La obra pública llega a su máximo en 14 años y se acerca a niveles de la burbuja

La Administración pública licitó obras en 2023 en Canarias por un montante superior a los mil millones de euros. Una cuantía que ya se había rebasado en 2022, con lo que se encadenan así dos ejercicios consecutivos por encima de una cifra que no se pasaba desde 2009, hacía ya 14 años. De hecho, la última vez que las instituciones del Archipiélago cerraron un bienio con la licitación de obras en los actuales niveles fue precisamente en 2008-2009, es decir, en los albores de la Gran Recesión que acabaría prolongándose hasta 2014. La diferencia es que en aquellos años, y en concreto en 2009, el importe de los proyectos promovidos por la Administración estuvo dopado por el Plan E del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Un controvertido plan que implicó la transferencia de miles de millones de euros a los ayuntamientos para que estos los invirtieran en obras con el fin último de darle un empujón a la economía, que ya mostraba los primeros síntomas de la crisis financiera. Así que, en realidad, la licitación pública de proyectos de edificación –inmuebles– y de obra civil –carreteras, parkings, túneles...– está en niveles desconocidos desde los últimos años de la burbuja inmobiliaria. Y hay que recordar que la obra pública no solo es importante porque cubre una necesidad ciudadana –como la de los vecinos que precisan una nueva carretera para acceder a su localidad–, sino también, y sobre todo, porque supone la contratación de una o varias empresas para ejecutar el proyecto, la consecuente creación de puestos de trabajo y, en definitiva, mayor actividad económica y por ende mayor riqueza.

Solo 2008-2009, con el ‘doping’ del ‘Plan E’, se produjo un volumen similar de licitaciones

Los datos de Seopan, la patronal de las grandes constructoras del país, muestran que la Administración en su conjunto –Gobierno de España, Gobierno de Canarias, cabildos, ayuntamientos y todo su entramado de empresas y entes dependientes– licitó obras en los diez primeros meses de 2023 por un total de, exactamente, 941,2 millones de euros. Las cifras de noviembre y diciembre aún no son definitivas, pero sí es seguro que se superarán con creces los mil millones. En 2022, el montante alcanzó los 1.124,1 millones de euros, y de la estadística de Seopan se desprende que la cuantía exacta de 2023 rondará e incluso superará esa cantidad. Para hacerse una idea de los niveles en que está moviéndose la licitación de obra pública en las Islas basta con recordar que en 2019, el último ejercicio antes de la doble crisis de la covid y la inflación, el importe de los proyectos que las instituciones sacaron a concurso o subasta no llegó a 935 millones de euros. En 2018 sí se rondaron los mil millones, pero es que en los siete años transcurridos entre 2011 y 2017, las cantidades oscilaron entre un máximo de 582,5 millones de euros y el mínimo de 189,1 millones registrado en 2012. En 2010 fueron algo menos de 921 millones, también por debajo de los actuales guarismos, y en 2009, con el doping del Plan E, unos 1.041 millones de euros, suma que ya se superó en 2022 y que se volvió a rebasar en 2023 a falta de las cifras exactas. El último ejercicio en que en verdad, es decir, sin dopaje, se habían contabilizado más de mil millones en licitaciones de obras fue el de 2008, con 1.210,2 millones de euros, un montante que todavía no se ha logrado siquiera igualar. Así que ha tenido que transcurrir la friolera de 14 años para que la capacidad inversora de las instituciones del Archipiélago se restablezca. Cada vez quedan más cerca las cuantías propias de los años de la burbuja, aunque está por ver cuándo se repetirán los 1.813,3 millones de 2006, el año récord de la obra pública.

Hay, eso sí, un lunar. Y no precisamente de poca importancia. Se trata de los contratos desiertos, esto es, de esas licitaciones que no encuentran ninguna empresa interesada en ejecutar los proyectos. El extraordinario encarecimiento de los materiales de construcción y la desactualización del valor de los contratos –que en muchos casos no dan ni para cubrir gastos– han desembocado en un récord de licitaciones desiertas. Se ralentizan así los proyectos y se postergan sine die esos beneficios que la inversión pública les reporta a la economía y el empleo. El problema es tal que a mediados de septiembre, a falta de más de tres meses para despedir 2023, ya se habían contabilizado hasta 141 licitaciones desiertas por alrededor de 70 millones de euros.

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