Las inmobiliarias afirman que la ley de Vivienda pone en jaque la oferta del alquiler

Los expertos en el sector inmobiliario coinciden en que la ley de la Vivienda que está previsto que apruebe el Congreso de los Diputados el próximo jueves provocará un efecto inverso al que persigue al ahuyentar la inversión. La Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politécnica y las inmobiliarias valencianas alertan de que medidas como limitar el precio del alquiler provocarán una reducción de la oferta disponible en el mercado como ya ha ocurrido en Cataluña o en ciudades como París y Berlín que toparon las rentas. Los especialistas aseguran que la solución a largo plazo pasa por la construcción de vivienda de alquiler protegida mediante la colaboración público-privada. Una opción es que se construya vivienda en suelo público con promoción privada a través de concesiones como se hace con algunos garajes (el promotor explota el alquiler a un precio regulado durante un número de años y después los inmuebles pasan a la Administración).

Novedades

Las principales novedades de la ley del alquiler son que desvincula las futuras subidas del IPC (a través de un nuevo índice que estará por debajo de los incrementos de la inflación); fija un tope en las zonas tensionadas (en las que están un 74 % de los hogares de la provincia de Valencia) para los nuevos contratos; y establece nuevas medidas de protección frente a los desahucios. De forma paralela, el Gobierno ha anunciado la salida al mercado del alquiler de viviendas en manos de Sareb (la sociedad de gestión de activos inmobiliarios procedentes del estallido de la burbuja inmobiliaria).

El precio medio de una vivienda de 70 metros cuadrados en Valencia ya ha alcanzado los 1.500 euros. Fernando Cos-Gayón, director de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la UPV, admite que el coste del alquiler es una salvajada, pero duda de la efectividad de las medidas adoptadas para frenar la escalada. Cos-Gayón insiste en que el tope a los precios del alquiler "no ha funcionado en ningún sitio. Es una barbaridad. Con esta medida no se consigue. Han dado por perdida la lucha por rebajar los alquileres".

Fernando Cos-Gayón cree que la solución pasa por fomentar la vivienda protegida en suelo público mediante la colaboración público-privada. Vicente Díez, portavoz del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Valencia, coincide con Cos-Gayón en que es necesario incrementar el parque de vivienda de alquiler protegida. "A corto plazo no hay solución. Nosotros creemos que la incorporación al mercado de las viviendas de alquiler de los inmuebles de Sareb algo hará, pero poco. Es necesario facilitar suelo para que se construyan viviendas de alquiler", destaca Díez.

El portavoz de los API incide en que en el área metropolitana de València se puede generar oferta de inmuebles de alquiler. "Partimos de un parque muy bajo. Una opción es construir edificios de alquiler en suelo público mediante concesiones. Es factible conceder una concesión a un promotor por equis años como ocurre con algunos aparcamientos. Ahí sí se puede fijar un precio máximo que sea asequible. Al final se trata de incrementar el stock de pisos de alquiler", destaca Díez.

Inseguridad

Nora García, presidenta de la Asociación de Empresas Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval), subraya que la ley de la Vivienda desincentiva la inversión. "El 70 % de nuestros clientes son pequeños ahorradores que tienen un piso o dos en alquiler. Son pisos que han heredado de sus padres o han comprado con esfuerzo y utilizan las rentas como complemento de su pensión. Este tipo de medidas fomenta que pongan los inmuebles en venta, ya que generan inseguridad", asegura García.

Las grandes empresas turísticas españolas llevan meses metiendo presión al Gobierno para activar una regulación real contra la proliferación de la oferta de pisos turísticos ilegales. En sucesivos contactos con el Ejecutivo han venido reclamando una legislación estatal que sirva para hacer cumplir las normativas de comunidades autónomas y ayuntamientos que de facto no se cumplen para poner coto al nuevo boom de viviendas de uso turístico (VUT) que se arriendan por días. Las empresas alertan del trasvase masivo de pisos de alquiler tradicional a plataformas turísticas como Airbnb.

Exceltur, el lobby que agrupa a una treintena de las mayores compañías del sector (entre ellas, grandes hoteleras como Meliá, NH, Riu, Iberostar o Palladium), ha estado presionando para que el Gobierno aprovechara la ley de Vivienda para frenar la proliferación de oferta ilegal. Ahora no oculta su "decepción" y "perplejidad" por que la propuesta de normativa pactada por los socios del Ejecutivo de coalición (PSOE y Unidas Podemos) con ERC y EH Bildu no haga mención alguna al alquiler turístico, y alerta de las consecuencias de que el texto salga así adelante.

"Es imprescindible que en la futura ley de Vivienda no queden exentas las viviendas de uso turístico. Si no, se pervertirá el espíritu de la ley de promover el alquiler asequible", advirtió José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, en un encuentro con prensa. El lobby cree que el tope de precios en los centros de las ciudades incentivará los alquileres turísticos.

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