Dos acusados en el 'caso Arbistar' admitieron que hubo desfase en la contabilidad

Diego Felipe y Víctor Alexandre niegan que obtuvieran beneficios ilícitos de su trabajo en la firma

Santiago Fuentes Jover

Santiago Fuentes Jover / E.D.

Dos de los implicados en el caso de supuesta estafa con criptomonedas gestada desde Tenerife en el año 2020 a través de la empresa Arbistar 2.0 declararon ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que en la contabilidad de la citada mercantil hubo un desfase del 23 por ciento, pero que no saben a qué se debió ese problema, y coincidieron en que ellos no obtuvieron beneficios de forma ilícita con la actividad llevada a cabo por dicha sociedad, según recuerda la abogada grancanaria Conchi Viera, que representa a un grupo de afectados.

Así lo expusieron Diego Felipe y Víktor Alexandre, quienes no fueron localizados en Tenerife por los investigadores de la Policía Nacional y la Guardia Civil en octubre de 2020, cuando se produjo el arresto de Santiago Fuentes Jover, supuesto líder de la trama, por los delitos de estafa agravada, pertenencia a organización criminal y delito continuado de falsificación en documento mercantil.

Presentación

Después de que se dictara una orden internacional de búsqueda y detención de ambos por parte del Juzgado de Instrucción número 3 de Arona, que inició la instrucción de la referida causa, estos presuntos implicados decidieron entregarse y se presentaron ante el citado órgano de la Audiencia Nacional con sus respectivos abogados y procuradores a finales del año 2021. Prestaron declaración, pero solamente respondieron a las preguntas de sus respectivos letrados y no a las cuestiones de otros abogados de las acusaciones ni del magistrado.

Uno de estos acusados aseguró que, a través de una empresa externa, ejercía como informático en Arbistar, aunque esta sociedad no tenía soporte técnico propio para desarrollar esa función, indicó Viera. El otro señaló que se ocupaba de realizar las gestiones del día a día de la firma, mientras que el supuesto líder visible de la entidad, Fuentes Jover, se centraba en la comercialización de los productos, a través de vídeos en YouTube, por ejemplo.

No hubo apenas operaciones

En el informe pericial encargado por el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional se determina que no hubo operaciones de compra-venta de criptomonedas suficientes que justificaran la actividad desarrollada por Arbistar 2.0 y la publicidad que se hacía para captar inversores.

Cabe recordar que el negocio ofrecido por la empresa liderada por Fuentes Jover consistía en unos supuestos algoritmos (bot) con los que se detectaba la compra de criptomonedas a bajo precio y su venta a uno mayor. Y en la diferencia de esas operaciones se hallaba supuestamente el beneficio de los clientes. Sin embargo, los peritos no detectaron tales movimientos. Estos productos ofrecidos por Arbistar 2.0 eran conocidos como Community Bot, Personal Pro (el mismo sistema pero para uso individual, así como el llamado Club del Millón, para los que hubieran obtenido unas ganancias muy importantes.

Según Conchi Viera, los investigadores tampoco han encontrado hasta ahora el servidor en el que estaban ubicados esos bots, tras analizar los dispositivos electrónicos de las diferentes personas investigadas.

Para la citada letrada grancanaria, esta circunstancia refuerza la hipótesis de que la firma Arbistar 2.0 se utilizó presuntamente para perpetrar una estafa a través del llamado sistema piramidal, en el que ganan dinero los primeros que invierten, gracias a las aportaciones de los que llegan después. Sin embargo, llega un momento en que el modelo se derrumba, entre otras cosas porque no existe una actividad económica real que ayude a mantenerlo.

En sus respectivas citaciones, tanto Santiago Fuentes como su pareja sentimental y la hija del primero declinaron declarar en sede judicial, apuntó la abogada.

A los investigadores sí les llama la atención el hecho de que algunas personas, que no tienen trabajo, ni empresas, ni cualquier otra actividad económica, dispongan de wallets (billeteras en internet) por las que pasan importantes sumas de dinero en bitcoins. Y estas cantidades circulan de un depósito a otro hasta desaparecer. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, ya ha prorrogado por seis meses la instrucción de la pieza separada que hace referencia al blanqueo de capitales, con el objetivo de encontrar más pistas o pruebas de todo el recorrido del dinero, desde que fue entregado por los clientes presuntamente estafados hasta la actualidad.

El objetivo de seguir con la llamada trazabilidad de los citados recursos económicos es saber cuál fue su destino y, si fuera posible, poder recuperarlos para compensar a los afectados por este asunto.