La incertidumbre política retrasa la llegada de la eólica marina a las Islas

El parón de la actividad política por la convocatoria de elecciones generales provocará una nueva demora en el despliegue de la eólica marina en España. Canarias, y en concreto el área situada al sureste de Gran Canaria, es el marco previsto para poner en liza los primeros megavatios. La agenda confeccionada por el Ministerio para la Transición Ecológica situaba la publicación de ese proceso de concurrencia para antes del final de este año, un compromiso que el sector ve imposible de cumplir tras el adelantamiento de las elecciones generales.

Ni siquiera en el caso de que la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, continúe el frente del ministerio. La actividad legislativa es nula y eso impide perfilar el marco normativo que sostenga la colocación de los primeros parques. Tampoco ninguna encuesta da una victoria lo suficientemente clara como para obviar el tiempo que llevará construir nuevas mayorías parlamentarias que permitan aprobar nuevas normas.

En el caso contrario, esto es, si el Ejecutivo cambia de color, aparte del proceso de negociación para garantizarse los apoyos durante los próximos cuatro años, las intenciones del PP con respecto al despliegue de la tecnología eólica marina en España no se conocen de manera explícita. En las 112 páginas de que consta su programa electoral, los populares declaran en varias ocasiones su apuesta por las energías renovables, pero solo en el caso del hidrógeno se acercan a un plano algo más concreto.

Al inicio de este año, Madrid aprobó las áreas del litoral en las que pueden instalarse parques

Sin entrar en cuestiones que alargarían mucho más el proceso –o lo enviarían a la papelera– como las contrapartidas a solicitar por Vox, que niega la urgencia con que debe abordarse el cambio climático, para dar su apoyo en una hipotética investidura a Alberto Núñez Feijóo, lo cierto es que el tiempo está agotado para la aprobación de una ley que dé seguridad jurídica a los posibles inversores.

El pasado mes de mayo, el profesor ayudante doctor en Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga, Alejandro Leiva, publicó un artículo en la Revista Aragonesa de Administración Pública bajo el título Marco Normativo sobre los Parques Eólicos Marinos en España. «Sería aconsejable una nueva norma antes de que finalice el primer semestre de 2023, para que quede garantizada la finalización de los proyectos en la fecha estimada de 2029-2030», expuso.

Comenzando por Canarias, la intención declarada por la ministra Ribera es la de llegar a 2030 con hasta 3 gigavatios de potencia eólica off shore ya integrados en el sistema eléctrico. Al inicio de este mismo año se aprobaron los planes de ordenación del espacio marítimo (POEM), uno de los puntos más sensibles del proceso y que ha tenido no poca contestación desde diferentes colectivos.

El sector estima que el conflicto con los pescadores puede reconducirse a través del diálogo

Hace menos de tres meses, el Tribunal Supremo (TS) admitió el contencioso-administrativo que la Plataforma en Defensa de la Pesca y de los Ecosistemas Marinos interpuso contra el real decreto por el que se aprobaron los POEM. También en el Archipiélago se han escuchado voces contrarias a la instalación de aerogeneradores en el mar. Sobre todo en Lanzarote y Fuerteventura, donde las áreas incluidas en los POEM están muy cerca de la costa.

El anterior consejero regional José Antonio Valbuena explicó que es Gran Canaria el único lugar en el que está contemplada la aprobación de proyectos –hay 24 candidatos– de eólica marina. La entrada en funcionamiento de Salto de Chira permitirá almacenar los excedentes energéticos generados por las máquinas que se colocarán en el océano.

En opinión de Raúl Macías, presidente de la Asociación Eólica Canaria (Aeolican), los retrasos se sitúan en el ámbito político. «Los conflictos con los pescadores son solventables», señala. Como prueba de ello, recuerda que la intención de Madrid era sacar adelante los POEM en un año y, finalmente, la negociación ha durado tres. Además, explica Macías, «si se hubiese considerado un cuello de botella, no se habrían aprobado».

Coincide el presidente de la Asociación Canaria de Energías Renovables (ACER), Enrique Rodríguez de Azero, en que la actividad pesquera no será un impedimento en las Islas para la implantación de parques eólicos en el mar. «En Canarias no hay pesca de arrastre», argumenta. La negociación para la determinación de los mejores lugares en los que ubicar los proyectos se da por salvable.

Desde 2007

Ya en 2007 un real decreto –del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero– contemplaba «el procedimiento administrativo para la tramitación de las solicitudes de autorización de instalaciones de generación eléctrica en el mar territorial». En realidad un brindis al sol porque entonces se atisbaba la importancia que podría adquirir esta tecnología, pero se desconocía el camino que tomaría para ganar en eficiencia.

Por ejemplo, no cubría la modalidad flotante, que es la que se desplegará en las Islas por la profundidad de sus fondos marinos. En junio de 2021 se desechó aquella norma que había quedado obsoleta y se anunció «la aprobación por el Gobierno de un nuevo marco normativo». Es este el que no va a llegar a tiempo para sostener la primera subasta de potencia eólica marina antes de fin de año.

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