La economía sumergida supone ya el 28% del PIB de Canarias y supera el presupuesto de 2024

La economía sumergida es un fenómeno difícil de definir con precisión y aún más complicado de cuantificar. Sin embargo, un estudio elaborado por el anterior Gobierno regional estima que en las Islas se situó en un rango de entre 10.784 millones y 14.706 millones entre 2000 y 2019. En ese último año la cifra habría alcanzado los 13.725 millones, es decir, el 28% del PIB de la Comunidad Autónoma.

Según estos datos, el dinero negro que genera al año la economía oculta en el Archipiélago supera el previsto en inversiones y gasto corriente para el sostenimiento de las Comunidad Autónoma para 2024, que asciende a un total de 11.301 millones.

Solo ese superávit de 2.424 millones de dinero en B supone, por ejemplo, cien veces más que la inversión prevista para la ampliación del Materno Infantil de Gran Canaria (22 millones), veinte veces más que la prevista para La Palma (126,7 millones), casi diez veces más que la que recibirá Gran Canaria en su totalidad (273 millones), cinco veces más que el presupuesto del área de Universidades (413,7 millones); casi tres veces más que el total de Obras Públicas (774 millones) e incluso supera en 400 millones al presupuesto adjudicado a la Consejería de Educación (2.092 millones), que es el departamento que más dinero recibe por parte del Gobierno el próximo año.

Así se confirma en el informe Economía sumergida y fraude fiscal y laboral en Canarias. Una aproximación, elaborado en colaboración entre la Viceconsejería de Hacienda, Planificación y Asuntos Europeos que dirigía Fermín Delgado y la Fundación General de la Universidad de La Laguna (ULL), bajo la dirección de Margarita Ramos, catedrática en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias entre 2011 y 2013.

En varios estudios Canarias es la comunidad autónoma con mayor economía sumergida

Este trabajo, que recoge datos elaborados por multitud de informes de entidades públicas y privadas, tanto nacionales como europeas, con datos de 2019, 2020 y 2021, es avalado tanto por el anterior equipo gubernamental como por el actual, toda vez que el vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez, se basó en él en una reciente comparecencia que tuvo en el Parlamento para explicar las medidas que adoptará para afrontar el fraude fiscal y la economía sumergida.

Entre todos los trabajos evaluados, el informe resalta uno del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) del año 2012 sobre las estimaciones de la economía sumergida en las comunidades autónomas españolas en el que el valor calculado para España se cifraba en el 24,6% del PIB y para Canarias en el 27,9%, es decir, 13.676 millones.

Por encima de la media

El estudio del Gobierno canario define la economía sumergida como «el conjunto de actividades productivas y en principio legales que se ocultan deliberadamente a la Administración pública con el fin de evitar el pago de impuestos; el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social; el cumplimiento de la legislación laboral (por ejemplo, normas relativas a salario mínimo, jornada de trabajo, estándares sanitarios y de seguridad, etc.); y procedimientos administrativos».

En base a estos criterios, el estudio concluye que «en todas las estimaciones realizadas, Canarias se encuentra por encima de la media de las comunidades autónomas de España. Y en la mayoría de esas estimaciones, Canarias es la comunidad autónoma con mayor economía sumergida».

A este respecto, recuerdan que David Cantarero Prieto (doctor en Economía y catedrático en el área de Economía Aplicada de la Universidad de Cantabria) e Ignacio Zubiri Oria (catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco) comentaron en un estudio de 2018 que «puede que el mayor fraude sea el resultado de una gestión regional de la fiscalidad peor o, simplemente, de que en la comunidad haya más sectores en principio proclives al fraude […]. Estas y otras cuestiones requieren más investigación y, probablemente, un perfeccionamiento de los métodos de medición de la economía sumergida regional».

El superavit ‘en negro’ respecto a las cuentas supone cien veces las obras en el Materno Infantil

Como se ha comentado, el propio estudio recuerda que «medir la economía sumergida y su peso en el PIB es una tarea compleja y los métodos existentes no están exentos de riesgos porque estamos ante una magnitud oculta». Aun así, los resultados de este cálculo «confirman que la economía canaria se encuentra entre las regiones con mayor peso de la economía sumergida y que las razones, entre otras, se deben a una tasa de paro elevada, PIB per cápita reducido, presión fiscal más reducida, elevada tasa de riesgo de pobreza y gran peso de los afiliados en el sector primario, construcción y hostelería respecto al total».

Además, en Canarias no existen unidades especializadas en sentido estricto en materia de lucha contra el fraude, sino unidades de economía irregular y empleo sumergido (direcciones provinciales de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas). Por ello, y «aunque no es una cifra precisa del empleo no declarado en Canarias», de la diferencia entre las afiliaciones a la Seguridad Social (que es un registro administrativo) y el número total de ocupados según la Encuesta de Población Activa (que es una cifra representativa a nivel de Comunidad Autónoma) se puede decir que, «en 2019, había 96.990 empleos no declarados y, en 2022, esta cifra asciende a 182.640».

En 2019 había 96.990 empleos no declarados y en 2022 se detectaron un total de 182.640

La información más relevante facilitada por la Dirección Territorial de la ITSS en Canarias permite saber «basándonos en el porcentaje de irregularidades detectadas en materia de economía irregular por sectores de actividad, se puede concluir que, en 2021, los mayores niveles de economía irregular están en la hostelería (32,3%), la agricultura (28,4%), el resto de los servicios (26,5%), la construcción (25,9%) y las empleadas de hogar (21,1%)», certifica el informe.

Por último, destaca que las 138.566 actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social entre 2015 y 2021 afloraron 33.842 empleos, lo que supone 24.364 altas en la Seguridad Social.

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