La Justicia ‘liquida’ 430.000 euros de deuda de un canario con un fondo buitre

Los tribunales han decidido exonerar a un empresario canario del pago de una deuda de 429.890,85 euros. En aplicación del Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC), el magistrado Guillermo Fernández, titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, da por zanjado el procedimiento concursal abreviado abierto el pasado año pero que en realidad se remonta a hechos que se desarrollaron hace ya doce años.

Un negocio de electrónica de la capital grancanaria se vio atropellado, como tantos otros, por la crisis que se desató en el año 2008 en occidente. La quiebra del supuesto círculo virtuoso por el que discurría la economía no perdonó a quienes en ese momento tenían un exceso de apalancamiento. Es decir, a aquellos que afrontaban deudas que en condiciones normales se habrían digerido sin grandes problemas.

Sin embargo, la caída en picado del consumo generó una merma en el volumen de facturación de no pocas compañías y, con ello, el consiguiente terremoto en sus cuentas de resultados. Sobre el local comercial de la sociedad mercantil a la que se refiere la decisión judicial pesaban «dos hipotecas diferentes», señala Isabel Miranda (@abogada_mercantil), letrada que ha defendido los intereses del exonerado.

La acreedora, Intrum, es una empresa sueca que cotiza en la Bolsa de Estocolmo

El impago de las cuotas motivó la ejecución de la hipoteca por parte de Banco Sadabell. El precio de venta cerrado en la posterior subasta «no dio ni para cubrir por completo», continúa la abogada, uno de los dos créditos. Posteriormente, la entidad financiera vendió los derechos sobre el pasivo a Intrum, «empresa sueca de gestión de cobros y patrimonios», según reza en su propia página web, con más de cien años y que cotiza en la Bolsa de Estocolmo. En los ambientes legales no faltan los despachos de abogados para los que este instrumento de Nordic Capital (fondo de inversión que opera principalmente en el Norte de Europa) merece el calificativo de fondo buitre.

En 2012 la actividad cesó. Esta circunstancia coincidió con un problema de salud del propietario, lo que acabó de cerrar las puertas a la posibilidad de una recuperación de la actividad. La buena fe es una de las actuaciones que han de acreditarse ante los tribunales para optar a la completa condonación de la deuda. En este caso, eso no fue problema, pero «sí dio más trabajo demostrar qué ha ocurrido en los últimos doce años», explica Isabel Miranda.

Una grancanaria logra librarse de un pasivo de 45.000 euros y conservar su vehículo

Los hechos se remontan a 2012. En todo el tiempo que ha transcurrido desde entonces las circunstancias podrían haber cambiado muy favorablemente o, incluso, se podría haber dado el caso de una reiteración en el modo de actuar. Todas estas circunstancias son las que deben tenerse en cuenta en la toma de decisiones.

La TRLC contempla la posibilidad de que «el concursado» solicite la exoneración si los acreedores agotan el plazo que tienen para pedir el nombramiento de un administrador concursal. Tiene diez días para hacerlo, siempre que no incurra en ninguno de los casos que lo impiden. Entre estos, se encuentra, por ejemplo, obstaculizar el trabajo del juez y el administrador concursal.

Segunda oportunidad

En este mismo ámbito, el despacho Canarias Sin Deuda dio a conocer ayer la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad para una mujer grancanaria que acumuló un debe de 45.000 euros tras tener que recurrir a distintos préstamos y tarjetas de crédito para «afrontar sus gastos básicos». La insuficiencia de sus ingresos y una enfermedad sobrevenida que le provocó una incapacidad transitoria están en el origen de una acumulación de pasivo que acabó en «una situación de insolvencia».

El abogado Samuel Díaz detalla que fue la baja laboral la que conllevó el hundimiento de los ingresos y la necesidad de recurrir a financiación externa «para solventar la situación». La afectada ha conseguido quedar sin deuda y conservar su vehículo.

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