Bruselas repite el 'rodillo': traza el veto al arrastre sin evaluar su impacto económico

El Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) quedó forjado a través del reglamento comunitario 2021/1139. Su desarrollo está entrelazado con la Política Pesquera Común (PPC), que es la que fija los “objetivos medioambientales, económicos, sociales y de empleo”. Su artículo 20, literalmente, reza así: “Se debe garantizar que las actividades pesqueras sean sostenibles [...] con miras a obtener beneficios económicos, sociales y de empleo, contribuir a la disponibilidad de suministro de alimentos sanos y contribuir a un nivel de vida justo para quienes dependen de las actividades pesqueras, teniendo en cuenta la pesca costera y los aspectos socioeconómicos”. Porque son tres patas las que sostienen, así, cualquier acción ejecutiva de la Comisión Europea en materia de pesca: la medioambiental, la social y la económica, y bajo el principio de precaución. Ahora bien, las dos últimas iniciativas de calado lanzadas desde el departamento que dirige Virginijus Sinkevicius solo tienen una, la del medio ambiente. El reglamento de ejecución con el que prohibió la pesca de fondo en 87 zonas de aguas comunitarias se ejecutó sin ningún informe de impacto socioeconómico, como advirtió Faro de Vigo, del grupo Prensa Ibérica. Y el Plan de Acción, con el que prevé vetar el arrastre en el 30% de aguas europeas, tampoco lo tiene. La Comisión de Pesca no ha evaluado sus consecuencias antes de presentarlo.

Lo acaba de censurar el Senado de Francia, en una durísima resolución contra una iniciativa que dinamitará, según los cálculos de la European Bottom Fisheries Alliance (EBFA), la viabilidad de 7.000 embarcaciones. La declaración formal, firmada por el máximo responsable de la Cámara, Gérard Larcher, “lamenta profundamente que la publicación del plan de acción de la Comisión no haya ido acompañada de ninguna consulta previa o estudio de impacto que permita evaluar su impacto exacto”. De hecho, el Plan de Acción sí hace referencia a la necesidad de medir los costes y beneficios del veto al arrastre, pero ya con el documento escrito y enviado al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo, los Estados miembro o al sector. “La Comisión empezará a desarrollar, a más tardar para finales de 2023, una herramienta [para] evaluar y cuantificar tanto el valor económico de los servicios de los ecosistemas marinos como los costes y los beneficios socioeconómicos derivados de la preservación de la salud del medio marino”.

De ahí que el Senado galo haya encendido todas las alarmas, pese a que el Plan de Acción no es, de momento, vinculante. “Observa que, si bien no es jurídicamente vinculante en esta etapa, no hay garantía de que lo siga siendo, ya que durante la primera mitad de 2024, como parte del progreso de la revisión intermedia de la estrategia de biodiversidad, la Comisión tiene la intención de examinar si se necesitan nuevas medidas o legislación para mejorar su aplicación”. Los precedentes no son buenos, porque en el reglamento contra la pesca de fondo –entró en vigor el pasado 9 de octubre y ha despeñado las capturas de la flota gallega a mínimos históricos– los científicos del ICES (International Council for the Exploration of the Sea, CIEM en castellano) reconocieron que estaban a ciegas en cuanto al impacto socioeconómico. “Es difícil determinar una preferencia [sobre los VME, siglas en inglés de ecosistemas marinos vulnerables], ya que se desconocen los impactos socioeconómicos. Algunas pesquerías van a algunos lugares de forma regular, y pueden ser importantes para ellos, aunque el esfuerzo no es muy alto”.

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