

En los últimos tiempos se ha multiplicado la realización de actividades en el medio natural, por deporte, salud, turismo, etc. Y tras la pandemia, más. Pero en los ultimísimos, parece que el objetivo de una buena parte de quienes realizan esas actividades es colocar imágenes en redes sociales, bien para ensanchar el ego, bien para recaudar fondos y tratar de vivir con ellos. Simpáticas personas sin relieve profesional utilizan el medio natural como plató, aplicando a sus grabaciones la presencia incomparable de su rostro, su bicicleta o su moto. Hay a quien no le preocupa el daño medioambiental que pueda producirse porque diez días después se ha ido del lugar para siempre y no volverá. 

Como en el caso de los móviles citado al comienzo, notamos que las actuaciones se nos están yendo de las manos, cuando vemos que se toma como natural provocar la excavación en dunas protegidas, animar a bajar corriendo por zonas de reserva de un volcán, mostrar el tránsito de una familia por un camino cerrado por seguridad o exhibir descensos en bicicleta que dejan un rastro imborrable en paisajes antes no tocados. Si contar los casos en que se puede entrever la ridiculización del patrimonio natural y cultural mediante chorradas que luego las redes llevan a miles, a millones de miradas. No son cataclismos ambientales, pero hay que empezar a poner coto.

Durante las últimas décadas las normas que se aplicaban a las actividades en el medio natural procedían de los gobiernos, de decretos, fundamentalmente de los que aprobaban la planificación de los espacios naturales protegidos (sus siglas, PRUG, son bien conocidas). Nadie pensaba en las redes sociales. Los listados de infracciones y sanciones se aprobaban mediante leyes nacidas de parlamentos preocupados por la contaminación industrial o la extinción de especies protegidas y otros relevantes problemas ambientales. Nadie pensaba en las redes sociales.

¿Que hacemos? A la vista de las nuevas amenazas parece oportuno abordar un gran pacto en defensa del medio natural en el que se impliquen también las administraciones con competencias en turismo, deporte, cultura, seguridad, etc. para afrontar los nuevos retos. Sobre todo turismo, por su conocimiento de los flujos de visitantes y porque buena parte de los posibles infractores de la normativa ambiental son turistas. Pero también constituyen una pieza importante las fuerzas y cuerpos de seguridad, por su conocimiento de lo que ocurre en cada momento y su profesionalidad. La reflexión debería llevar a una alianza de esas administraciones, liderada por la competente en medio natural, para potenciar los valores del medio natural y poner coto a todo lo que va contra ellos.

Esa alianza podría promover un plan general, global, que integre a los diferentes sectores de la economía y la administración de Tenerife y ofrezca la oportunidad de activar mecanismos de sensibilización y compromiso de los habitantes de la isla, de su tejido asociativo. La población debe estar involucrada y no ver la protección ambiental como un trasunto ajeno a su vida, desde los colegios hasta los turistas. No podemos olvidar el reciente incendio, con su carga profunda de reflexiones. No podemos olvidar la “Estrategia para la conservación de la biodiversidad en la isla de Tenerife 2020-2030”, que ya marcó una pauta para las acciones que se puedan llevar a cabo. La Universidad pública sin duda podría liderar este plan global.

Hace falta control, inspección. Es preciso invertir en medios materiales y personales. Hay que poner coto a la impunidad nacida de la ausencia de controles. Incluso la videovigilancia puede jugar un papel decisivo. Sabemos que tras la comisión de un delito se analizan las cámaras del entorno y lo mismo podría ocurrir en el medio natural. Es posible realizar un esfuerzo por parte del Cabildo, destinando fondos a esos medios materiales y sobre todo personales que hagan visible y efectivo el control “in situ” del medio natural. 

El régimen sancionador está perfilado en los listados de infracciones y sanciones incorporados a las leyes. Es precisa una modernización porque todas estas nuevas actividades encuentran muy difícil tipificación. Y las sanciones deben revisarse porque en ocasiones la cuantía de la sanción es muy inferior al beneficio económico obtenido con la infracción. Un procedimiento sancionador ineficaz no sirve para poner coto. Es al Parlamento de Canarias a quien se le debe transmitir la necesidad de legislar.

La regulación de las empresas de turismo activo que operan en las áreas protegidas de Canarias es similar a la que se aplica en las demás comunidades autónomas. Sin embargo, el nivel de empresas no registradas es muy elevado en Tenerife. Sería interesante ir cerrando caminos a las empresas no registradas y no cumplidoras de los requisitos legales impulsando una campaña para que las entidades públicas y privadas rechacen cualquier relación comercial con ellas. En concreto y muy especialmente para que intermediarios turísticos, hoteles, etc. exijan acreditación del cumplimiento de la legalidad a las empresas con las que contratan actividades. Las empresas que están “en regla” deben convertirse en aliadas de la defensa del medio natural porque cotidianamente “están allí”. Se podrían simplificar los trámites de las solicitudes que realizan las empresas de turismo activo ante diferentes administraciones, como las de Transporte o Medio Natural. La Carta por la sostenibilidad, impulsada por Turismo de Tenerife, ya abrió una puerta para transitar este camino.

Por último, no podemos dejar pasar las posibilidades que debe abrir la aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide. El texto inicialmente propuesto recibió la respuesta social de sectores políticos, deportivos, turísticos, sociales en general y no estamos ante su última redacción. En la planificación de otros espacios naturales protegidos de montaña pueden hallarse pautas de actuación que se pueden trasladar, tanto en actividades deportivas o turísticas como en movilidad o filmaciones. Hubo detalladas alegaciones y seguramente ahí se encuentra todo lo que se puede proponer. El entorno federativo del montañismo tiene una amplia experiencia en la conciliación entre la práctica deportiva y la conservación del medio natural en Tenerife y merece ser escuchado.

Todo cuanto antecede son opiniones personales, cierto, pero proceden de diferentes aproximaciones, realizadas desde el terreno jurídico, a las actividades turísticas y no turísticas desarrolladas en el medio natural de Tenerife en las dos últimas décadas. En el fondo está la imagen de la isla. Todos conocemos ejemplos de zonas turísticas deterioradas por la trivialización de su paisaje y de su autenticidad. Hay que poner coto.