PLAN DE RECUPERACIÓN

Una quinta parte de los fondos europeos se queda sin adjudicar

España solo habría adjudicado en torno al 46%, menos de la mitad de la dotación original del Plan de Recuperación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / Eduardo Parra / EP

Paula Blanco

De los 70.316 millones de euros de fondos iniciales que la Comisión Europea otorgó a España en forma de subvenciones, 6.557 millones de euros (21,46%) se habrían quedado sin adjudicar. Si este total se desglosa, un 17,15% de los fondos comprometidos por la Administración General del Estado (AGE) y un 9,35% de los fondos europeos iniciales incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se habrían quedado en el limbo. Es una de las conclusiones a las que ha llegado el Observatorio NextGen de la Unidad Next Generation EU de la consultora LLYC, con datos hasta el 31 de diciembre de 2023, donde también señala que "la generación de estos remanentes se ha vuelto estructural" y es posible prever que dicho porcentaje "se va a mantener en las resoluciones pendientes de 2023". En total, aunque el nivel de compromiso asciende a 66.296 millones de euros (un 94,28% de los 70.316 millones destinados a subvenciones), España solo habría adjudicado en torno al 46% de la dotación original del Plan de Recuperación. Por tanto, resumen desde la consultora, España deberá hacer un enorme esfuerzo de ejecución para lograr adjudicar el 55% restante del Plan de Recuperación, a los que se suman los fondos adicionales de la Adenda (10.300 millones en forma de subvención y 83.200 millones en forma de préstamos).

La generación de financiación europea no adjudicada se debe en gran medida al fracaso del PERTE para el desarrollo del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC). La escasa concurrencia y la baja asignación de a fondos en su primera convocatoria dejó como remanente más de 2.100 millones de euros, de los que 1.500 millones corresponden a 2022. Aunque la siguiente convocatoria tuvo un mayor éxito por la colaboración con el sector privado y la simplificación de la convocatoria, unos 208 millones de euros sobrantes de la segunda convocatoria pasaron a formar parte de los remanentes. El Ministerio de Industria y Turismo, el organismo encargado de los PERTE, es el que más fondos europeos ha dejado sin adjudicar. Por ejemplo, la adjudicación del PERTE agroalimentario no superó el 36% y tendrá una nueva convocatoria, mientras que en el PERTE naval ascendió al 42,52% de los fondos comprometidos.

Si bien en un principio se había fijado una transferencia de fondos europeos del 60% a la AGE y un 40% a las comunidades autónomas, la evolución del compromiso ha sido desigual. El protagonista de la AGE ha aumentado desde 2021, mientras que el de las regiones ha descendido hasta situarse en un 36,48% del total de fondos al final de 2023. En su caso, los recursos gestionados ascienden a 24.188 millones, mientras que el importe total adjudicado asciende a solo 8.600 millones de euros. A nivel de la AGE, se concluye que de los 38.336 millones de fondos comprometidos, se han resuelto convocatorias y licitaciones con una dotación de 30.552 millones, y se han adjudicado a los beneficiarios finales 23.977 millones de euros, un 34% de los fondos.

Andalucía es la comunidad autónoma con un mayor nivel de fondos europeos con un 15,91% sobre el total (3.849 millones), seguido de Cataluña (3.524 millones), Madrid (2.607 millones) y la Comunidad Valenciana (2.288 millones). Eso sí, LLYC advierte que existe una ecuación directa en el hecho de recibir más dotación y en los fondos per cápita que se reciben. Es decir, aquellas comunidades autónomas que han recibido menores fondos, como La Rioja (372 millones), son las que más fondos per cápita se han llevado por la menor población existente en su territorio (1.175 millones per cápita). En este sentido, Madrid es la región con menor fondos per cápita del país (382 millones).

El sector público, el más beneficiado

Por tipo de beneficiario, España ha destinado una mayor cantidad de fondos europeos al sector público (un 45,07% del total de fondos comprometidos) que al privado (un 40,13%). El resto se ha asignado a entidades mixtas. Tal y como sucedía hace seis meses, última recogida de datos de la consultora, a la mayoría de convocatorias y licitaciones se han podido presentar todo tipo de empresas. En total, las pymes han sido beneficiarias de un 12,3% del dinero total, mientras que las grandes empresas han contado con casi un 10% en convocatorias y licitaciones. Según LLYC, existe una gran atomización de los fondos en España en comparación con otros países europeos, como Francia e Italia, donde más de la mitad del dinero repartido ha llegado a manos de grandes consorcios públicos que después distribuyen los fondos. Esto hace que otros vecinos de la región, como Alemania, notifique un mayor número de grandes proyectos que son gestionados principalmente por el sector privado.

Hasta este año, España lideraba en la Unión Europea las solicitudes de desembolsos de fondos europeos, pero ha caído a la tercera posición por detrás de Italia, que acaba de solicitar el quinto desembolso, y de Portugal, que ha recibido el desembolso del cuarto pago. A cierre de 2023, España ha recibido tres desembolsos por valor de 37.000 millones de euros por cumplir 121 hitos y objetivos de un total de 413. La recepción de los siete desembolsos pendientes tiene como límite máximo el 31 de agosto de 2026. Una vez se apruebe de forma total o parcial la reforma pendiente del sistema de prestaciones por desempleo, tumbada por Podemos en el Congreso, España recibirá 10.000 millones de euros. A este cuarto desembolso se suma la posibilidad de solicitar los 1.400 millones de euros (1.000 millones en subvenciones y 400 millones en préstamos) procedentes de la prefinanciación vinculada a REPowerEU. La solicitud del quinto pago, de 7.500 millones de euros, estaba prevista para el segundo semestre de 2023, pero se ha retrasado seis meses, hasta el primer semestre de 2023, como consecuencia de la aprobación del nuevo calendario de desembolsos establecido en la Adenda.