La Inspección de Trabajo se refuerza para aflorar 200 empleos sumergidos en las tres próximas semanas
Arranca un plan especial de auditorías con el que se pretende visitar 1.000 empresas esta semana, la mayoría restaurantes y comercios
Un total de 23 funcionarios de otras provincias se unen a los 119 isleños para destapar asalariados en 'b'
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Canarias se refuerza con caracter temporal. Un total de 23 inspectores de diferentes provincias del país se trasladan al Archipiélago con el objetivo de aflorar 200 empleos sumergidos en las próximas tres semanas. Durante la presentación de la campaña, que tuvo lugar ayer en la capital grancanaria, el director territorial del organismo auditor, Francisco Guindín, explicó que los funcionarios enviados se unirán a los 119 de la autonomía para comprobar en tiempo récord que toda la plantilla está en regla en cerca de un millar de empresas, la mayoría del sector de la restauración y comercios, donde la inspección ordinaria suele localizar irregularidades con mayor frecuencia.
Cada inspector visitará 40 firmas, que han sido seleccionadas previamente por los jefes provinciales, con el fin de dejar al descubierto trabajadores no dados de alta, así como asalariados con contratos parciales que realizan la jornada completa, empleados que cobran el sueldo y la prestación por desempleo a la vez o extranjeros sin permiso de trabajo, expuso el director territorial.
Ayer se dio el pistoletazo de salida a esta operación en el marco de un plan especial de actuación, acordado entre el Gobierno regional y el Estado, que permanecerá activo hasta el tres de diciembre. ¿Cómo se procede? Por sorpresa, ya que las empresas no recibirán notificación previa de la asistencia de los inspectores, que podrán tocar a la puerta en horario de tarde, por la noche e, incluso, en días festivos.
Esta primera semana se llevarán a cabo los registros a pie de local. La siguiente, las firmas infractoras junto a sus abogados tendrán que aportar a la Inspección los documentos necesarios para subsanar la irregularidad o demostrar la falsedad de las acusaciones. Por último, a finales de noviembre, los funcionarios decidirán si se levanta la sanción o se tramita oficialmente.
Hasta 12.000 euros
¿Cuál es el importe de cada gravamen? Por cada trabajador no registrado ronda los 1.750 euros, pero la cifra se eleva a 12.000 en caso de contar con plantilla en ‘b’, con personal que cobra la nómina y el paro o con un foráneo sin autorización laboral. En caso de reincidencia, las cuantías aumentan.
La consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León, que también acudió al acto ayer, detalló que se han creado cuatro grupos de trabajo. Para atender a Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro habrá uno con sede en la capital tinerfeña. La provincia oriental tendrá uno por isla, tres en total. «El objetivo es aflorar el empleo no reconocido, que es el más precario, además de regularizar la situación de falsos autónomos y mejorar la calidad de los puestos de trabajo», subrayó la consejera.
En lo que va de año la Inspección de Trabajo ha conseguido regularizar 3.500 puestos de trabajo ‘en negro’ aproximadamente. Gran parte –1.000– eran contratos con jornadas declaradas inferiores a las realmente realizadas. En total, en los últimos cinco años, se han detectado cerca de 20.000 empleos en negro.
Guindín recordó también que los asalariados que sufren la precariedad pueden denunciar su caso de forma anónima a través del buzón contra el fraude que la Inspección de Trabajo tiene habilitado en su web. Una vez recibido el mensaje, esta envía a un funcionario a la empresa para poner en marcha una auditoría. «Para tranquilizar a los que deciden dar el paso, quiero recalcar que nunca se dice quién denuncia ni tan siquiera si el origen de la visita es ese», enfatizó el director territorial.
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