Medio Ambiente ordena derribar el hotel Oliva Beach de las Dunas de Corralejo

El Ministerio para la Transición Ecológica da por caducada la concesión otorgada para la «ocupación y aprovechamiento del dominio público» por parte del Hotel Oliva Beach junto a las Dunas de Corralejo de Fuerteventura. Eso supone, de facto, la demolición del inmueble. Mientras los ecologistas celebran la decisión, RIU la estudia y anuncia que la recurrirá.

El mismo informe, no vinculante, emitido sobre este caso por el Consejo de Estado ha servido para que en RIUse declararan tranquilos y para que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, dé carpetazo al expediente en contra de los intereses de la cadena hotelera balear. 

Los apartamentos eluden, solo por el momento, la piqueta

En el primer punto de su resolución, Morán declara «la caducidad de la concesión otorgada (...) a Geafond Número Uno Lanzarote, SA», cuya administradora única es Carmen Riu, «para ocupación y aprovechamiento del dominio público». En otras palabras, lo que una orden ministerial dio por válido en 2003 es completamente rechazable veinte años después.

De la demolición ordenada por Morán se salvan en esta ocasión los apartamentos. Al menos «hasta que se instruyan los expedientes que resuelvan la situación jurídica en la que se hallan los titulares registrales no amparados por el título concesional», señala el texto conocido ayer.

Satisfacción en Turcón

«Ha sido una ardua tarea que nos ha llevado muchos años», afirmó el secretario del colectivo Turcón-Ecologistas en Acción, Gilberto Martel, que no ocultó su satisfacción por el sentido de la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica. En su opinión, «la actividad turística tiene que ser respetuosa con el medio ambiente», cuestión que, a su juicio, no tiene modo de conjugarse con la existencia de «un edificio en un espacio protegido» e invadiendo, «incluso, el dominio público marítimo-terrestre». 

En RIU estudiaban en la tarde de ayer el documento, contra el que cabe recurso de reposición en el plazo de un mes ante la ministra Teresa Ribera y de dos meses si el camino que toman es el de dirigirse directamente a «la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional».

La representante de la cadena hotelera en el Archipiélago, Águeda Borges, no se mostró sorprendida por el sentido de la resolución. «Siempre ha sido una actuación finalista», explicó, para enfatizar que la decisión estaba tomada de antemano y toda la labor del ministerio se ha basado en gestar un armazón jurídico.

Hace solo dos semanas

Hace dos semanas visitó la capital grancanaria Teresa Ribera. Durante su comparecencia conjunta con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ambos representantes políticos despejaron a córner cuando se les preguntó por el conflicto entre ambas administraciones a cuenta de la transferencia de las competencias en Costas.

La socialista y el nacionalista canario optaron por postergar el enfrentamiento, ya inevitable, y mantener antes al menos un encuentro bilateral. No obstante, la también vicepresidenta tercera del Gobierno de Pedro Sánchez adelantó que el traspaso llegará hasta donde lo han hecho otros precedentes como los de Andalucía o Baleares.

Turcón señala que es responsabilidad de la empresa recolocar de manera digna a la plantilla

La decisión conocida ayer acerca aún más el asalto final de este choque al Tribunal Constitucional. Ya es prácticamente seguro que el Gobierno de Canarias presentará un conflicto de competencias. Lo hará esgrimiendo el Estatuto de Autonomía de 2018, precisamente el documento que consolida la reclamación de la soberanía sobre el litoral. 

Borges aludió asimismo al impacto que tiene esta decisión del Gobierno central para «400 familias», en referencia a los trabajadores que integran la plantilla del establecimiento hotelero. Una cuestión sobre la que también opinó la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León (PP), y que estimó improcedente Gilberto Martel: «La empresa es responsable de facilitarles una recolocación digna».

De León resaltó que el mismo día que Teresa Ribera visitó el Archipiélago, el Consejo de Estado dictaminaba la caducidad de la totalidad de la concesión. Además, acusó al expresidente canario y ahora ministro de Política Territorial, el socialista Ángel Víctor Torres, de «callar, sin defender el interés legítimo de las Islas».

Jéssica de León acusa al socialista Torres de no defender el «interés legítimo de las Islas»

En opinión de la consejera, «Torres jamás hizo nada por detener el expediente», lo que supone un «engaño a todos los majoreros». Al respecto, recalcó que la resolución deja claro que el hoy ministro «jamás se ha personado ni dirigido comunicación alguna al ministerio», sino que fue el pasado 1 de agosto, con el PSOE ya fuera del Ejecutivo autonómico, «cuando se pide al Estado que se abstenga de pronunciarse por el conflicto de competencias» que existe.

El largo enfrentamiento escribió ayer un capítulo importante. Sin embargo, habrá que esperar a la resolución de los recursos que ya ha anunciado RIU para ver movimientos de igual o similar calado. Además, al conflicto le han salido hijuelas como la querella que la cadena hotelera ha interpuesto en Madrid contra altos cargos del ministerio que han intervenido en la tramitación del expediente.

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