Bancos y fondos buitre aprietan a 38.932 canarios con las tarjetas 'revolving'

Bancos y fondos buitre presentaron en el primer semestre de 2023 reclamaciones de deuda por la vía exprés del procedimiento monitorio contra 38.932 canarios. Es la cifra más alta de la historia en una primera mitad de año. La mayoría de estas reclamaciones son por deudas de pequeña cuantía contraídas con tarjetas revolving, esa variante de las tarjetas de crédito que permite disponer de una línea personalizada de micropréstamos hasta una determinada cantidad. A cambio, claro, de freír al cliente a comisiones, seguros de protección de pagos y tipos de interés aberrantes que pueden llegar al 25%. El caso es que tras más de tres años de crisis, primero por la pandemia y desde abril de 2021 por una inflación desbocada, los impagos de cuotas de tarjetas revolving se han disparado hasta máximos históricos, y con estos se han disparado también los procedimientos monitorios. Es más, el Archipiélago es la Comunidad Autónoma con más casos del país.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) actualizó la semana pasada su Estadística sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales. Una base de datos que el gobierno de los jueces comenzó a publicar en la Gran Recesión (2008-2014) y que ha sobrevivido desde entonces a otras dos crisis. La información del CGPJ muestra que los hogares de la región son, con diferencia, los más acuciados por las tarjetas revolving y, en consecuencia, por los procesos monitorios, con más de 900 casos por cada 100.000 habitantes solo en el segundo trimestre del año. ¿Y por qué las entidades financieras recurren a este tipo de procedimiento, en lugar de a la vía ordinaria de la reclamación de cantidad, para recuperar la deuda de las revolving? Pues porque basta con que la persona afectada no conteste a la petición de pago que curse el correspondiente juzgado para que esta se ejecute, es decir, para que se retenga la deuda más los intereses. En otras palabras: para que se metan en la cuenta corriente y cojan el dinero.

Desconocimiento generalizado

El monitorio es un proceso exprés pensado para la reclamación de cantidades –sin límite de cuantía aunque se usa de forma mayoritaria para deudas de poca entidad como las de las tarjetas revolving– con solo presentar documentación básica que acredite el impago: una factura, un albarán, un contrato... La entidad presenta la solicitud de pago en el juzgado que corresponda al domicilio del deudor y, una vez aceptada por el juez, este lo insta a que pague o dé razones para no hacerlo en un plazo de 20 días. Y aquí está la clave. Para que la persona pueda defenderse es preciso responder, poner el caso en manos de un abogado y oponer sus argumentos. La respuesta será suficiente para que el proceso abandone la vía monitoria de forma automática y la reclamación de deuda pase a tramitarse por el procedimiento ordinario. De hecho son muchos los casos que acaban con pronunciamientos favorables a los deudores, que sufren unos intereses leoninos y unas cuotas a todas luces desorbitadas. Pero si no se responde a la petición de pago del monitorio, por mucha razón que se tenga y por mucho que el banco o el fondo buitre esté reclamando un interés rayano en la usura, la deuda, cabe insistir, se ejecutará. Por eso las entidades financieras usan cada vez más esta vía, porque juegan con el desconocimiento de los afectados. Sobre todo las firmas de capital riesgo, fondos oportunistas o fondos buitre, que les compran a los bancos paquetes de deuda de dudoso cobro para luego exigir su pago, más el de los jugosos intereses, por medio del proceso monitorio. Saben, en definitiva, que muchas personas no responderán, no al menos en tiempo y forma, con lo que tienen el cobro garantizado aunque las hayan sableado a intereses y comisiones.

En el primer semestre de 2007, el último año antes de la Gran Recesión, el número de procedimientos monitorios presentados en los juzgados de la Comunidad Autónoma fue de 16.272. Conforme la crisis se agravó, los monitorios se incrementaron ejercicio tras ejercicio hasta los alrededor de 30.000 registrados tanto en los seis primeros meses de 2010 como en el mismo período de 2011. No obstante, no fue hasta 2021 y 2022 cuando por primera vez se superaron los 30.000 casos de enero a junio. Primero por la irrupción de la doble crisis de la covid y la inflación; y segundo, y sobre todo, por el hecho de que el proceso monitorio es cada vez más utilizado por los bancos, y sobre todo por los fondos buitre, en los impagos por tarjetas revolving. Con todo, esos casi 39.000 casos de los seis primeros meses de este año son un nuevo, y triste, máximo histórico. Son 6.391 más que los 32.541 contabilizados a estas mismas alturas de 2022, que a su vez eran el récord hasta ahora. A final de año se habrán superado por primera vez en los juzgados canarios, y con creces, los 70.000 monitorios, lo que de algún modo es también un indicador de las dificultades económicas que la crisis de precios les ha ocasionado a muchas familias isleñas.

Suscríbete para seguir leyendo